Neftalí Carabantes sobre la reposición de la pena de muerte: “estamos frente a una pésima idea”

Taxativo es el exsubsecretario de Gobierno y de Carabineros, y actual secretario general de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, respecto de la idea expuesta por candidatos como Johannes Kaiser o José Antonio Kast, en orden a reponer la pena de muerte.

Al respecto, el académico señala que “estamos frente a una pésima idea, por una serie de razones. En primer lugar, por la creciente humanización de los métodos punitivos, que han llevado a caracterizar a la sanción penal no como la exacta reproducción de un mal, sino como la restricción de un bien; restricción que encierra un sentido correctivo y contiene una marcada orientación resocializadora”.

En segundo término, indica, “porque la pena de muerte es una sanción de naturaleza destructiva, puesto que al eliminar de modo radical e inmediato la existencia humana no permite enmienda, reeducación ni resocialización alguna del condenado. Es igualmente irreparable en cuanto su aplicación y, en el supuesto de ser injusta, impide toda posterior reparación. También es rígida, toda vez que no puede ser graduada, revisada, ni condicionada, ni dividida”.

Como tercer punto, precisa que es “absolutamente ineficaz, pues las estadísticas demuestran fehacientemente que la pena de muerte no ejerce la influencia prevista, como método disuasivo o de inhibición psicológica”, agregando que “la evidencia muestra, aunque parezca paradójico, que la ola de crímenes y delincuencia ha recrudecido en aquellos países y períodos en que con mayor profusión se aplicaron sanciones capitales. Ello conduce a la conclusión de que antes de acudir a métodos inhibitorios o represivos letales hay que acudir a métodos educacionales y programas efectivos de orientación y reinserción social”.

Populismo penal

-¿Considera que la idea de reponer la pena de muerte tiene un fin político electoral?

-Las iniciativas de este tipo no son otra cosa que desempolvar con fines electorales el añejo populismo penal; es decir, una estrategia política que utiliza al derecho penal para obtener réditos electorales, basándose en la idea de que penas más duras reducen la delincuencia, a menudo ignorando causas estructurales y consecuencias de suyo complejas.

A ese respecto, detalla que el populismo penal o punitivo “se refiere al uso que hacen ciertos líderes políticos de la retórica y las políticas de mano dura contra el delito para subir en las encuestas, ganar elecciones o concitar el apoyo popular, y con ese afán, suelen apelar a un lenguaje duro, bélico, de confrontación, con falsas promesas o eslóganes como ‘guerra total contra el delito’, ‘el delincuente bueno es el delincuente muerto’, ‘tolerancia cero’; es decir, diversas y contundentes formas verbales que en definitiva promueven la segregación total o eliminación física de quien aparece como delincuente”.

Asimismo, precisa que “los populistas punitivos piden un castigo mayor y excesivo respecto del que la doctrina, la jurisprudencia, la dogmática y la ciencia penal consideran como justo y racional. Muchas veces, el populismo penal abraza la idea de respaldar leyes que criminalicen otros tipos de comportamientos o incivilidades, con castigos más severos, con sentencias más largas, con la eliminación de las opciones de libertad condicional, con una propensión irrefrenable a la aplicación de la prisión preventiva, o también promueven la reducción de la edad de responsabilidad penal, todo, reitero, a través de un discurso populista.

-En ese sentido, entonces, ¿lo que habría de fondo sería una política de comunicación electoral de corte populista?

-Exactamente. El discurso populista punitivo utiliza la retórica a través de los medios de comunicación para dividir a la sociedad en dos grupos irreconciliables, normalmente ciudadanos y delincuentes. Esto une a los ciudadanos contra un enemigo común. Del mismo modo, el discurso punitivo populista divide a los líderes políticos en grupos binarios y de suma cero: los que son duros con la delincuencia y los que son blandos o permisivos con la delincuencia. Enmarcan a estos últimos como si se preocuparan más por los delincuentes que por la ciudadanía y, para ello, utilizan un lenguaje sencillo y emotivo para generar miedo y rabia hacia los delincuentes, sin ofrecer soluciones reales o análisis de mayor complejidad.

Es súper fácil advertir que el proselitismo del aumento de las penas, cada vez que ocurre un doloroso y deleznable hecho criminal, llámese asesinato o violación de un menor que logra capturar la indignación colectiva, pone en práctica su política de comunicación.

-¿Visualiza algún beneficio en la aplicación de la pena de muerte?

-Ninguno. Al contrario, el hecho de promover la pena de muerte colisiona frontalmente con el criterio humanista y racional con que se deben enfocar los problemas sociales de naturaleza penitenciaria y criminal en el mundo actual. A mi entender, la sociedad debe priorizar medios suficientes y generar políticas públicas en la materia, con foco, por ejemplo, en acometer con intensidad una reforma a la gobernanza penitenciaria, que impida que la cárcel siga siendo la universidad del delito y la casa matriz del crimen organizado.

Asimismo, argumentó que “es tiempo de robustecer el trabajo de Gendarmería, de clasificar adecuadamente a la población penal y de fortalecer los programas y el área de reinserción social, entre otras medidas. ¿Por qué? En razón de que en la actualidad la cárcel se muestra como lo que es: un lugar de encierro y castigo, donde la reinserción social es el problema que menos preocupa a la persona condenada. El constante estado de inseguridad de la cárcel inhibe cualquier esfuerzo de esta en aras de la resocialización”.

Sin embargo, señala que “la cárcel no puede ser un lugar deshumanizado. al contrario, el gran desafío es crear y potenciar instancias que permitan cambiar el prisma de estos hombres y mujeres que, en su gran mayoría, provienen de un contexto de alta vulnerabilidad, de ambientes disfuncionales y desestructurados, de privaciones y escasas oportunidades de proyectarse en el futuro. Por ello no visualizo ningún beneficio con la aplicación de la pena de muerte; al contrario, considero que es el mejor ejemplo de crueldad, inhumanidad y degradación hacia un ser humano”.

En el mismo sentido, detalla que “la pena de muerte en el mundo no goza de buena salud” y que “la evidencia mundial confirma que la pena de muerte en los últimos años, avanza de forma sostenida hacia su abolición. Pudiese llamar a engaño el hecho que, en el año 2024, aumentara el número de ejecuciones en los pocos países que aun la contemplan, pero cada vez son menos los países que llevan a cabo la pena de muerte como castigo. No olvidemos que, en 1977, la pena capital estaba abolida en sólo 16 países y al terminar el año 2023, se encuentra derogada en 144 países”.

-En caso de que la idea prosperara, ¿es posible reponer la pena de muerte en Chile?

Nuestro país se derogó la pena capital en el año 2001 y Chile es parte del Pacto de San José de Costa Rica, que aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que prohíbe expresamente reestablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido. En todo caso, dudo que el avance civilizatorio que significó su derogación en Chile sea revisado. Ahora bien, en el hipotético e improbable caso de que se reestableciera, nuestro Estado rompería una gloriosa tradición de honrar sus obligaciones, y pasaría a incumplir un pacto internacional, con lo cual Chile violaría importantes principios de Derecho Internacional, entre ellos, “lo pactado obliga”, o el de “intangibilidad de los tratados”, además de traer una serie negativas consecuencias, como la pérdida de confianza, el dejar de ser un socio fiable, o el aislamiento de la comunidad internacional, debido, reitero, a la violación de obligaciones acordadas internacionalmente.

A mi entender, promover la reposición de la pena de muerte con fines electorales es una forma cavernaria, irracional, e involutiva de intentar hacer frente al flagelo de la delincuencia. Además, implicaría retroceder en la protección de los derechos humanos, cuyos umbrales alcanzados son progresivos y no regresivos.