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SEA ingresa apelación al fallo del Tribunal Ambiental que cuestionó rechazo del proyecto Dominga
La dirección ejecutiva del SEA señala, en contravención a lo señalado por el 1TA, que el comité de ministros se ajustó plenamente a la sentencia definitiva y a fallos previos de 2021 y 2024. Además acusa una extralimitación de sus atribuciones.
La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó el recurso de apelación contra el fallo del Primer Tribunal Ambiental, que cuestionó el rechazo del proyecto minero-portuario Dominga por parte del comité de ministros, argumentando que la sentencia del tribunal fue satisfecha y que el Comité de Ministros resolvió conforme a lo dictaminado.
El pasado 18 de febrero el tribunal reconoció que el Comité cumplió parcialmente la sentencia al rechazar las reclamaciones sobre participación ciudadana y al incluir compromisos ambientales voluntarios. Sin embargo, incumplió al acoger nuevas reclamaciones de Oceana y otras agrupaciones, como la insuficiencia del plan de contingencias ante derrames y la exclusión de observaciones de Conaf sobre especies en peligro.
En su escrito, el SEA argumentó que el Comité de Ministros evaluó las deficiencias ambientales del proyecto, identificando fallas graves en su Plan de Contingencias y Emergencias, lo que representaba un riesgo para el ecosistema marino. Asimismo, se determinó la existencia de deficiencias insalvables en la evaluación ambiental, considerando la fragilidad del entorno en el que se ubica.
En esa línea el organismo enfatizó que la votación y resolución del Comité de Ministros se ajustaron plenamente a la sentencia definitiva y a fallos previos de 2021 y 2024. “El Comité de Ministros resolvió cada una de las materias que habían sido abordadas en la sentencia definitiva en estricto acuerdo a lo fallado por el tribunal a quo”, señaló el documento.
Además, el SEA criticó que el 1TA le exija realizar nuevos actos administrativos, lo que considera una extralimitación de sus atribuciones. “La dictación de una nueva resolución que ‘complemente’, y en la práctica, modifique el contenido de una decisión adoptada por un órgano colegiado como lo es el Comité de Ministros, vulnera los principios de legalidad y juridicidad“, argumentó.