Informe de comisión investigadora de Procultura denuncia “cheque en blanco” estatal a la fundación

La comisión investigadora de la Fundación Procultura realizó durante la tarde de ayer su sesión final, en la que aprobó por 9 votos y una a favor el informe final elaborado por los diputados Andrés Longton y José Miguel Castro (RN). El documento será leído ante la Cámara de Diputados durante el día de hoy por Yovana Ahumada (PSC) en calidad de representante de la Región de Atacama.

Los diputados encargados de su redacción dividieron en 10 puntos sus conclusiones. A saber:

• Sobre precios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos. La polémica gestión financiera de ProCultura.

“A partir de los antecedentes oficiales aportados por la Contraloría General de la República y por las auditorías efectuadas en distintos gobiernos regionales, queda en evidencia un preocupante patrón de utilización ineficiente y, en ciertos casos, negligente de recursos públicos asignados mediante asignaciones directas y convenios celebrados con esta fundación. De forma específica, se detectaron numerosos casos donde los montos cobrados por la realización de servicios y actividades por parte de empresas relacionadas con Procultura excedieron ampliamente los valores de mercado”.

• Cuando los controles fallan, el caso ProCultura y la debilidad institucional.

“Otro punto importante dice relación con las profundas debilidades institucionales y administrativas detectadas en los mecanismos de control, supervisión y fiscalización de recursos públicos entregados a la Fundación Procultura. A partir de los antecedentes recopilados, se ha podido identificar que no se trata de casos aislados o excepcionales, sino de un problema estructural que afecta transversalmente a múltiples instituciones públicas, revelando graves vulnerabilidades en el sistema de gobernanza de fondos públicos”.

• El laberinto de recursos en la intrincada red de empresas tras ProCultura.

“Se evidenció la existencia de una compleja e intrincada red de empresas relacionadas directa o indirectamente con integrantes, cercanos o excolaboradores de la Fundación Procultura, situación que ha generado severas dudas y cuestionamientos sobre la transparencia y probidad en la administración de los recursos públicos transferidos”.

• Convenios exprés, modo operandi recurrente y asignaciones directas cuestionadas a nivel nacional.

“También resulta relevante un aspecto que ha surgido en el análisis realizado por esta comisión, que es el patrón sistemático de asignaciones directas que favorecieron a la Fundación Procultura, evidenciando un claro modus operandi que la fundación habría utilizado para obtener cuantiosos recursos públicos en distintas regiones del país”.

• Cheque en blanco: la ineficiente evaluación institucional que benefició a ProCultura.

“Un elemento central identificado por esta Comisión Especial Investigadora ha sido la notable debilidad institucional en los mecanismos previos de evaluación y validación técnica y administrativa aplicados a la Fundación Procultura, lo cual facilitó significativamente su acceso a cuantiosos recursos públicos sin un control preventivo adecuado. Esta situación ha sido correctamente definida como la entrega institucional de un auténtico “cheque en blanco”, otorgado sin una adecuada revisión ni fiscalización preliminar respecto a la capacidad técnica, experiencia real, solvencia administrativa y económica de la fundación beneficiaria”.

• Recursos públicos. Las relaciones tras las asignaciones a ProCultura.

“Uno de los elementos más delicados y relevantes que emergieron durante el desarrollo de esta investigación parlamentaria es el conjunto de claros indicios sobre posibles conflictos de interés en la asignación directa y reiterada de recursos públicos hacia la Fundación Procultura, cuestión que compromete gravemente los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad que deben regir cualquier gestión pública”.

• Grave vacío en procedimientos permitió entrega irregular de recursos públicos a Fundación ProCultura.

“Se han evidenciado importantes brechas en los procedimientos formales de selección y validación de las entidades ejecutoras. Según informes oficiales y declaraciones entregadas en distintas sesiones, la ausencia de mecanismos claros y rigurosos facilitó la entrega irregular y cuestionable de recursos públicos”.

• Sin fines de lucro, la opacidad tras transferencia a ProCultura.

“Existe una clara contradicción observada entre el carácter formal de la Fundación Procultura, constituida legalmente como una organización sin fines de lucro, y la evidente opacidad y tercerización detectados en la administración de recursos públicos transferidos desde distintas instituciones del Estado”.

• La omisión de inhabilidades y los vínculos no declarados entre gobernadores regionales y Fundación ProCultura.

“Existe una evidente omisión en la activación de inhabilidades legales y éticas por parte de diversos gobernadores regionales, pese a existir claros y conocidos vínculos personales, políticos y laborales previos con Alberto Larraín, Director Ejecutivo de la Fundación Procultura. Estas omisiones se traducen en decisiones administrativas tomadas sin que mediara una adecuada declaración de inhabilidad, poniendo en cuestión la transparencia y objetividad del uso de recursos públicos”.

• Recursos públicos en riesgo. La incapacidad del Estado para recuperar los fondos entregados a ProCultura.

“Una de las conclusiones más preocupantes obtenidas por esta comisión dice relación con la clara incapacidad demostrada por las instituciones públicas para recuperar efectivamente los cuantiosos recursos públicos asignados irregularmente a la Fundación Procultura. Los antecedentes recopilados revelan la existencia de severas deficiencias administrativas, jurídicas y procedimentales, que han dificultado notablemente la posibilidad real para defender y rescatar oportunamente su patrimonio fiscal”.

“En vista de lo anterior, esta Comisión Especial Investigadora concluye que nuestra institucionalidad requiere urgentemente reformas profundas y efectivas que fortalezcan su capacidad real para recuperar y proteger los recursos públicos asignados irregularmente. Es imprescindible contar con garantías sólidas y efectivamente exigibles, protocolos ágiles y estandarizados para el cobro inmediato ante irregularidades y mecanismos institucionales capaces de actuar preventivamente frente a cualquier riesgo patrimonial que pueda afectar al Estado”, cierra el escrito.

Posteriormente, el documento señala las responsabilidades políticas atribuidas a las Gobernaciones Regionales, mencionando específicamente a los gobiernos de la Región de Magallanes, Ñuble y Metropolitana: “El Gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político, debido a su rol activo en impulsar y promover el proyecto “Quédate”, que implicó una transferencia directa de aproximadamente algo más de mil 600 millones de pesos a la Fundación Procultura. Esta asignación no solo se hizo de forma acelerada y sin el debido respaldo técnico-administrativo, sino también en un contexto de conocidos vínculos personales y profesionales previos con Alberto Larraín”.

En segundo lugar, se dirige contra Miguel Crispi, durante su periodo como subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo: “La responsabilidad del exsubsecretario Crispi reside principalmente en haber establecido una validación institucional superficial y deficiente -producto probablemente de los instrumentos de validación- que, en la practica, facilitó significativamente la entrega expedita y directa de recursos públicos a Procultura desde multiples gobiemnos regionales y Servicio de Vivienda y Urbanismo en la zona norte de nuestro país”.

Finalmente, en la tercera parte, se responsabiliza al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), argumentando que su falta de acción institucional en la fiscalización preventiva y correctiva justifica dicha imputación política: “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una responsabilidad política especifica que emerge claramente en el marco del caso Procultura, debido a su insuficiente actuación institucional en materia de fiscalización preventiva y correctiva sobre los recursos públicos transferidos a esta fundación en diversas regiones del país. Las auditorias de la Contraloría General de la República revelaron graves deficiencias. administrativas, irregularidades en as rendiciones de cuentas y ausencia generalizada de suspensión efectiva de los proyectos financiados con fondos asignados por esta cartera ministerial”.