Cordero afirma que no se puede legitimar Megatoma, pero advierte que desalojo cumplirá un estándar

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó la orden de desalojo de la megatoma de San Antonio, emitida por la Corte de Apelaciones de la Región de Valparaíso. En este marco, mencionó el trabajo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en la búsqueda de una solución para las 10 mil personas que permanecen en el predio.

“La Corte, lo que ha hecho en esos casos es que ha mandatado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, al municipio respectivo y a Carabineros para desarrollar los desalojos con ciertos estándares. Esos estándares deben garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de esos establecimientos, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores”.

Añadió que “lo segundo es que se debe hacer en un contexto que permita el traslado de esas personas a lugares de transición, y lo tercero, que el Ministerio de Vivienda les informe o les proyecte alguna alternativa para que puedan postular o acceder a una vivienda. Y esas tres exigencias la Corte las ha ido estableciendo de un modo relativamente estándar en cada caso”.

Durante una entrevista con Radio Agricultura, Cordero señaló que la solución debe considerar cuatro aspectos: la no legitimación de la toma, la protección del derecho a la vivienda, la defensa de los derechos de los propietarios y el cumplimiento de las sentencias judiciales. El subsecretario indicó que Montes ha estado trabajando en estos temas desde el inicio del caso.

Cordero explicó que la Corte ha instruido al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, al municipio correspondiente y a Carabineros para llevar a cabo los desalojos bajo ciertos estándares. Estos estándares buscan proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Asimismo, Cordero mencionó que el proceso debe facilitar el traslado de las personas a lugares de transición y que el Ministerio de Vivienda debe proporcionar información sobre alternativas de acceso a vivienda. La Corte ha establecido estas exigencias de manera estándar en cada caso.

“En general, la Corte, lo que ha hecho en esos casos es que ha mandatado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, al municipio respectivo y a Carabineros para desarrollar los desalojos con ciertos estándares. Esos estándares deben garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de esos establecimientos, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores”, aseguró Cordero a ese medio.

Y añadió que “lo segundo es que se debe hacer en un contexto que permita el traslado de esas personas a lugares de transición, y lo tercero, que el Ministerio de Vivienda les informe o les proyecte alguna alternativa para que puedan postular o acceder a una vivienda. Y esas tres exigencias la Corte las ha ido estableciendo de un modo relativamente estándar en cada caso”.

El subsecretario del Interior también destacó que la situación en San Antonio es particular debido a su tamaño. Con alrededor de 10.000 personas involucradas, el subsecretario subrayó la cantidad de fuerza pública necesaria para realizar el desalojo.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su última resolución, fijó la fecha del desalojo para el 27 de febrero, indicando que este debe llevarse a cabo de manera razonable y programada, reconociendo que no puede realizarse de inmediato.