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Condenan a militares (r) por quema de archivos CNI: había información sobre muerte de Frei Montalva
De acuerdo al fallo de la Corte de Apelaciones, la incineración de documentos ocultó información crucial para investigaciones, incluyendo detalles sobre la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. La sentencia, aunque significativa, generó críticas por lo bajo de las penas impuestas.
La ministra en visita extraordinaria para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dictó sentencia de primera instancia en el caso de la destrucción de archivos de organismos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, un hecho ocurrido entre 2000 y 2001 en la Escuela de Inteligencia de la institución castrense, ubicada en la localidad de Nos, comuna de San Bernardo.
En su fallo, la magistrada condenó a tres miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en la incineración de documentos relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El general (r) de brigada Eduardo Jara Hallad y la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich fueron sentenciados a tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo como autores del delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública. Mientras tanto, el general de división (r) Carlos Chacón Guerrero fue condenado a 200 días de reclusión, en calidad de encubridor del mismo delito.
Los tres condenados también deberán pagar una multa de 21 UTM mensuales, aunque se les ha concedido el beneficio de cumplir la pena en libertad vigilada. Esta sentencia pone fin a una larga investigación que descubrió que los documentos incinerados contenían información clave sobre el funcionamiento de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Había información sobre muerte de expresidente Frei Montalva
La investigación reveló que la incineración de los archivos microfilmados de la CNI, correspondientes a los años 1980-1982, fue realizada en un contexto en el que la “Mesa del Diálogo”, una instancia destinada a esclarecer los crímenes de la dictadura, estaba funcionando. La eliminación de los documentos se produjo justo en el período en que se intentaba investigar el destino de las víctimas de la dictadura, incluyendo a los detenidos desaparecidos. La información destruida tenía relevancia para los procesos judiciales que se estaban desarrollando en ese entonces y podría haber sido clave para arrojar luz sobre las operaciones realizadas por la CNI, que, entre otros crímenes, estuvo implicada en la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.
Durante años, el Ejército negó su responsabilidad en la destrucción de los archivos, pero una investigación interna realizada en 2015 arrojó los primeros indicios de la irregularidad en el manejo de la documentación. Aunque no se impusieron sanciones en ese momento, el caso fue reabierto en 2017, cuando la organización Londres 38, encabezada por Erika Hennings, presentó una querella criminal en contra de los responsables. En esa querella, se acusó a los implicados de sustracción y destrucción de documentos, además de encubrimiento de homicidios y secuestros.
El fallo fue recibido con satisfacción por las víctimas y sus representantes legales, aunque se cuestionaron las bajas penas impuestas. El abogado Nelson Caucoto, que representa a Carmen Frei y su hijo Eugenio Ortega, sostuvo que el fallo deja en evidencia cómo el Ejército de Chile, aún en tiempos democráticos, actuó para asegurar la impunidad de sus agentes involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Caucoto destacó como “trascendental que el fallo deje establecido que se quemaron e hicieron desaparecer las carpetas donde se registraban las operaciones de inteligencia llevadas a cabo contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Qué razones habría para justificar la destrucción de los antecedentes referidos al ex Presidente Frei?, salvo eliminar documentación relativa a su homicidio. El mismo objetivo se presume detrás de incineración para ocultar tantos otros crímenes de la dictadura”.
La investigación judicial estableció que entre 1977 y 1990, la CNI fue el organismo encargado de la inteligencia y contrainteligencia en Chile bajo la dictadura. Tras el retorno a la democracia y la disolución de la CNI, los archivos de este organismo fueron entregados al Ejército de Chile, específicamente a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). En 2015, se ordenó una investigación interna para esclarecer el destino de los documentos, pero no se obtuvieron respuestas satisfactorias, lo que llevó a la querella presentada en 2017.
En 2000 y 2001, bajo las órdenes de sus superiores, la teniente coronel Rojas Kuschevich y el general Jara Hallad procedieron a incinerar los documentos de la CNI sin seguir el protocolo institucional, lo que resultó en la pérdida de información crucial para las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de la dictadura.
