La estridente retórica en seguridad que une a los candidatos presidenciales de la derecha

Sin duda que la agenda sobre seguridad pública será el principal foco programático de los aspirantes a La Moneda, donde la amplia oferta de medidas para hacer frente a la delincuencia y el crimen organizado busca captar la atención de una población con altos índices de temor en el país. 

En ese sentido, los tres candidatos presidenciales de la oposición han levantado diversas propuestas que han llamado la atención de la opinión pública, muchas de ellas buscando replicar modelos externos, como el implementado en El Salvador en materia carcelaria, y la política de deportaciones de Donald Trump. 

Una de las polémicas más recientes fue el debate sobre la posibilidad de reinstalar la pena de muerte en Chile. Cabe recordar que, tras el asesinato de un matrimonio en la comuna de Graneros, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, señaló que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema”. Algo que fue secundado por el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien manifestó estar de acuerdo con la medida, ya que hay “delitos que son imperdonables”. 

Sin embargo, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se alejó de la idea, afirmando que “la pena de muerte es la salida más fácil para los asesinos y para los que se ponen nerviosos con las encuestas”.

Por otro lado, tanto Kaiser como Kast han defendido la tenencia civil de armas para defensa personal. Ambos candidatos protagonizaron controvertidos videos promoviendo el uso de armas de fuego como una forma de defenderse de la delincuencia. Desde el equipo de campaña de Matthei han tomado distancia de medidas como esta, por lo que no son mencionadas en su plan de seguridad. 

Si bien las cartas presidenciales de la derecha tienen diferencias en este tipo de propuestas, coinciden en otras materias relativas a la reforma carcelaria o el estricto control de los pasos fronterizos. Así como en una llamativa retórica de campaña, donde incluso desde el Partido Republicano han señalado que José Antonio Kast está dispuesto a ser perseguido por organismos internacionales y de derechos humanos por las extremas medidas de seguridad que propone. 

Migración ilegal: control fronterizo y centros de internación 

En materia de control migratorio, el abanderado del Partido Republicano dio a conocer el llamado “Plan Escudo Fronterizo”, en el cual propone levantar un sistema de contención física y tecnológica “combinando muros y vallas de seguridad de 5 metros de altura, similares a los utilizados en Israel y Hungría, equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados”.

Según la propuesta, también se construirán zanjas de 3 metros de profundidad en los sectores de alto tráfico migratorio. Cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos, drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial, infrarrojos y térmicos, operando 24/7.

A eso se suma la idea de que “todo aquel que cruce sin documentos o que esté en condición irregular será trasladado a Centros de Internación y Expulsión ubicados cerca de la frontera, donde esperarán su expulsión inmediata”. 

También sin dar mayores detalles de ubicación y financiamiento, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, propone en su “Plan de Acción Inmediata” la instalación de “Centros de Internación y Procesamiento”, que tienen “por objeto impedir que el inmigrante irregular circule libremente por el país mientras se tramita su expulsión”. 

Idea que también comparte el abanderado del Partido Nacional Libertario, quien –si bien aún no cuenta con una plan de seguridad formal– califica los eventuales espacios de detención como “campamentos de refugiados”, con el fin de separar a los extranjeros legales de los ilegales, para luego ejecutar expulsiones. 

En ese sentido, los tres candidatos opositores plantean, además, la reconducción y expulsión “inmediata” de migrantes irregulares, la eliminación de ayudas sociales para los mismos, y “efectividad” en la expulsión administrativa o judicial. Sin especificar tampoco cuáles serían los cambios en materia de relaciones diplomáticas para garantizar su ejecución. 

Reformas al sistema penitenciario 

En el ámbito carcelario, Matthei propone un “Plan Integral Penitenciario”, el que aborda –entre otros temas– un régimen de segregación reforzado para los jefes y miembros relevantes de organizaciones criminales y terroristas, la expulsión de 3 mil reos extranjeros condenados, para descongestionar el equivalente a una cárcel completa, y la construcción de cinco nuevos establecimientos penitenciarios que contemplan 19 mil nuevas plazas, de las cuales 1.600 corresponden a alta seguridad. 

El aumento de plazas también ha sido mencionado por el candidato libertario Johannes Kaiser, quien mediante declaraciones a la prensa ha propuesto ampliar la cantidad de espacio carcelario en “unas 70 mil, 60 mil plazas”. 

Otra de las medidas que ha causado ruido mediático es la idea de construir un centro penitenciario en el desierto. “Vamos a tener cárceles duras en el desierto para la gente que se porta mal, y los vamos a tener además incomunicados para que no puedan seguir operando desde la cárcel”, dijo la abanderada de Chile Vamos a través de sus redes sociales. 

En la misma línea, José Antonio Kast también anunció una reforma al sistema carcelario con la creación de una “megacárcel en el desierto, donde los criminales cumplirán penas iniciales de 20 años, acumulando tiempo según la gravedad de sus delitos”. Simulando el estilo Bukele, el líder republicano agregó que en este recinto “los reos vestirán uniforme, no tendrán visitas, no recibirán comidas con servicio y dispondrán de solo media hora en el patio para hacer deporte y otro día para reflexionar sobre el daño causado a la sociedad”.

Pero más allá del régimen interno, lo que se ha planteado como una propuesta disruptiva por parte de los candidatos de oposición, es una iniciativa que ya está en marcha desde el año 2024. De acuerdo con lo informado por las autoridades de Justicia y Obras Públicas, el proyecto El Arenal será uno de los penales más grandes del país, con una superficie total aproximada de 76.600 m2, el que estará ubicado en el desierto de Atacama a 40 kilómetros al norponiente de Copiapó. La recepción de obras técnicas estará abierta hasta mayo de este año y el plazo de las ofertas económicas se extenderá a junio.