
Parlamentarios con deudas impagas de TAG: montos ascienden hasta $21 millones
Se publicó una lista de parlamentarios deudores de TAG, algunos con deudas que ascienden hasta a $21 millones de pesos.
Se dieron a conocer las cuentas por uso de autopistas de todos los diputados y senadores en ejercicio consignadas en los portales de pago de estas, reflejando que 18 parlamentarios de izquierda a derecha tienen deudas por el uso de autopistas concesionadas superiores a $500 mil.
Entre ellos, destacan los diputados Boris Barrera (PC), Miguel Ángel Calisto (Demócratas) y Raúl Leiva (PS), cuyas deudas alcanzan altos montos.
Principales deudores:
-
Boris Barrera (PC): Registra una deuda vencida de casi $21 millones, acumulada desde 2018. Su deuda total asciende a $24,8 millones, con $3,8 millones aún dentro del plazo de pago hasta el 19 de marzo de 2025.
-
Miguel Ángel Calisto (Demócratas): Acumula una deuda total de más de $12 millones, de los cuales $11 millones están vencidos desde julio de 2022.
-
Raúl Leiva (PS): Hasta la segunda semana de febrero de 2025, debía $12,5 millones a distintas concesionarias. Pagando casi la totalidad de la deuda.
-
Fidel Espinoza (PS): Senador con una deuda de $2,7 millones, parte de la cual se arrastra desde 2019. Afirmó que no utiliza el TAG asociado desde hace dos años y que tomará acciones legales por su uso indebido.
-
Carolina Tello (FA): Debía $2,3 millones y declaró desconocer la deuda, atribuyéndola al uso del vehículo por un familiar. Al cierre del reportaje, le quedaban $323.000 por pagar.
-
Rubén Oyarzo (Independiente): Con una deuda de $1,1 millones, reconoció haber olvidado pagar y, tras ser contactado, canceló la mitad del monto.
De los 18 parlamentarios con deudas superiores a $500.000, 12 regularizaron sus obligaciones tras ser contactados, según consigna Ciper, algunos de forma parcial y otros en su totalidad. Algunos legisladores argumentaron desconocer las deudas, atribuyendo el uso de los vehículos a terceros o mencionaron procesos de repactación. Otros consideraron que, al tratarse de deudas personales con servicios privados, no deberían ser objeto de escrutinio público.