Dueño de Clínica Sierra Bella solicitó su sobreseimiento definitivo del caso

El abogado y representante legal de Inmobiliaria San Valentino SpA, Felipe Sánchez, presentó una solicitud formal para su sobreseimiento definitivo en la causa que investiga la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago. Argumenta que, tras más de un año de investigación, se ha acreditado su inocencia y que el proceso ha estado marcado por demoras injustificadas.

En un comunicado público, Sánchez señaló que “desde el inicio de este proceso, he actuado con total transparencia y plena disposición para colaborar con la Fiscalía, entregando toda la documentación requerida y facilitando el acceso a la información necesaria para esclarecer los hechos”.

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Criticó, además, que el caso se haya extendido sin justificación, afectando su vida personal y profesional. “El proceso ha tenido un impacto devastador en lo personal, familiar y patrimonial. Las consecuencias han sido profundas, afectando no solo mi vida y la de mi familia, sino también el desarrollo normal de nuestras actividades profesionales”, afirmó.

Asimismo, destacó que “la investigación acreditó que los dineros con que se compró el recinto estaban respaldados y provenían del fruto de años de trabajo”.

Sánchez fundamentó su solicitud en que el proceso se ha prolongado debido a la tardanza en la entrega de informes clave. “Desde el inicio del proceso se acreditó mi inocencia y la inexistencia de delito. Sin embargo, el proceso se prolongó debido a la extensa espera del informe de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el cual fue remitido recién en diciembre de 2024, tras más de un año y medio de demora”.

A pesar de que la Fiscalía ya cuenta con dicho informe, el abogado criticó que “al 21 de febrero de 2025 la causa sigue abierta sin que se haya determinado su cierre”.

En su defensa, Sánchez enfatizó que no hubo ninguna concertación política en la venta del inmueble y que fueron los propios trabajadores y vecinos del sector quienes consultaron sobre su disponibilidad para un posible Cesfam.

Uno de los puntos más cuestionados en el caso ha sido la diferencia en los valores de las tasaciones del inmueble. Sobre esto, Sánchez explicó que los métodos utilizados han sido previamente aceptados en otras operaciones sin ser cuestionados. “Los tasadores involucrados habían realizado estudios anteriores utilizando los mismos métodos sin que estos fueran objeto de cuestionamiento”, sostuvo.

Enfatizó que “las tasaciones siempre se han considerado referenciales y en ningún caso vinculantes. Quienes han intentado atribuir una responsabilidad penal a los tasadores por estas diferencias están equivocados. Aceptar esa premisa supondría un nuevo escenario en el país para el rubro inmobiliario, atentando directamente contra la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos”.

Además, recordó que el propio peritaje solicitado por la Fiscalía fue objetado por contener errores metodológicos, agregando que existen al menos seis informes adicionales en la carpeta investigativa que respaldan el valor de la operación.

Sánchez finalizó su declaración haciendo un llamado a que la Fiscalía no siga extendiendo el proceso sin fundamentos. “Esperamos que no existan dilaciones en la toma de decisiones. Diferenciamos entre quienes expresaron legítimas dudas sobre el procedimiento y aquellos que intentaron instalar supuestos hechos que la investigación determinó que nunca existieron”, concluyó.

Un caso marcado por controversias

El caso Sierra Bella se remonta a enero de 2023, cuando la Municipalidad de Santiago anunció la compra del inmueble por $8.200 millones con el fin de convertirlo en la primera clínica municipal del país. Sin embargo, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago rechazó la inscripción de la propiedad, lo que llevó a la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

Actualmente, la investigación sigue en curso bajo la dirección del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien ha sido cuestionado por las demoras en este y otros casos de alto interés público.