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Expulsan a 23 miembros de la organización criminal transnacional dedicada al “Gota a Gota”
Integrantes de menor nivel de la banda “La Empresa” fueron enviados a Colombia, mientras sigue la investigación en contra de los sujetos ubicados en los escalafones superiores. Próximamente la Fiscalía de Valparaíso formalizará en ausencia a los máximos líderes.
Ya se encuentran en su país natal –Colombia– 23 personas que formaban parte de los escalafones menores de la organización criminal transnacional “La Empresa”, dedicada al préstamo “gota a gota” en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso. Como ha informado El Mostrador, en noviembre del año pasado la PDI, en un operativo dirigido por el fiscal porteño Pablo Avendaño, desbarató gran parte de la banda, arrestando a 44 de sus integrantes (43 colombianos y un chileno).
Varios de ellos fueron posteriormente quedando en libertad, a raíz de controvertidos fallos emitidos por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, liderada por la ministra Silvana Donoso, pese a la evidencia que existía no solo en orden a los delitos de usura, asociación ilícita y lavado de activos, sino también a la constante amenaza de que eran objeto los deudores del grupo.
En dicho contexto, a inicios de marzo la Fiscalía tomó la decisión de llevar a un juicio abreviado a todos los miembros del grupo de menor nivel, por medio de un procedimiento abreviado en el cual reconocerían su culpabilidad, para luego ser expulsados.
Al respecto, el fiscal del caso, Pablo Avendaño, explicó que a tres imputados se les pidió “una suspensión condicional del procedimiento, por tratarse de imputados que no solo no tenían antecedentes, sino que su participación en la organización en cuanto a tiempo fue bastante mínima”.
De ese modo se llevó a juicio abreviado a otros 25, todos los cuales fueron condenados, pero hubo dos respecto de los cuales el Juzgado de Garantía de Valparaíso no pudo decretar su expulsión de Chile, dado que tienen otras causas pendientes. Así –dijo el persecutor–, “mientras no se resuelva la situación en esas causas que ellas tienen vigentes, ellas deben permanecer en el país”.
En cuanto a los otros 23 condenados, indicó que se estimó “que era la mejor forma de dar término a la situación judicial de ellos, atendido que tampoco tenían antecedentes y esta era la única causa que mantenían vigente”, recordando que “esta era una organización que funcionaba, al menos desde el año 2020, jerarquizada, con una jefatura en Colombia, con un gerente en Chile y que debajo de él había distintos estamentos: administradores generales, administradores locales, facilitadores de cuentas, funcionarios de supervisión o de trabajo administrativo y finalmente los cobradores”.
En cuanto a la investigación sobre aquellos que formaban parte de los escalafones superiores de la organización, incluyendo a un chileno, precisó que “seguimos realizando diligencias, básicamente ubicación de víctimas, y estamos a la espera de un informe pericial que también nos va a permitir precisar un poco más los hechos, sobre todo en lo relativo al lavado de dinero, porque todos los imputados que quedaron, respecto a los cuales la causa se mantiene vigente, son aquellos que además estaban formalizados por lavado de dinero y respecto de ese delito en particular es donde todavía estamos realizando diligencia”.
Las expulsiones se terminaron de realizar finalmente la semana pasada, tanto por medio de un vuelo de la FACH como por vuelos en empresas particulares. Avendaño dijo al respecto que se trató de un operativo que se organizó con “la Policía de Investigaciones, a través de la Policía Internacional de Valparaíso, y en coordinación con el Servicio de Migraciones”. Gracias a ello, “se pudo materializar la expulsión de estos 23 imputados en un tiempo alrededor de una semana, poniendo a disposición a estas personas de las autoridades colombianas para los fines correspondientes”.
Al respecto, el comisario Rubén Ugarte, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Valparaíso, señaló que con lo obrado “logramos dar cumplimiento a un decreto de expulsión judicial emanado del Juzgado de Garantía de Valparaíso, por los delitos de usura reiterada y asociación ilícita. Durante el transcurso de aproximadamente una semana, se logró concretar la expulsión de estos ciudadanos colombianos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades colombianas en virtud de la sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso”.
Los próximos pasos
Luego de las expulsiones, lo próximo en materia investigativa es una audiencia que se realizará el próximo 16 de abril ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en la cual se formalizará en audiencia al líder máximo del grupo, Disney Montoya, junto a otras tres personas, la mayoría de las cuales se presume que se encuentran en Colombia, particularmente en la ciudad de Cali, tras lo cual se pedirá la detención de todos ellos, por medio de Interpol.
Montoya –como ha informado El Mostrador– cumplía las veces de CEO de “La Empresa” y se comportaba como tal. A inicios de noviembre del año pasado estuvo en Santiago y, al igual que cualquier ejecutivo internacional que se precie, se alojó en el Hotel Sheraton, hasta el cual acudió a buscarlo el gerente de “La Empresa” en Chile, Stiven Enríquez, luego de lo cual visitaron la “sede central” de la organización transnacional, una amplia y moderna oficina en el centro de la capital, donde Montoya dio instrucciones, conversó con “los empleados” y, además, emitió una curiosa directiva: que todos debían vestir camisa o blusa blanca.
De hecho, imágenes recuperadas por la PDI en el interior del edificio, y otras grabadas en las calles por agentes encubiertos de la policía muestran a un grupo importante de sujetos pertenecientes al grupo caminando muy despreocupados y todos vestidos de blanco, semejando más bien ser integrantes de un grupo religioso que de una organización criminal transnacional, aspecto que se condice con un estricto manual de normas internas que tenían en las “oficinas” que utilizaban, pues salvo la de Santiago centro, las demás eran departamentos donde no solo atendían a sus clientes, personas no bancarizadas a las cuales prestaban dinero con intereses por sobre el permitido, sino que además vivían los “trabajadores”.
De acuerdo con los cálculos de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, en menos de cuatro años de operaciones en Chile, “La Empresa”, que también funciona en Colombia, Panamá y Uruguay, registró movimientos de dinero por más de 6.700 millones de pesos, producto de los préstamos informales, que eran cobrados por un pequeño ejército de cobradores que se movilizaban en 27 motos y varios automóviles.
