Presidente de Fedefruta sobre delincuencia rural: “El nivel de violencia es abismante”

Como una suma de varios factores define el presidente de la Federación de Productores de Frutas (Fedefruta), Víctor Catán, el incremento de la violencia en los campos chilenos, cuya última expresión fue el homicidio de un matrimonio en su parcela de Graneros, pero que tiene hacia atrás una larga estela de crímenes, incluyendo el doble homicidio de dos agricultores en Malloa por parte de miembros del Tren de Aragua, así como una serie de hechos de violencia en casi toda la ruralidad del país, que van desde asaltos y robos de camiones cargados con salmón en la Ruta 5 Sur, especialmente cerca de Mulchén, hasta el ataque que hace pocos años sufrieron dos detectives de la PDI, a quienes les quemaron su automóvil, en el valle de Quilimarí, cerca de Los Vilos. Todo ello, sin contar los incendios, atentados y homicidios que vienen ocurriendo desde los años 90 desde las regiones del Biobío al sur. 

A ello se suman, ahora, hechos como las extorsiones sufridas por los ganaderos de Coyhaique, las que salieron a la luz a raíz del enigmático homicidio del empresario agrícola Marcel Foessel, o el atentado sufrido por otra persona de la misma zona, cometido por sujetos que iban premunidos de armas con mira telescópica.

En el caso de los productores de fruta, Catán indica que –a su juicio– el punto de inflexión en el aumento de la violencia está en el descontrol migratorio y la consiguiente llegada, junto con migrantes que buscan mejores oportunidades, de organizaciones criminales muy violentas. A ese respecto, recuerda que antes “hasta los delincuentes tenían algunos códigos”, pero dice que hoy –lo que ejemplifica con el crimen de Graneros, a cuyas víctimas conocía personalmente– “hay un ensañamiento, un nivel de crueldad hoy día en los delitos al que nosotros no estábamos acostumbrados. Cuando viajábamos por distintas razones, por turismo, por trabajo, e íbamos a algunos países, a nosotros nos llamaba mucho la atención que existieran autos blindados, que existiera seguridad armada en algunos barrios, armadas, una serie de cosas que no ocurrían acá. Bueno, hoy día eso lo vemos en Chile”, detalla. 

La violencia que se da hoy en el mundo rural, dice, es un primer factor a tener en cuenta: “Siempre ha habido robos y delitos en el mundo campesino, pero nunca con la agresividad, con el nivel de violencia que hoy existe”.

Un segundo factor que a su juicio explica lo que hoy sucede es que –señala– las instituciones de Justicia han fallado, precisando que “a nosotros, a todos los chilenos, nos dijeron que la Reforma Procesal Penal venía a dar respuesta a las necesidades del país. Y en los hechos lo que vemos es que la reforma procesal penal no da respuesta, que no tiene capacidad de investigar una parte importante de los delitos que afectan a los agricultores”.

Y agrega: “Hoy ya no se denuncia porque no se le cree a la Reforma Procesal Penal, porque en los hechos lo que sucede es que, tres meses después de hecha la denuncia, llega un mail o una carta de archivo de la Fiscalía, pretendiendo el Estado que sea la víctima la que tenga que ir a aportar antecedentes o desarrollar labores investigativas, cuando la víctima es víctima desde el principio a fin, pero sigue siendo más víctima aun cuando tiene el desprecio del Estado. Eso es lo que nosotros recogemos de nuestros agricultores”. 

Como tercer factor, dice que “a nivel rural las policías prácticamente no existen. Las dotaciones son muy bajas y cada vez que hay un evento deportivo o hay cualquier cosa, la dotación la sacan como si no pasara absolutamente nada”. 

Catán detalla, además, que la cuantía de lo robado es muy elevada. Una reciente encuesta efectuada por la Sociedad Nacional de Agricultura (de la cual Fedefruta forma parte) cifró en 380 millones de dólares las pérdidas del sector en los últimos 12 meses. 

Sin embargo, el dirigente expone que el daño puede ser aún mayor, pues “el que a alguien le roben un transformador de riego, por ejemplo, no solamente significa el costo de reponer el transformador, sino que tiene el costo de oportunidad de regar. Y eso significa que muchas veces usted puede perder el esfuerzo de un año”. 

Lo mismo dice que sucede con insumos de alto valor como los pesticidas, que “hoy día los agricultores no quieren tenerlos en las bodegas propias” por el temor a que se los roben. Sin embargo, eso genera que “si cae una lluvia hoy día en la noche, yo tengo que estar aplicando mañana y ese producto no está disponible, porque nadie quiere tenerlo en una bodega”.

A lo anterior se suman otros hechos, como el cobro de “peaje” en caminos rurales y el robo de camiones enteros en el acceso sur hacia Santiago. De hecho, detalla que el primer sector en ser afectado por el alza de la violencia fue “el anillo de las comunas periféricas de Santiago: Lampa, Melipilla, Buin, Paine, Tiltil, entre otras”, fenómeno que comenzó a expandirse hacia sectores más alejados de la capital, como la Región de O’Higgins, donde incluso en un sector campesino la Fiscalía de Antofagasta y Carabineros desbarataron un laboratorio de producción de metanfetaminas, donde detuvieron a dos mexicanos que pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación y donde se incautaron más de 800 kilos de esa droga.

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Las víctimas

Catán relata que, “así como los portonazos no son en Vitacura, sino en El Bosque, en Cerro Navia, en Maipú, donde sea”, en el caso de la violencia en los campos hoy “le están robando a cualquiera, a chicos, grandes, medianos, a cualquiera”, reitera. En ese sentido, relata el caso de una familia que estuvo retenida con mucha violencia en el sector de Rosario (cerca de Rengo), por cuatro horas, y otro hecho semejante en San Fernando.

“El nivel de violencia es abismante. Tenemos crímenes en Los Andes, donde yo estoy, asaltos a casas, asaltos a parcelas. Hoy día, si usted quiere contratar un guardia, estos dicen que no saldrán de la caseta, porque no tienen con qué defenderse” y a ello se suma la legislación y el control que existe en lo relativo a la tenencia de armas para defensa personal.

Todo ello redunda en que muchos agricultores están dejando de vivir en el campo y “hay otro tipo de productores en que, cuando se entra al campo, a la zona de la bodega, es un verdadero búnker y muchos otros que han gastado todo lo que tienen en seguridad, cámaras, registros, guardias. El problema es que muchas veces esto no lo paga el negocio”, indica. 

Finaliza relatando que, producto de todo lo anterior, “en el último tiempo hemos visto muchos agricultores que no quieren seguir invirtiendo. Y más aún, los hijos de esos agricultores que no quieren quedarse en el campo”.

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La visión experta

A juicio de un policía en servicio activo que habló con El Mostrador bajo la condición de no revelar su nombre, el incremento de la inseguridad en los campos, especialmente en las zonas circundantes a Santiago, es producto del “efecto globo” que se ha producido como consecuencia del accionar policial contra grupos como El Tren de Aragua o Los Pulpos peruanos. 

“Esas bandas ya llevan varios años en Chile y hoy ya saben, por ejemplo, que Santiago y prácticamente todas las zonas urbanas están llenas de cámaras y que esas imágenes son determinantes en los procesos penales. Es por ello que hace ya un par de años comenzaron a dejar los cuerpos de sus víctimas en sectores apartados del Gran Santiago, y luego comenzaron a asentarse en algunas comunas más pequeñas. Para nadie es un misterio, por ejemplo, que Los Piratas de Aragua se establecieron en Graneros, así como en Talagante y otras comunas semirrurales”, detalla, agregando que, tal como indicaba Catán, se trata además de lugares con escasa dotación policial, con víctimas que por lo general tienen un buen pasar y que, además, tienen a su vecino más cercano a 500 metros o más. 

Quizá lo más preocupante, comenta el mismo oficial, “es que no se trata de que el Tren de Aragua u otras organizaciones semejantes sean las que cometen todos los delitos, pero la conducta que ellos despliegan, especialmente en términos de usar una violencia extrema, está siendo imitada ya hace rato por los delincuentes chilenos. En otros términos, podemos decir que se produjo un proceso de aprendizaje delictivo”.

Coincide, con algunos matices, el experto en crimen organizado Pablo Zeballos, quien indica que “no tenemos que olvidar en Chile que están sucediendo dos fenómenos complejos al mismo tiempo. Uno es el ingreso de estructuras extranjeras que tienen como una de sus características principales el control depredatorio del territorio y, por otro lado, tenemos una transformación de nuestra propia delincuencia, lo que está en directa relación con lo primero”. 

Al respecto, agrega que “esos dos fenómenos están chocando entre sí y lo vemos en la violencia, en las luchas por territorio, etc., y ello genera otros efectos, como el hecho de que algunas organizaciones deciden salir del lugar que está en pugna y van a buscar otro sector donde asentarse, que posea determinadas condiciones, una de las cuales es que ojalá no haya una presencia permanente del Estado o que esta sea muy débil, especialmente en lo relativo a la policía, que es lo que sucede con las dotaciones en los sectores rurales”.

A lo anterior, agrega otro elemento: el narcotráfico, especialmente el vinculado a las plantaciones de marihuana a gran escala. En dicho sentido, advierte que “hay ciertas zonas de Chile que tienen condiciones muy propicias para el cultivo de cannabis sativa y en ellas, pese a un montón de alertas, se han ido gestando invisiblemente muchos niveles de violencia”. 

Un ejemplo de ello, puntualiza, es lo que sucede en algunos lugares del sur de Chile, donde las plantaciones se enmascaran detrás de “una cáscara ideológica”, precisa, detrás de la cual se desarrolla un sistema criminal que, por lo general, también incluye otros delitos, como asaltos a viviendas y sustracción de vehículos, como quedó en evidencia en Cañete luego de las investigaciones vinculadas con el homicidio de tres carabineros.

Sin embargo, Zeballos explica que ello no es solo patrimonio de esos sectores.

“Lo más importante es no negar que tenemos muchas señales de violencia rural asociadas a delincuencia. El segundo paso, después de no negar, es preguntarnos por qué está sucediendo eso”, subraya.

Agrega que estos fenómenos conllevan una serie de delitos conexos, como la extorsión o las amenazas hacia quienes quieren denunciar.

En dicho sentido, detalla que es necesario que las autoridades pongan especial atención a lo que sucede en las áreas periurbanas de las distintas ciudades de gran tamaño, así como a las rutas de estas, agregando que es imprescindible “analizar bien esos fenómenos desde la perspectiva de la inteligencia, para entender cómo están cambiando las dinámicas delictuales y criminales en esas zonas”.