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Crédito: Agencia Uno
La historia sin fin de Dominga: “inédita e ilegal” actuación del tribunal acusan organizaciones
“Estamos viendo cómo el Tribunal Ambiental se arroga atribuciones que no tiene”, señalaron desde la ONG Alianza Humboldt. Mientras desde Andes Iron criticaron el “actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros”. El ministro Grau aseguró que lo que “hay que hacer es cumplir ese fallo”.
El fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), que ordena al Comité de Ministros repetir su votación sobre el proyecto minero-portuario Dominga, ha desatado fuertes reacciones de organizaciones ambientales y gremios locales, quienes calificaron la resolución como “inédita” e “ilegal”.
El abogado Marcos Emilfork, coordinador jurídico de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, criticó duramente la resolución: “El Primer Tribunal Ambiental intenta algo que tiene estrictamente prohibido: determinar la decisión de la autoridad, en este caso el Comité de Ministros. El Tribunal no puede sustituir la evaluación técnica que cuestiona la viabilidad del proyecto, pues esa decisión es competencia exclusiva de la autoridad administrativa”. Además, advirtió sobre una posible acción legal: “Ante este exceso en sus atribuciones, buscaremos que se rectifique esta falta grave mediante los recursos legales disponibles”, indicó Emilfork.
En la misma línea, la abogada Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y representante de comunidades locales opositoras a Dominga, acusó al tribunal de violar la institucionalidad ambiental: “Estamos presenciando un acto inédito: el Tribunal Ambiental se arroga atribuciones que no tiene, ordenando aprobar Dominga por vías inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico. Esto es gravísimo, pues atenta contra el Estado de Derecho”. Donoso anunció que recurrirán a la Corte Suprema: “Presentaremos un recurso de queja para que se enmiende esta situación y se ordene al tribunal ajustarse a la ley. Es necesario cuestionar las motivaciones detrás de esta acción”.
Por su parte, Oceana, organización de conservación marina, acusó al tribunal de favorecer sistemáticamente a Andes Iron, titular del proyecto: “Desde el inicio hemos visto cómo este tribunal ha hecho todo lo posible para que Dominga sea aprobado, excediendo sus competencias y dejando de lado su mandato de resguardo ambiental”, sostuvo Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile.
Estas reacciones surgen luego de que el Primer Tribunal Ambiental acogiera una alegación presentada por Andes Iron, en la que acusaban que el Comité de Ministros, en su votación del 8 de enero pasado, no cumplió con el fallo anterior del tribunal. En esa sesión, el comité rechazó de forma unánime el proyecto, argumentando impactos ambientales en la flora endémica y deficiencias en los planes de emergencia frente a derrames de hidrocarburos.
Gobierno: “Cumpliremos el fallo, pero revisaremos sus implicancias”
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, abordó la resolución en entrevista con radio Pauta, aclarando que el Gobierno actuará conforme a la ley, pero tras un análisis jurídico detallado: “Nuestros equipos deben analizar el fallo. Es muy reciente, y aún no tengo el informe completo de nuestros abogados. Una vez que lo tengamos, lo que corresponde es cumplirlo”.
Grau subrayó que cualquier decisión debe basarse en antecedentes técnicos: “Uno tiene que mirar los antecedentes técnicos y, sobre esa base, tomar la decisión. Entiendo que el fallo es crítico hacia la decisión del Comité de Ministros, pero prefiero esperar el análisis jurídico antes de emitir una opinión”.
El ministro reconoció la complejidad de la situación: “Estamos ante una disyuntiva: por un lado, debemos dar cumplimiento al fallo, y por otro, cumplir con nuestros deberes en el comité, que incluyen velar por la protección ambiental”.
Consultado sobre su participación en la nueva votación del Comité de Ministros, Grau respondió: “Eso es lo que hay que revisar. No corresponde que adelante una opinión personal sobre el fallo. Nuestra responsabilidad es cumplirlo y, al mismo tiempo, actuar con base en nuestro deber ambiental”.
El ministro también reiteró el compromiso del Gobierno con el Estado de Derecho: “Siempre los gobiernos deben actuar conforme a lo que dicta la justicia. No está bajo discusión”.
Andes Iron celebra el fallo
En contraste, Andes Iron, la empresa titular del proyecto, valoró la resolución del tribunal y exigió que se cumpla su instrucción. La firma, ligada a la familia Délano, acusó al Comité de Ministros de actuar de forma arbitraria: “El fallo del 1TA evidencia un actuar inédito y grave del Comité de Ministros, que se ha negado reiteradamente a acatar fallos judiciales”.
Además, Andes Iron advirtió que el tribunal podría imponer sanciones si persiste el desacato: “El 1TA incluso deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, si el Comité persiste en incumplir la sentencia”.
En su declaración, la empresa también rechazó los cuestionamientos a la resolución: “Siempre hemos tenido pronunciamientos favorables en todas las instancias técnicas y judiciales. Solicitamos poner fin al espiral interminable de trabas administrativas que desprestigian nuestra institucionalidad y postergan inversiones sostenibles claves para la Región de Coquimbo”.
Finalmente, Andes Iron anunció que retomará la tramitación de permisos sectoriales necesarios para iniciar la construcción: “Dado que la sentencia restablece el permiso ambiental (RCA), avanzaremos con el proceso de obtención de los permisos para iniciar las obras”.
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