Desarticulan tráfico de municiones para el crimen organizado en Arica

Más de mil municiones compradas en forma legal, pero excediendo el máximo de unidades permitidas por el reglamento de la Ley de Control de Armas, incautó la Policía de Investigaciones de Arica, dejando al desnudo la existencia de un tráfico de balas destinado a surtir a grupos de crimen organizado, las que son adquiridas por sujetos que poseen permisos en regla y que luego las comercializan al triple de su valor.

La diligencia se realizó el jueves pasado, luego de que efectivos de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Briando) de Arica detuvieran a tres hombres, después de varias semanas de vigilancia, las que comenzaron cuando los detectives descubrieron que uno de ellos ofrecía municiones por medio de redes sociales, las cuales –según lo que la investigación ha arrojado hasta el momento– eran vendidas posteriormente a sujetos pertenecientes a bandas de crimen organizado.

La investigación detonó a fines de octubre del año pasado, luego de la detención de un sujeto que fue descubierto portando un arma, municiones y droga en pequeñas cantidades. En la revisión de su teléfono quedó claro, además, que las balas las compraba a un sujeto que las ofrecía por medio de Instagram al usuario zz_zz.ch._oo, que en su perfil se define como “positivo siempre” y “aspirante a abogado UTA”. Se trata, como estableció la PDI, de Óscar Zavala Choque, quien efectivamente cursa cuarto año de Derecho.

En su aparato la PDI encontró un diálogo entre ese detenido (Joaquín Cortés Perea) y Zavala, en el cual este le dice que “invertí todo en tiros del 9 normal y expansiva”. 

-Pucha, está difícil –fue la respuesta de Zavala.

-Cuánto –preguntó su interlocutor.

-Las del 9 unos 120. Dos por 220, sangre. Me avisas. Tengo 3 pa’ entregar al toque.

Mil balas

De acuerdo con la información recopilada por los policías, el 12 de febrero pasado Zavala recibiría un envío consistente en mil balas, todas 9 milímetros, por lo cual fue seguido hasta una empresa de transportes ubicada en el valle de Azapa, desde donde retiró una caja de cartón y regresó a su domicilio. Obviamente, como lo indican los mensajes anteriores, no era la primera vez que realizaba una compraventa del mismo tipo.

Más tarde salió de allí en auto, recogiendo a un sujeto, el que posteriormente se baja y aborda otro automóvil, conducido por un tercer desconocido. 

Finalmente, todos se estacionaron y subieron al móvil de Zavala, momento en el cual fueron detenidos, siendo identificados los otros dos como Óscar Gómez Melo y Álvaro Sepúlveda Aguirre, quien ya había sido condenado en 2021 por infracción a la Ley de Control de Armas.

Al revisar el primer vehículo, el de Zavala, la PDI encontró 50 balas 9 milímetros hollow point; es decir, con punta hueca, que se expanden al contactar el blanco, generando un daño mayor que el de las balas comunes. 

Además, en el auto se encontraron pequeñas dosis de marihuana y ketamina y también, escondida debajo del plástico que cubre la palanca de cambios, fue hallada una pistola Smith & Wesson 9 milímetros que Zavala tiene legalmente inscrita, a partir de la cual le estaba permitida la compra de municiones, aunque uno de los temas que se deberá despejar es cómo le vendían tantas, dado que el reglamento establece un máximo de 100 balas para quienes poseen armas de defensa personal. 

Cabe indicar que en el cargador de la pistola se hallaron 14 tiros, ocho de ellos hollow point.

En el segundo vehículo, en tanto, fueron hallados más de 50 gramos de clorhidrato de cocaína y un frasco de ketamina. Ante ello, fueron allanados los domicilios de los implicados. En la casa de Zavala los policías decomisaron un total de 995 tiros de calibre 9 milímetros de distintas marcas (100 de ellos hollow point), así como 22 gramos de marihuana. 

En el domicilio de Gómez, en tanto, fue encontrada una pistola Taurus 9 milímetros, con varias balas en su interior, así como 166 gramos de clorhidrato de cocaína y ocho frascos de ketamina.

En prisión

Ante ello, el juez de garantía Héctor Barraza acogió la petición del Ministerio Público en orden a dictar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los imputados, fijando un plazo de investigación de 60 días.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, luego de recibir la compra de las mil municiones, efectuada a una empresa de Santiago, Zavala se contactó por medio de Instagram con Sepúlveda, a quien le ofreció 50 balas en 170 mil pesos, que es lo que estaban transando cuando se produjo el operativo policial. Dado que el valor promedio de 50 cartuchos es del orden de los 50 mil pesos, se trata de un negocio que arroja –al menos– una ganancia del 200% (descontando la inversión inicial) y, por ende, uno de los focos de la indagatoria será ver en qué parte de la cadena se permitió que el imputado comprara 1000 balas en vez de las 100 autorizadas.

Una fuente cercana al caso indicó, además, que lo investigado hasta el momento “permite entender cómo sujetos que tienen acceso legal a la compra de municiones” abastecen al mercado negro y, especialmente, al crimen organizado.