Electrochoque entre Gobierno y alcaldes: crece tensión por pistola “taser” para guardias municipales

En pleno inicio del año electoral y con la seguridad pública como prioridad para los chilenos –según encuestas–, sigue sin haber consenso entre Gobierno y alcaldes sobre las atribuciones de las que deberían disponer funcionarios municipales encargados de desempeñar esta labor, ante el innegable recrudecimiento de acciones delictivas.

Como se ha recalcado a través de este medio, hay consenso –con matices desde la oposición– en que el crimen organizado y su crudo accionar no surgieron con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero todo indica que será una problemática heredada no solo por la próxima administración, sino también por la futura composición del Congreso. Según expertos –con el impulso de la derecha, de acuerdo con analistas–, la seguridad pública se perfila como el eje principal de la campaña presidencial y parlamentaria de este año.

Hasta ahora, el Ejecutivo mantiene una postura reticente respecto del uso de armas no letales por parte de los municipales, enfocándose en el proyecto de ley que regula su uso por parte de Carabineros. Sin embargo, jefes comunales de norte a sur y de derecha a izquierda insisten en que se trata de una situación urgente y continúan presionando, pues consideran que la labor de sus inspectores está limitada y los expone a riesgos, especialmente ante el uso de armas de grueso calibre por parte de organizaciones criminales.

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El debate gira en torno al proyecto de ley sobre el fortalecimiento del rol preventivo de los gobiernos locales en seguridad. La iniciativa, actualmente en trámite en el Senado, contempla entre sus principales puntos que los inspectores municipales puedan ser contratados bajo el Código del Trabajo, el uso de sistemas de registro audiovisual durante el ejercicio de sus funciones y la dotación de elementos defensivos, como cascos, chalecos antibalas y esposas.

Pero eso no es todo. La principal discusión que ha enfrentado al Gobierno con autoridades locales es respecto del uso de pistolas taser –arma de electrochoque para incapacitar a una persona– por parte de los inspectores municipales. Al respecto, el Ejecutivo ha sido enfático en su propuesta que establece que el rol de los guardias municipales debe ser meramente preventivo y no policial.

Así lo ha manifestado la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien ha afirmado que para cualquier discusión sobre las herramientas, lo primero es sacar adelante el mencionado proyecto de ley. “Sin que salga, es imposible ponerse a pensar en los instrumentos”, planteó la exalcaldesa de Peñalolén a inicios de febrero en una entrevista radial. Eso sí, Leitao reconoció que hoy día los funcionarios municipales cuentan con “una tremenda desprotección, al momento que este rol no está 100% reconocido”.

¿Cuán capacitados estamos para aplicar esta medida?

Coincide en el punto del Ejecutivo el experto en crimen organizado y autor del libro Un virus entre sombras: la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, Pablo Zeballos. En declaraciones a El Mostrador, el también consultor internacional remarca que, ante las diferentes escalas de la crisis de seguridad que vive el país, “suena súper atractiva la posibilidad de que los inspectores municipales puedan utilizar algún tipo de armas no letales para su labor”.

Sin embargo, según Zeballos, esta es una decisión sumamente compleja que implica analizar diversos aspectos, como el marco normativo que regula el uso de estas armas. Por ejemplo, menciona la capacitación que recibirá el personal de seguridad municipal, así como la interpretación que harán los tribunales en caso de que el uso de estas armas cause lesiones a las personas sometidas.

“Más allá de lo lógico que pueda parecer para la opinión pública escuchar estas ideas, que son bastante transversales, la cuestión es cuán capacitados estamos en materia regulatoria para aplicar este tipo de medida”, comenta el exoficial de Carabineros Pablo Zeballos.

Los jefes comunales que solicitan agilizar la legislación son conscientes de ello. No obstante, en La Araucanía, por ejemplo, el alcalde de Temuco plantea que, una vez que esté listo el protocolo de uso para Carabineros, se implemente a la brevedad en la sureña capital regional por iniciativa del municipio.

Alcaldes de norte a sur y de izquierda a derecha

En primera línea de los reproches se encuentra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (exmilitante de la DC), quien ha insistido en la rápida incorporación de las pistolas taser en la labor de Carabineros. Según ha informado el Gobierno, su implementación está prevista para marzo. A partir de esto, los alcaldes han presionado para que la medida también se aplique a los funcionarios municipales.

Y es que los emplazamientos del gobernador Orrego fueron contestados –hace un mes– por el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, quien declaró a la prensa que el país no tiene los fondos suficientes para implementar dicha medida en todas las comunas. En línea con el planteamiento de la subsecretaria Leitao, Durán dijo que “los guardias municipales ni siquiera hoy están reconocidos por ley, entonces hay que ser responsables, ya que estamos a la espera de que se apruebe el proyecto que establece un sistema de seguridad municipal”.

El cuestionamiento del delegado es clave. En dicha ocasión, dijo: “¿Para qué vamos a discutir una cosa que puede terminar usándose en tres comunas del país, mientras que en el resto de ellas no se tendrá ninguna posibilidad de aplicarla?”. Pero lo cierto es que la petición es mucho más numerosa.

Efectivamente, el reclamo se intensificó con tres alcaldes de la Región Metropolitana, quienes llegaron el 14 de enero a La Moneda para entregar una carta al Presidente Boric en busca de implementar el uso de armas no letales para los guardias municipales. Ese mismo día, la iniciativa fue respaldada por otros dos jefes comunales, y casi al unísono la petición se extendió a las regiones.

La solicitud fue firmada por los alcaldes –todos cercanos al oficialismo– de San Joaquín, Cristóbal Labra (Independiente); de La Cisterna, Joel Olmos (Acción Humanista); de Puente Alto, Matías Toledo (Independiente); de San Bernardo, Christopher White (PS); y de Cerro Navia, Mauro Tamayo (Independiente).

El reclamo –como se señaló– no tardó en expandirse a regiones y la última intervención desde la Región Metropolitana la hizo el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, apoyado por Evelyn Matthei y Chile Vamos, quien abordó el tema en CNN Chile. El jefe comunal reiteró que los fiscalizadores de seguridad de la comuna no tienen herramientas adecuadas para su defensa personal, pero fue un paso más allá y sacó un cuchillo carnicero para referirse a un incidente reciente ocurrido en la comuna.

Desde la región capitalina se han sumado al llamado los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes (RN); de San Miguel, Carol Bown (UDI); de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN); y de La Florida, Daniel Reyes (Independiente y sucesor de Rodolfo Carter).

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Temuco quiere dar el primer paso

Al llamado en regiones se sumó recientemente el alcalde de Temuco, Roberto Neira (exmilitante PPD), quien anunció que están estudiando seriamente la posibilidad de que los inspectores municipales utilicen el dispositivo taser apenas esté listo el protocolo de uso que ya trabaja Carabineros.

El municipio de la capital de La Araucanía está a la espera de dicho protocolo policial –principalmente sobre el voltaje de los taser–, pero también de una consulta ciudadana –misma iniciativa que inició la comuna de La Reina–. Desde el municipio temuquense revelan a este medio que, además, durante marzo, sostendrán una reunión con los alcaldes de Santiago para abordar y agilizar el tema.

“Creo que todo uso de tecnología debidamente utilizada, con entrenamiento y bajos ciertos parámetros, es necesario tenerla en cuenta”, precisó el alcalde Neira.

Previamente, desde el sur, se habían sumado al llamado los alcaldes de Mulchén, José Miguel Muñoz (apoyado por el Partido Republicano), y de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN).

El emplazamiento también se extiende hacia el norte de la Región Metropolitana. Según informó recientemente el newsletter Aquí Coquimbo de El Mostrador, el pedido para la utilización de armas no letales en municipios es esgrimido tanto por el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri (Independiente), como por la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena (RN).

De acuerdo con lo informado por este medio, un poco más ambiguo fue el alcalde de Ovalle (Independiente, cercano a Chile Vamos), Héctor Vega, quien dijo que este tipo de ideas debe ser analizada rigurosamente. Y en esa misma línea se manifestó la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea (PS), quien expresó que es una medida que debe evaluar el Gobierno con los estudios correspondientes.

Otras técnicas

El experto Pablo Zeballos enfatiza la importancia de no olvidar la discusión, que lleva años entrampada, sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) tanto para las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones como para las fuerzas militares cuando desempeñan tareas no tradicionales, como el resguardo de la seguridad ciudadana.

“Creo que las pistolas taser son una alternativa que debe ser utilizada exclusivamente por las fuerzas policiales. Para los inspectores municipales o quienes cumplan estas funciones en las municipalidades, quizá existan otras técnicas que van más por la coordinación o algún otro tipo de elementos que permitan una respuesta que va más allá de la confrontación”, sostiene.

A su juicio, en línea con parlamentarios oficialistas de las comisiones que abordan el tema, el primer paso es avanzar y definir con claridad las funciones de la policía uniformada en relación con estas armas no letales, para luego evaluar su implementación en otros órganos que, de alguna forma, cumplen funciones de seguridad ciudadana, como los inspectores municipales.