Informe PDI revela irregularidades en la tasación de exclínica Sierra Bella

El informe elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI) sobre la frustrada compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago reveló una serie de irregularidades en la tasación del inmueble.

Según el diario El Mercurio, este documento, que forma parte de la investigación liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, se convierte en un insumo clave para la formalización de los imputados, entre los que figuran dueños del inmueble, tasadores y funcionarios municipales, incluyendo a la exalcaldesa Irací Hassler (PC).

Entre los hallazgos más relevantes, el informe indica que la contratación de los tasadores se realizó de manera dirigida y sin actos administrativos previos, y que los profesionales a cargo del avalúo recibieron información directamente desde la tasación privada encargada por el dueño de la exclínica, Felipe Sánchez.

Por ahora, la exalcaldesa Hassler no figura como partícipe en estos hechos, aunque las investigaciones continúan y nuevas diligencias han sido encomendadas a la PDI para establecer eventuales responsabilidades de otros funcionarios municipales, incluyendo al exjefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Luis Mayorga.

Sobreprecio y anomalías en la tasación

El informe refuerza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de un sobreprecio en la compraventa de la exclínica Sierra Bella, una conclusión que ya había sido planteada en octubre de 2023 por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Según un escrito ingresado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el precio pactado para la compra del inmueble ascendía a $8.252.873.341, cifra que, según la investigación, supera ampliamente el avalúo fiscal de los lotes involucrados, que totalizan $1.947.473.437.

Además, el informe de la PDI detalla que la contratación de los tasadores Patricio Gajardo, María José Sepúlveda y Mylena Cárcamo se realizó sin cumplir con los procedimientos administrativos habituales: “La contratación de los tasadores fue realizada de manera dirigida y sin actos administrativos previos, resolviéndose posterior a la ejecución de los servicios los tipos de contratación, los argumentos y la tramitación de los actos y procedimientos administrativos internos”, señala el documento.

Otra irregularidad detectada por la PDI es que, antes de realizar sus propios avalúos, al menos dos de las tasadoras, María José Sepúlveda y Mylena Cárcamo, ya contaban con la tasación efectuada por la empresa Esinco Ltda., contratada previamente por el vendedor Felipe Sánchez.

Aumentos presupuestarios sin justificación clara

El informe también revela que la compra de Sierra Bella estuvo precedida de varios aumentos presupuestarios, que no siempre fueron debidamente justificados.

Inicialmente, en 2022, el municipio realizó una modificación presupuestaria para la compra de un inmueble en Carmen 35. Sin embargo, este mismo aumento terminó utilizándose como base para financiar la adquisición de Sierra Bella en 2023.

Según el reporte de la PDI, estos incrementos presupuestarios no coinciden con la información contenida en correos electrónicos internos de la Dirección de Salud del municipio.

Uno de estos correos, enviado el 9 de diciembre de 2022 por la tesorera de la Dirección de Salud, advertía que el organismo solo podía financiar hasta $6.729 millones, mientras que el director del Secplan se comprometió a aportar los $2.000 millones restantes, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Descartan uso de tasadores del SII y optan por contratación directa

Otro punto crítico del informe de la PDI es la manera en que se seleccionaron los tasadores de la municipalidad.

Según la investigación, existía un convenio con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para realizar tasaciones a valor comercial y fiscal, lo que hubiera garantizado mayor objetividad y transparencia. Sin embargo, funcionarios municipales optaron por no utilizar este mecanismo y recurrieron a una contratación directa.

El informe revela que esta decisión generó reparos dentro del propio municipio. En un correo electrónico enviado el 27 de octubre de 2022 por José Osorio, jefe de compras de la Dirección de Salud, a otros funcionarios municipales, se indica que la contratación de los tasadores para la propiedad de Carmen 35 no fue aprobada por el Comité Técnico Financiero (CTF).

Según detalla el documento, los integrantes del comité cuestionaron que la contratación directa de los tasadores se justificara bajo el argumento de “costos desproporcionados” sin respaldo en un decreto formal.

“El municipio tenía convenio con el SII para realizar tasaciones a valor comercial y fiscal, por lo tanto debería usarse ese mecanismo”, concluye el informe.