Revelan nuevas advertencias ignoradas en fallida compra de casa de Salvador Allende 

Pese a la salida de dos ministras y una senadora a raíz del caso, la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende continúa siendo un dolor de cabeza para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La situación se agravó especialmente luego de que desde la Segpres reconocieran que estaban al tanto de la inhabilidad que existía para que las autoridades —específicamente, familiares del exmandatario— participaran en las gestiones del frustrado contrato.

Y es que este lunes durante la sesión de la comisión investigadora de la Cámara, Francisca Moya, jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, reveló que su equipo conocía la normativa sobre inhabilidades que afectaba a la senadora Isabel Allende y a la ministra Maya Fernández Allende. No obstante, recalcó ante los congresistas que su responsabilidad estaba centrada en la revisión de otros aspectos. Ahora, tanto la oposición como sectores del Partido Socialista exigen su renuncia.

Hoy se suma un nuevo antecedente que aumenta la presión en La Moneda. Según reveló el medio Ex-Ante, en enero pasado, Macarena Diez, actualmente exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, manifestó que el 9 de octubre advirtió a la Presidencia sobre el denunciado conflicto de interés.

De acuerdo al citado medio, Diez incluso mencionó que la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, validó sus declaraciones. Sin embargo, en línea con los transversales reclamos surgidos tras la fallida compraventa, estas habrían sido negadas por los asesores del Presidente Gabriel Boric.

Cabe mencionar que el 16 de marzo pasado, en medio del escándalo, el Mandatario reconoció que él planteó la iniciativa del proyecto de convertir la residencia de Salvador Allende en un museo e impulsó su compra.

“Esto lo he dicho en privado y lo digo públicamente: yo, como presidente, le planteé a la senadora (Isabel) Allende, le planteé también a la familia Aylwin, que consideraba que las casas del presidente que murió defendiendo la democracia en La Moneda y quien había sido el primer presidente retomada la democracia, tenían que ser patrimonio público”, dijo Boric en Chilevisión en dicha ocasión.

En su declaración del 22 de enero, en calidad de testigo, Diez sostuvo que “se me transmitió a mí y a jefaturas de división, de parte de Denisse Hernández (jefa de gabinete de Bienes Nacionales) que este proceso debería tratarse de manera prioritaria, según lo instruido por Presidencia”.

“Me empezó a preguntar qué era lo que faltaba para continuar, en este sentido le manifesté mis aprehensiones respecto a que faltaba mucha documentación para un correcto control, que el tiempo para revisar esta revisión era muy poco, además (de que) no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles”, añadió.

“Con esto me refiero a las casas de Patricio Aylwin y la casa de Allende, y adicionalmente que, para el caso de esta última, que las propietarias eran una ministra y senadora, lo que podría traer un cuestionamiento jurídico y político”, manifestó la exfuncionaria de Bienes Nacionales.

Diez también dijo que Leonardo Moreno, quien era jefe de Seguimiento de Políticas Públicas de La Moneda, “dirigió la reunión y nos preguntó qué era lo que causaba la demora en el proceso de compraventa de las casas presidenciales”.

“Este detalle lo tenía redactado en una minuta para uso personal, que durante la reunión leí”, agregó.

Diez enfatizó que ella hizo “mucho hincapié en la motivación de este acto y su justificación, dentro de ello que no existía justificación para la adquisición de los inmuebles, no existía orden de compra”.

“Para el caso de la casa de Guardia Vieja señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas por la adquisición de este inmueble, debido a que la parte vendedora era una senadora y una ministra”, recalcó.

Sumado a esto, porque “además de la ministra de Bienes Nacionales, (el decreto) lo firmaba el Presidente”.

“Respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, ellos quedaron en revisarlo y con la Secretaría de la Presidencia Secom, en conjunto con comunicaciones del ministerio”, indicó.

“Recuerdo que hubo advertencias durante el proceso de compra, tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Diez, quien confeccionó una minuta donde nos contó tanto a Denisse como a mi persona que existían eventuales conflictos de interés respecto de quienes venden la propiedad de Allende, y debido a los cargos que ocupaban las personas que eran parte de la comunidad heredera”, dijo el 24 de enero, la exministra Sandoval cuando declaró como imputada.

De acuerdo a la publicación en prensa de este miércoles, Moreno, quien entregó su testimonio el 24 de enero como testigo, dijo no se les hizo “ningún tipo de advertencia” por parte de Diez, respecto a si existía algún tipo de conflicto de interés.

Oposición amenaza con acusación a Elizalde

En paralelo, el diputado Andrés Longton (RN) informó que no descartaban un libelo “en razón de la patética defensa de la jefa de la división jurídica de Segpres, que hasta la fecha no ha sido cesada en su cargo, probablemente por la cercanía, amistad, o probablemente porque sabe la verdad. Y eso tiene que ver con que posiblemente informó al Presidente de la República y al ministro en ese momento de Segpres, el señor Elizalde. Por eso hoy día el presidente es incapaz de tomar una decisión de sentido común”.

El parlamentario opositor agregó que por mientras “vamos a presentar a la Contraloría para que pueda determinar si es que la jefa jurídica cumplió con sus obligaciones legales, que evidentemente que no lo hizo, y que además determine un sumario dentro de la Segpres, cosa que no hizo el ministro Elizalde debiendo haberlo hecho. En razón de eso se van a determinar responsabilidades políticas importantes que pueden caer no solamente en el ministro Elizalde, sino que también en el Presidente de la República. El ministro Elizalde, que ahora es ministro del Interior, al parecer sigue sin cumplir con sus obligaciones”.

Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, agregó que “a esta altura, resulta imposible sostener que la abogada Moya, estrecha colaboradora y cercana amiga del Presidente de la República, no le haya advertido al Presidente la grave inconstitucionalidad de la que estábamos hablando. Todo parece ser parte de un mecanismo a través del cual Francisca Moya se inculpa… parece entenderse como una forma de proteger al propio Presidente”.

Según consignó La Tercera, consultado por las advertencias, Elizalde dijo que una acusación constitucional “tiene que hacerse sobre la base de fundamentos que establece la propia Constitución”, lo que a su juicio no se cumplen en este caso.

Respecto al rol de Moya en la compra de la casa del expresidente, el actual ministro del Interior señaló que ella respondió preguntas en la comisión investigadora. “Explicamos dónde estaba radicado el proceso y lo que le correspondió a la división jurídica legislativa y ese tema quedó más que claro en la comisión investigadora”, sostuvo.

Además, el extitular de la Segpres indicó que, “en lo que respecta al decreto firmado por el Presidente de la República, la propia contralora general de la República dijo que era conforme a derecho y conforme a la Constitución y tanto es así que se tomó razón del mismo”.