Prevención del delito y reingreso escolar: los menores de edad que delinquen no van al colegio

“Cuando los niños se encuentran fuera del sistema escolar (…) son un caldo de cultivo muy relevante para que las bandas criminales encuentren ahí ciertos espacios de seducción de estos jóvenes que finalmente no están en donde tienen que estar, que es en un colegio”. 

Esta frase de la abogada y primera Defensora de la Niñez que tuvo Chile, Patricia Muñoz, sintetiza una realidad que pocos quieren explicitar, aunque la realidad la grite a diario: el aumento de menores de edad involucrados en delitos violentos. 

El diagnóstico hecho para un artículo de El Mercurio agrega el factor socioeconómico, porque la exclusión escolar en pobreza involucra “vivir en contextos de violencia, donde de alguna forma los hechos delictuales son parte de la cotidianeidad y se instalan con cierta normalización”. Patricia Muñoz enfatizó en la “falta de Estado” en poblaciones marginales y vulnerables, donde el mundo delictual absorbe a los menores, ya que las instituciones que deben “brindar espacios a niñas, niños y adolescentes para poder desarrollarse, están alejadas de estas situaciones que la delincuencia ha instalado en los distintos barrios del país”, dijo la abogada, que es especialista en vulneración de los derechos de la infancia. 

El tema fue parte de la conmoción provocada el asesinato de Weilmer Dimitri Adrián, en su casa de Chicureo. El ciudadano francés de 52 años y su familia, en la madrugada del 28 de febrero pasado fue atacado por una banda integrada mayoritariamente por menores de edad. El crimen debería instalar la urgencia de impedir que niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables abandonen la escuela y caigan en manos del narco y la delincuencia organizada que se ha tomado los territorios. Pero tras el impacto inicial, todo vuelve al mismo estado: la inacción. 

Actuar es urgente

Paula Montes, directora de Súmate, fundación que lleva 30 años dedicada a devolverles a los niños, niñas y jóvenes más vulnerables su derecho a la educación, también escribió sobre el tema en Cooperativa.cl. 

“Toda la evidencia internacional y nacional indica que la escuela, independiente incluso de su calidad académica, es un espacio de protección, y todo gobierno democrático y civilizado debe lograr que su infancia y su juventud se desarrollen al amparo de un sistema escolar que cierre la llave del abandono y proteja a niños y jóvenes”. 

Sin ánimo de estigmatizar y sabiendo que la opinión pública tiende a criminalizar la pobreza, es evidente que los hechos delictuales violentos han ido en aumento en el último tiempo. 

Adriana Delpiano, flamante ministra de Defensa, exministra de Educación y hasta su nombramiento miembro del directorio de Fundación Súmate, sobre esta temática ese mismo día volvió a repetir una suerte de axioma ineludible que ha desarrollado a partir de la experiencia. “No todos los niños que están fuera del sistema escolar delinquen, pero casi todos los niños que participan en delitos no van a la escuela”.

¿Por qué si los expertos, los que saben, relacionan la urgencia de que todos los niños, niñas y jóvenes estén al resguardo de la escuela para prevenir el delito, no se avanza en acciones urgentes? 

Para profundizar sobre esta relación, este jueves en la mañana, Súmate convocó a autoridades, tanto de Educación como de Prevención del Delito, y a legisladores, a una de sus escuelas de reingreso. La escuela Betania, de La Granja. La fundación del Hogar de Cristo lleva años luchando porque se aprueba la modalidad educativa de reingreso, de manera que estos escasos establecimientos especializados en el tema tengan financiamiento estable y permanente. Y se creen más. Así como su versión más escalable y económica: las aulas de reingreso. 

Las cifras no mienten. Los infractores adolescentes han crecido en un 9.8% el último año y se confirma el quiebre de la tendencia a la baja de los últimos diez años. Las actuales autoridades del Ministerio de Educación no han entregado el número actual de excluidos del sistema escolar, pero sabemos el impacto que tuvo la pandemia en materia educativa, incluyendo aspectos como desescolarización, inasistencia crónica y descreimiento en padres y apoderados de la idea que la educación es una herramienta de promoción y progreso social. 

En un año en que la ciudadanía elegirá nuevas autoridades, las propuestas programáticas de los candidatos no pueden soslayar que un aspecto clave en materia de prevención del delito es mantener a los niños, niñas y jóvenes a resguardo de bandas y grupos delictuales. ¿Cómo ponerle urgencia a ese objetivo? Abordándolo, como hará Súmate en este encuentro, al que se espera asistan la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y su par de Prevención del Delito, Carolina Leitao. 

Santiago, 31.08.23. Fundación Súmate realiza desayuno con destacados invitados para presentar la labor de Súmate y solicitar la colaboración y el desarrollo de alianzas para seguir contribuyendo a que niños, niñas y jóvenes terminen sus estudios.
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¿Y la salud mental? 

Hasta el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta problemática durante la puesta en marcha del año escolar 2025. 

En Colina, comuna donde fue asesinado el ciudadano francés, comentó que post pandemia: “La tasa de estudiantes con inasistencia reiterada era excesivamente alta. Y eso, al final del día, redunda en que los estudiantes que interrumpen su trayectoria educativa son escolares que pierden oportunidades de desarrollo y de bienestar futuro”. Y concluyó diciendo que los estudiantes que abandonan el sistema educativo “potencialmente, pueden terminar en manos del crimen organizado”. “Por eso, es tan importante que todos los estudiantes tengan un lugar donde ir”. 

Y ese lugar es la escuela. 

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha señalado que “después de la pandemia, la participación de los menores de edad en determinado tipo de delitos comenzó a aumentar”. Entre los cercanos a la mayoría de edad se observa que el ilícito más común es “robo con violencia o robo con fuerza. Y por eso es tan habitual verlos participar en portonazos”, informó.

Luis Cordero también afirmó en el programa de televisión Mesa Central: “El problema no es rebajar la edad de responsabilidad penal, sino que sustraer a esos menores de edad del circuito de persecución penal, interrumpiendo sus carreras criminales”. Y da una solución: “Políticas de reinserción mucho más intensas”. 

Los expertos en seguridad saben que las bandas criminales han adoptado una estrategia que les permite operar con menos riesgo: involucrar a menores de edad en sus delitos. 

“En toda Latinoamérica, las organizaciones criminales usan niños porque la ley los protege. Si un niño es atrapado, las penas son más bajas y los plazos de investigación más cortos. No siempre forman parte de las bandas, pero los delincuentes los usan para encubrir sus crímenes”, ha señalado con toda claridad Gonzalo Muñoz, de la Fundación San Carlos del Maipo. “Si no trabajamos con las familias y con el acceso a educación, estos niños seguirán siendo carne de cañón para el crimen organizado. Hoy, más de 14 mil menores están sin cobertura en salud mental, un problema crítico que nadie está abordando”, ha dicho. 

Y su frase revela que para recibir a esos niños, niñas y jóvenes excluidos, cualquier escuela no sirve. Deben ser propuestas educativas específicas y expertas en reingreso. 

Qué propone Súmate

Santiago, 21.11.2024. Retratos Vanesa Mac Auliffe Directora de Educación Súmate.
AGENCIA BLACKOUT

El problema de la exclusión educativa estructural ha sido invisibilizado de la agenda de educación. Para abordar los efectos negativos de la pandemia en la desvinculación temprana, el ejecutivo diseñó el Plan de Reactivación Educativa, con el objetivo de impulsar una respuesta integral y estratégica a las necesidades educativas y de bienestar socioemocional de los y las estudiantes, mediante tutorías realizadas por voluntarios y gestores territoriales, y la instalación de Aulas de Reingreso.  

La estrategia gubernamental aborda adecuadamente la desvinculación temprana, indican los documentos de Súmate, “porque estos estudiantes, con una intervención leve, pueden retomar pronto a la escuela”. Sin embargo, deja fuera el perfil de niños, niñas y jóvenes que llevan más de dos años de exclusión escolar, quienes presentan características particulares que hacen más compleja su estabilidad dentro del sistema educativo. 

Esta población, en general, crece en contextos de alta adversidad, tienen acceso a menos capital cultural, convive con altos niveles de inseguridad pública y violencia, y posee bajas expectativas en lo que la educación puede entregar a su calidad de vida. Tampoco han tenido buenas experiencias en sus anteriores espacios educativos. 

De acuerdo a la psicóloga Vanessa Mac Auliffe, jefa de Estudios de Súmate, “el Estado responde a las necesidades educativas de este grupo a través de mecanismos que no están diseñados para estos fines o que no responden a un diseño de política educativa estable y efectiva”. Se trata de la modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA) y los Fondos Concursables de Reinserción Educativa.

“Pero, en la práctica y desde Súmate, que constatamos diariamente, ambos dispositivos son insuficientes para la atención de niños, niñas y jóvenes con más de dos años de desescolarización”. 

Parece de Perogrullo, que esta es una población que merece atención urgente y especializada, como las escuelas de reingreso y su versión más escalable y menos onerosa, las aulas de reingreso. Este grupo que se estima cercano a los 230 mil niños, niñas y jóvenes no puede seguir siendo desatendida, porque el riesgo es el ya estamos viendo: en lugar de ser ayudados por el Estado, los ayudará un padrino. Un padrino narco, un experto en portonazos, en vez de la escuela.