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Foto: AgenciaUNO
TC confirma destitución de senadora Isabel Allende con solo dos votos en contra
El Tribunal Constitucional confirmó la cesación del cargo de la legisladora e hija del expresidente Salvador Allende por su rol en el fallido contrato de compraventa con el Estado de la casa de su padre. “Me destituyen por una inadvertencia, jamás por un delito”, declaró la senadora. [ACTUALIZADA]
En un fallo de alto impacto político e institucional, del cual hasta ahora solo se tenía conocimiento a través de la prensa, el Tribunal Constitucional (TC) confirmó este jueves la cesación en el cargo de la senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende Bussi, hija del expresidente Salvador Allende.
El tribunal dio a conocer los detalles de la sentencia, acordada por mayoría absoluta. El documento, de 80 páginas, explica los fundamentos de la decisión del organismo, que por ocho votos contra dos resolvió acoger los requerimientos del Partido Republicano y de Chile Vamos. Los votos disidentes fueron de los ministros Catalina Lagos Tschorne y Mario Gómez Montoya.
Esto último sacudió a La Moneda el pasado 3 de abril, ya que es el oficialismo el que mantiene la mayoría en el TC. Esto cobra especial relevancia porque las ministras designadas por el presidente Boric, Daniela Marzi y Nancy Yáñez, votaron a favor de destituir a la senadora Allende. Ambas son cercanas al Frente Amplio, lo que había generado indignación en sectores socialistas.
Los dos grupos de diputados de derecha argumentaron que la parlamentaria incurrió “a sabiendas” en una causal expresa de cesación al celebrar, mediante un representante, el —posteriormente fallido— contrato de compraventa de un inmueble con el Estado.
El conflicto se origina en la venta de una propiedad ubicada en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia, de la cual Isabel Allende es copropietaria junto a otros familiares. El bien iba a ser vendido al Fisco de Chile, específicamente al Ministerio de Bienes Nacionales, como parte de una iniciativa para preservar sitios de memoria histórica asociados a expresidentes, en este caso, Salvador Allende.
Pese a que la transacción posteriormente resultó frustrada, la senadora otorgó poder especial a Felipe Vio Lyon para que actuara como su mandatario en la operación de venta, cuya escritura pública fue firmada el 30 de diciembre de 2024, en plena vigencia de su mandato parlamentario. El inmueble iba a ser adquirido por el Estado por un monto equivalente a 24.291,72 Unidades de Fomento, pagado al contado, según consta en la escritura.
La causal invocada por los diputados opositores se basa en el artículo 60, inciso segundo, de la Constitución Política, que establece que cesará en el cargo “el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”. Esta prohibición también se extiende al uso de mandatarios, como fue el caso.
El TC concluyó que, al celebrarse el contrato de compraventa con el Fisco, incluso a través de un representante legal, la senadora incurrió en una conducta prohibida por la Constitución. Pese a los argumentos de defensa, que apuntaban a que el contrato formaba parte de un procedimiento administrativo no perfeccionado por faltar el “Decreto Aprobatorio”, el Tribunal sostuvo que el acto jurídico fue celebrado de forma válida y tuvo efectos jurídicos concretos. En este sentido, la mera suscripción de la escritura de compraventa bastó para configurar la infracción constitucional.
Defensa de la senadora Allende: argumento patrimonial y de interés público
En su defensa, Allende alegó que la venta fue parte de una política pública para preservar sitios de memoria, respaldada por la Ley de Presupuestos 2024 y autorizada por decreto presidencial. Sostuvo que no hubo provecho económico indebido ni influencia ejercida desde su cargo, y que actuó como una de varias copropietarias sin intervención directa en la fijación de los términos contractuales.
Además, señaló que el contrato no estaba perfeccionado en términos administrativos, ya que no se había dictado el Decreto Aprobatorio que, conforme al procedimiento del derecho público, sería necesario para que el acto surtiera todos sus efectos legales.
Allende: “La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre”
Posterior a la publicación de los argumentos del TC, a través de un comunicado, la senadora Isabel Allende manifestó que la inédita destitución “se ha originado en una motivación política de la derecha en respuesta a la voluntad del Gobierno de Chile de convertir la casa de mi padre, el ex Presidente Salvador Allende Gossens, en un museo público y preservar así la memoria que la casa contiene”.
Reiterando que siempre actuó de buena fe, la legisladora sostuvo que “accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el Sr. Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional. Argumento que no fue recogido y que implica mi cese inmediato”.
Y agregó: “La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre. Hoy me destituyen del cargo de senadora de manera inapelable, y además debo enfrentar un proceso penal con la certeza de no haber cometido ningún delito. Han sido meses muy duros, en los que se generó un daño irreparable a nuestra familia y donde se ha puesto en tela de juicio nuestra honra y la tradición republicana”.
Isabel Allende dice que se va con la frente en alto, dejando claro que “en mis treinta años de servicio público he actuado siempre con total integridad”.
En ese sentido, reiteró que “me destituyen por una inadvertencia, jamás por un delito o una intención de perjudicar a mi país”. La senadora concluyó que “el tiempo se encargará de darnos la razón y reivindicará el noble propósito de preservar la memoria de lo que quiso ser un museo público de la casa de mi padre, que cuenta hasta el día de hoy con el respeto y cariño entrañable de miles de compatriotas que valoran su legado”.
Cabe mencionar que este mismo jueves Bernardita Nazar, abogada asesora del Ejecutivo, presentó su renuncia tras el escándalo por la compra fallida de la casa de Guardia Vieja, que perteneció a Salvador Allende. Esta dimisión se suma a una serie de renuncias en el gobierno relacionadas con el caso.
Además, ayer, durante la sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la jefa de la división jurídica-legislativa de la Segpres, Francisca Moya, reconoció que su equipo conocía la normativa sobre inhabilidades que afectaban tanto a la senadora Isabel Allende como a la exministra Maya Fernández, pero que —aseveró— le correspondía la revisión de otros temas. La oposición y sectores del PS exigen su renuncia.
El pronunciamiento del Tribunal
El TC fue enfático al señalar que su competencia se limita a verificar la configuración de las causales constitucionales expresamente señaladas y que no tiene margen para interpretar más allá de su literalidad. En su sentencia, recalca que la norma constitucional es clara y de derecho estricto: la simple celebración del contrato, incluso mediante representante, basta para configurar la causal de cesación.
“La Constitución establece una prohibición clara, y el contrato fue celebrado en nombre de la senadora, con plenos efectos jurídicos. Por tanto, corresponde aplicar la sanción constitucional de cesación en el cargo”, sostiene el fallo.
La decisión marca un precedente sin parangón reciente en la política chilena: es la primera vez que el Tribunal Constitucional declara la cesación de un parlamentario por esta causal específica. La destitución de Allende Bussi no solo significa una pérdida para el Partido Socialista, sino que también tiene implicancias simbólicas por el peso histórico de su figura y apellido.
La decisión ya fue informada al Senado.
