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Fotos: AgenciaUNO
Golpe al corazón del PS y de toda la izquierda chilena: TC destituye a la hija de Salvador Allende
El Tribunal Constitucional destituyó a la senadora Isabel Allende por su rol en las gestiones de la fallida compra de la casa de su padre. La decisión impacta al Partido Socialista y al Gobierno de Gabriel Boric, quien había impulsado la idea de convertir la residencia en un museo. [ACTUALIZADA]
Luego de más de 30 años de servicio en el Congreso, la senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende Bussi, se verá obligada a dejar su cargo. La decisión fue tomada por el Tribunal Constitucional (TC), que aprobó el requerimiento presentado por parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos.
Este fallo surge a raíz de su implicación en la fallida compraventa de la casa del expresidente y figura más simbólica del socialismo chileno, Salvador Allende, padre de la legisladora.
Se trata de un golpe al corazón del Partido Socialista y de toda la izquierda chilena. Con la destitución de la senadora Isabel Allende, las repercusiones del caso también podrían afectar al Presidente Gabriel Boric.
Recordemos que el 16 de marzo pasado, en medio del escándalo por la compraventa, el Mandatario reconoció que él planteó la iniciativa del proyecto de convertir la residencia de Allende en un museo e impulsó su compra.
“Esto lo he dicho en privado y lo digo públicamente: yo, como presidente, le planteé a la senadora (Isabel) Allende, le planteé también a la familia Aylwin, que consideraba que las casas del presidente que murió defendiendo la democracia en La Moneda y quien había sido el primer presidente retomada la democracia, tenían que ser patrimonio público”, dijo Boric en Chilevisión en dicha ocasión.
La sentencia del Tribunal Constitucional ocurre pocas semanas después de la salida de la sobrina del exmandatario, Maya Fernández Allende, del Ministerio de Defensa por el mismo caso.
Hoy, el TC acogió los argumentos presentados por los abogados de la oposición, Emiliano García (Republicanos) y Máximo Pavez (Chile Vamos), quienes solicitaban la destitución de la legisladora por ser copropietaria del inmueble del exmandatario.
Se apuntó específicamente al artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los parlamentarios celebrar o caucionar contratos con el Estado durante su ejercicio. Este artículo fue la base de los requerimientos presentados en contra de la senadora, que finalmente derivaron en su destitución.
La decisión, según consignó este jueves el medio Ex-Ante, tuvo ocho votos a favor (Daniela Marzi, presidenta del TC, Nancy Yañez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht, Raúl Mera, Miguel Angel Fernández y Hector Mery) fue redactada por los ministros María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Raúl Mera). Y dos en contra (Catalina Lagos y Mario Gomez).
La Moneda también se sacude, ya que la coalición gobernante mantiene la mayoría en el tribunal. Esto cobra especial relevancia porque las ministras designadas por el presidente Boric, Marzi y Yáñez, votaron a favor de destituir a la senadora Allende. Ambas son cercanas al Frente Amplio, lo que ya está generando indignación entre los socialistas.
El diputado Daniel Melo (PS) valoró la trayectoria de la senadora Allende y lanzó una dura crítica. “La extrema derecha, con incluso el voto de representantes del FA, deben estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia”, dijo a través de un comunicado.
Según la Constitución, cuando un senador es destituido por el Tribunal Constitucional debido a la causal establecida en el artículo 60, su escaño queda vacante. Para llenar esa vacante, se aplica lo establecido en el artículo 51, que indica que el cargo será ocupado por un reemplazante designado por el partido político al que pertenecía el parlamentario destituido.
“Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”.
En este caso, el Partido Socialista (PS) deberá nominar a un reemplazo para completar el período legislativo de Isabel Allende.
La senadora, que lleva más de tres décadas en el Congreso (como diputada desde 1994 y senadora desde 2010), fue defendida por su abogado, el socialista Gabriel Osorio. Argumentó durante el proceso que la compra de la casa había sido aprobada por el Congreso en el marco de la Ley de Presupuestos de 2024. Sin embargo, la controversia se centra en el hecho de que tanto ella como su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández (PS), figuraban como propietarias del inmueble y estaban constitucionalmente impedidas de celebrar contratos con el Estado.
Desde la oposición, el diputado Miguel Mellado, jefe de la bancada RN, declaró que “lo que un tribunal constitucional con mayoría de izquierda pudo ver con claridad, fue rechazado por el vergonzoso oficialismo hace una semana en el Congreso”. A su juicio, “cualquiera podría ver que acá se transgredió la Constitución y en eso tiene una complicidad el gobierno y el derroche de negligencia de sus autoridades y técnicos que permitieron esto. La negligencia del Presidente y su equipo cobra otra víctima”.
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