Corte acoge recurso de Defensoría Penal Pública por afectaciones a la salud de las internas

La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó a Gendarmería que disponga la presencia diaria y por 24 horas de personal médico y paramédico en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel. Esto tras acoger un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, en el que se denuncian graves vulneraciones al derecho a la salud de las internas, debido a las deficientes condiciones en las que se encuentra dicha unidad penal en este ámbito.

El documento, presentado por la Defensora Regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, y el Defensor Metropolitano Sur (S), Christian Basualto, constata que el CPF San Miguel no cuenta con un médico general que desempeñe funciones en dicho centro. “Si bien se recibe el apoyo del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Barros Luco, solo se estaría brindando atención médica a las internas embarazadas, por lo que las demás solo reciben atención en casos de urgencia”, indica el escrito.

“Sin lugar a dudas, la carencia de personal médico especializado, insumos, implementos y medicamentos necesarios, devienen en una falta de atención médica eficaz, segura y oportuna de las internas que se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y, consecuencialmente, un impedimento al ejercicio efectivo del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como al derecho a la protección de la salud, garantizados a todas las personas por nuestra Constitución Política en el artículo 19 números 1 y 9 respectivamente, lo que importa por parte de Gendarmería de Chile una vulneración de la seguridad individual de las internas y, por cierto, la transgresión de la normativa nacional e internacional que rige en nuestro país”, advierte la resolución de la Corte.

La Defensora Daniela Báez, valoró la resolución dela Corte de Apelaciones de San Miguel, al tiempo que aseguró que “las condiciones carcelarias en nuestro país siguen siendo deficientes, y uno de los ámbitos más complejos es el acceso a la salud, pese a diferentes amparos que han sido ganados por la defensa pública. La falta de personal de la salud en los recintos penitenciarios, la ausencia de controles ginecológicos regulares, así como la ausencia de programas de salud mental adaptados a sus necesidades, son problemas estructurales que requieren una respuesta urgente”

Falta de medicamentos

Al mismo tiempo, las mujeres privadas de libertad en el CPF reciben escasos medicamentos “y únicamente para necesidades básicas, como paracetamol, lo que significa que dependen de sus redes de apoyo para conseguir fármacos para sus tratamientos”, precisan los defensores. Ello se suma a importantes problemas de infraestructura que afectan al recinto, los que inciden en falta de higiene, filtraciones de humedad y presencia de chinches. Las deficientes condiciones en la unidad penal fueron comprobadas en un informe evacuado por el Fiscal Judicial, Jaime Salas Astrain.

Al aprobar el amparo, la Corte ordenó a Gendarmería que disponga a la brevedad la presencia “durante las 24 horas del día en el CPF San Miguel de, a lo menos, un médico y personal paramédico para la evaluación y atención de las internas”.

De la misma manera, instruye que el recinto cuente con los implementos e insumos necesarios para brindar las primeras atenciones de urgencia, así como los medicamentos prescritos en los tratamientos médicos de las mujeres privadas de libertad. El tribunal también dispuso que se adecúen los protocolos que se aplican en casos de emergencias relacionadas con la salud de las internas.