Hacienda defiende anormales traspasos de Corfo: “No constituye una acción fuera del marco legal”

El Ministerio de Hacienda salió al paso de las críticas por los anormales traspasos de fondos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público en 2023, asegurando que la operación se realizó dentro del marco legal y que no afectó el patrimonio de la institución.

La cartera liderada por Mario Marcel explicó que los recursos provienen de excedentes generados por la explotación del litio y que las transferencias fueron ejecutadas conforme a la normativa vigente, en línea con la política fiscal del país.

Según información revelada por The Clinic, Hacienda solicitó en febrero del año pasado un traspaso de cerca de US$2.000 millones en cinco cuotas, con una modificación en octubre para adelantar uno de los pagos. En noviembre, el ministerio pidió una segunda transferencia por US$1.500 millones, lo que llevó a Corfo a advertir que esos fondos ya estaban invertidos y que su liquidación inmediata generaría pérdidas de capital. Mismo argumento que esgrimió el vicepresidenta ejetivo de la entidad, José Miguel Benavente, para abstenerse de dicha votación.

En una declaración pública, Hacienda sostuvo que estos reintegros “no constituyen una acción por fuera del marco legal, tal como se indica en el artículo 29 bis del Dectreto Ley y Nº 1.263 orgánico de la administración financiera del Estado, que indica que el Ministerio de Hacienda podrá ordenar ‘el traspaso a rentas generales de la Nación de excedentes de caja de los servicios e Instituciones, incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que no tengan aporte fiscal'”.

Asimismo, desde la cartera señalaron que los traspasos “no solo no son ‘desconocidos’: la información es pública y se puede acceder a ella a través del sitio web de la Dipres, al revisar la ejecución presupuestaria de Corfo al final de cada año”.

“En la sesión del 29 de noviembre de 2023, la directora de Presupuestos realizó una presentación en la que explicó que la decisión de solicitar a Corfo que integrara recursos al Tesoro Público se fundamenta en el Balance Estructural, exposición a la que también se hace referencia en el acta de la sesión de Corfo a la que tuvo acceso el medio”, sostuvo también la cartera.

“Cabe precisar que entre 2022 y 2023 se recaudaron $5,4 billones como consecuencia del mayor precio del litio, y el Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo integrar al Tesoro Público $3,4 billones de ese total, es decir $2 billones menos de lo que ingresó por el mineral. En síntesis, a Corfo se le solicitó reintegrar menos dinero del ‘extra’ que ingresó por los mayores ingresos del litio”, añadieron.

“La solicitud de integrar al Tesoro Público recursos provenientes de las rentas del litio se sustenta en las atribuciones generales del ministerio, además que sigue la lógica de los lineamientos de la regla de Balance Estructural que guía la política fiscal de Chile hace más de dos décadas”, cerraron.

Comisión investigadora en el Congreso

El manejo de estos recursos ha generado una fuerte reacción en el Congreso, donde sectores de la oposición han calificado la operación como una maniobra irresponsable que compromete el patrimonio del Estado. La bancada del Partido Republicano anunció la presentación de una comisión investigadora para indagar los traspasos y evaluar posibles medidas contra el ministro Mario Marcel.

El jefe de bancada, Luis Fernando Sánchez, sostuvo que esta comisión es solo el primer paso y que, de ser necesario, podrían impulsar una interpelación o una acusación constitucional contra el titular de Hacienda. Según el parlamentario, la operación representa un daño significativo a las finanzas públicas y debe ser esclarecida en su totalidad.

Desde la UDI, el secretario general Juan Antonio Coloma y el diputado Felipe Donoso también anunciaron que solicitarán la creación de otra comisión investigadora para revisar no solo los traspasos de Corfo, sino también otras decisiones del Ministerio de Hacienda, como la rebaja presupuestaria a los Gobiernos Regionales, la baja recaudación de la repatriación de capitales y el retiro de US$1.000 millones desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).