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Corte Suprema pone fecha para revisión de desafuero de Catalina Pérez PAÍS Créditos imagen: Archivo

Corte Suprema pone fecha para revisión de desafuero de Catalina Pérez

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La diputada Catalina Pérez enfrenta el desafuero solicitado por la fiscalía, que la acusa de haber dirigido la fundación beneficiada con más de $400 millones. Su defensa sostiene que no hay pruebas que la incriminen y que la resolución judicial carece de sustento.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Desarrollado por El Mostrador

La Corte Suprema fijó para el lunes 7 de abril la audiencia en que se revisará el desafuero de la diputada Catalina Pérez (Ind.-ex FA), en el marco del caso Democracia Viva. La decisión inicial fue tomada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que existían antecedentes suficientes para formar causa en su contra.

La parlamentaria por Antofagasta es acusada de haber dirigido la fundación que obtuvo un convenio por más de $400 millones a través de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada en ese entonces por su otrora jefe de gabinete, Carlos Contreras. Según el fallo que la desaforó, la diputada “participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada”, además de recomendar a su expareja, Daniel Andrade para la firma del convenio.

La carpeta investigativa del Ministerio Público incluye revisión de cuentas corrientes, informes de la PDI, declaraciones de testigos e imputados, vaciado de celulares y computadoras, así como registros de chats. No obstante, la defensa de Pérez asegura que “de todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez” y que “no hay razones para desaforar”.

En su defensa, Catalina Pérez ha insistido en su inocencia y ha criticado el desafuero, argumentando que “equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal“. Su abogado, Gonzalo Medina, sostuvo que la medida responde a una estrategia para imputarle cargos, no para investigar, pues la parlamentaria ya habría entregado todos los antecedentes.

Asimismo, la defensa criticó el procedimiento, señalando que “la resolución no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”.

El 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema escuchará los alegatos y resolverá si mantiene el desafuero. De confirmarse, la fiscalía podrá formalizar a la diputada y solicitar medidas cautelares en su contra.

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