Subsecretario Salas y críticas de la pesca industrial: “Sus fundamentos no tienen respaldo”

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, se refirió a la ley de fraccionamiento, una iniciativa que busca modificar la distribución de las cuotas pesqueras y que ha generado controversia en su tramitación. La propuesta ha provocado fuertes manifestaciones por parte de los pescadores artesanales, quienes critican la demora en el Senado y los cambios que, según acusan, beneficiarían a la industria en especies como la merluza, la jibia y el jurel.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Salas expresó su confianza en que la presidencia de la comisión del Senado agilice el trámite: “Nosotros tenemos confianza en que la presidencia de esa comisión logre que se despache el proyecto durante esa semana”.

Reconoció que el Ejecutivo ha presionado para que se respete la urgencia impuesta, señalando que “cuando el Ejecutivo presenta una urgencia, espera que esa urgencia sea acogida en el trámite por el Parlamento. La urgencia de discusión inmediata implica un trámite de seis días para un proyecto, y nos encontramos ya más allá del día veinte sin poder ser despachados de esa misma comisión”.

El subsecretario destacó que en la Cámara de Diputados el proyecto fue despachado con rapidez: “El proyecto de fraccionamiento fue citado dos veces en un mismo día, se realizaron diez horas de sesión y finalmente se despachó en un día desde la Comisión de Hacienda del Senado”. Si bien afirmó que respeta la prerrogativa de los presidentes de comisión, insistió en la necesidad de dar celeridad al trámite: “Es muy importante que el proyecto se tramite con rapidez porque la discusión de fondo ya se dio en la comisión especializada”.

Respecto a los argumentos esgrimidos por el senador Felipe Kast, quien señaló que la iniciativa tiene un impacto significativo y no puede ser legislada “a matacaballo”, Salas respondió que todos los proyectos legislativos tienen impacto y que “se legislan escuchando los intereses de cada uno de los actores que intervienen en él”. Además, aclaró que la Comisión de Hacienda generalmente se enfoca en revisar los aspectos financieros de los proyectos y que “no hay dudas sobre el equilibrio financiero en este caso. No existe ninguna situación de déficit en el proyecto, lo que puede haber es más o menos recaudación, pero no hay ningún problema de equilibrio fiscal”.

El subsecretario también abordó la postura de las grandes empresas pesqueras, como Camanchaca, Blumar, Food Corp y Landes, que han anunciado demandas contra el Estado argumentando que el proyecto vulnera derechos adquiridos e incluso han amenazado con recurrir a tribunales internacionales. Sobre esto, Salas señaló que “ese lenguaje de confrontación ha sido una tónica en la discusión de las materias pesqueras. Lo vimos en la discusión del proyecto de nueva Ley de Pesca y lo vemos ahora con la discusión del fraccionamiento”. Sin embargo, restó validez a los cuestionamientos de la industria: “Los fundamentos jurídicos de ese cuestionamiento, a nuestro juicio, no tienen un respaldo que permita hacer creíble ese tipo de amenazas, más allá de la retórica”.

Salas subrayó que el proyecto responde a la necesidad de actualizar la legislación en base a criterios técnicos y resoluciones judiciales previas: “Aquí estamos hablando de un cambio legislativo a un aspecto técnico, regulatorio. No puede el legislador ignorar dónde se encuentra el recurso. No puede el legislador no adaptar la norma a los fallos de la Corte Suprema que han existido en los últimos años”. En ese sentido, recordó el fallo de la Corte Suprema de 2020 que prohíbe la perforación continua de la industria dentro de las cinco primeras millas reservadas para la pesca artesanal: “Eso es un dato objetivo, y por lo tanto hay que adaptar las normas a esa realidad”.

El subsecretario concluyó que el rechazo de la industria a la ley de fraccionamiento responde a intereses económicos y no a fundamentos legales sólidos: “Muchas veces el cuestionamiento se basa en la voluntad que tiene la gerencia de defender sus propios intereses, pero eso no justifica que tengan argumentos jurídicos para rebatir la pertinencia de este proyecto”.