Aumenta presión sobre jefa jurídica de la Segpres que visó compra de casa de Allende

Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que finiquitó la carrera política de la senadora Isabel Allende (PS), este lunes se realizó una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. A la instancia fueron citados el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS); la jefa de la división jurídica-legislativa de la Segpres, Francisca Moya; y el asesor Lucas Vera.

La sesión, presidida por el diputado Andrés Longton (RN), tuvo entre sus objetivos esclarecer “por qué los funcionarios que revisaron y no advirtieron la inhabilidad siguen aún en funciones”. Esto, tras la salida de dos ministras (Maya Fernández y Marcela Sandoval) del Gobierno luego de la frustrada compraventa, y la posterior destitución de la senadora Isabel Allende por el mismo caso.

Esto último llevó a varios diputados y senadores del Partido Socialista (PS) a criticar a la funcionaria encargada visar la legalidad y constitucionalidad de los decretos que firma el Presidente Gabriel Boric: Francisca Moya.

Durante su intervención, hoy, el ministro Elizalde, quien era titular de la Segpres al momento de la fallida compra, remarcó que el proceso se inició en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, luego de la aprobación de la glosa presupuestaria, y se radicó posteriormente en el Ministerio de Bienes Nacionales.

Asimismo, el actual titular de Interior resaltó que “el decreto que se aprobó por el Presidente de la República fue revisado y fue tomado razón por la Contraloría General de la República, dando cuenta que no había ningún vicio, ningún problema de juridicidad o problema administrativo”.

Moya: “Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma”

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Durante la sesión de la comisión investigadora, Francisca Moya explicó el rol de su división, reafirmando que tienen una función de revisión técnico-legal sin competencia resolutiva. “Respecto de la legalidad del acto en particular, nuestra evaluación de ese acto fue que este se ajustaba a derecho, y por eso fue suscrito al Presidente de la República”, indicó.

Defendió también la labor de Lucas Vera, egresado de Derecho que revisó el decreto. “En relación a la carga de trabajo que teníamos, el decreto fue reasignado y es así como a Lucas le tocó revisarlo durante el día 27 de noviembre. Luego de que hiciera una revisión del decreto, fue revisado por mí”, recalcó Moya.

En esa línea, la funcionaria de la Segpres reconoció que conocían la normativa sobre inhabilidades que afectaba a la senadora Allende y a la ministra Maya Fernández. “Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso (…) que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República”, sostuvo.

“Una vez que concluimos que el decreto se ajustaba al ordenamiento jurídico y estaba en condiciones de pasar la toma de razón que realiza la Contraloría General de la República, el decreto fue presentado ante el presidente de la República para su firma”, añadió.

Si bien Contraloría sostuvo que el mencionado decreto efectivamente se ajustaba a derecho, la respuesta generó indignación entre parlamentarios de oposición, que ahora —al igual que en el PS—piden la salida de Moya de la Segpres.

El ministro Elizalde defendió la política de adquisición de inmuebles impulsada por el Presidente Gabriel Boric como una medida de preservación de la memoria histórica. “En los países democráticos es común, es corriente, que la memoria de los exmandatarios se preserve. Se destaca lo que ha sido su vida, su trayectoria pública”, indicó.

Recordó además que la iniciativa fue respaldada de forma transversal en el Congreso: “En Chile podríamos decir que recién hace poco tiempo hemos tomado conciencia de la importancia de preservar el patrimonio histórico”, enfatizó.

Finalmente, se planteó la posibilidad de invitar al Presidente Boric a la comisión, aunque se acordó, al igual que en el caso Monsalve, enviar un cuestionario por escrito.

Diputado Ilabaca (PS): “Es un actuar doloso”

El diputado Marcos Ilabaca (Partido Socialista) emplazó a renunciar a la jefa de la Comisión Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, tras reconocer ante la Comisión Investigadora que conocía la inhabilitación constitucional en la compraventa de la casa del expresidente Allende y que de igual forma visó el proceso. Dicha acción, dijo, “no es un actuar negligente, es un actuar doloso”. Además, considerando la salida de dos ministras y una senadora, afirmó que Moya “pareciera que es inmune”.

Respecto a la declaración de Moya ante la Comisión Investigadora, el parlamentario comentó que “me parece que es de la máxima gravedad. ¿Cómo es posible entender que una asesora de la Segpres, jefa legislativa, conozca la inhabilidad, conozca el tipo de contrato que se está desarrollando y no haya advertido nada y lo haya visado? Ese no es un actuar negligente, es un actuar doloso”.

“Lo que implica su acción significó la salida de dos ministras de Estado y de una senadora de la República elegida democráticamente. Y ella pareciera que es inmune a cualquier tipo de acción”, agregó.

En ese sentido, afirmó que “lo mínimo que puede ocurrir es que una de las principales responsables de este tremendo error dé un paso al costado y deje de ser jefa asesora de la Segpres. Yo espero que el Presidente de la República y la ministra de la Segpres tomen decisiones ahora, porque lo que no puede ocurrir es que una de las principales responsables quede en la más absoluta impunidad”.

Consultado respecto a la posición del Partido Socialista frente las declaraciones y tras la destitución de la senadora Allende, señaló que “ha sido una y tal cual lo ha señalado la presidenta de mi partido y muchos parlamentarios de mi bancada, creemos que aquí no puede ser que quienes hayan estado revisando este contrato y este decreto, no les haya sucedido nada”.

“Hay cerca de 17 abogados, casi todos relacionados al Frente Amplio, que pareciera que no pasó nada acá y lo cierto es que tienen responsabilidad. Y la señorita Moya en particular jefa asesora, lo dijo hoy día a la Comisión Investigadora, que claramente ella conocía la inhabilidad, que además ella revisó el contrato y no hizo nada. Ella es una de las principales responsables de esto y necesariamente debería dejar el rol que hoy día cumple”, concluyó.