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Cámara despacha al Senado proyecto que impide pago en efectivo a abogados defensores de narcos
La norma, que excluye a defensores públicos, busca garantizar el origen lícito de los honorarios y permite a la UAF recibir información sobre los pagos. Su incumplimiento podría implicar suspensiones de hasta un año.
La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que obliga a los abogados defensores de imputados por delitos de drogas, terrorismo, corrupción o asociación delictiva a recibir sus honorarios mediante métodos rastreables, es decir, evita las transacciones en efectivo. La iniciativa, aprobada por unanimidad, establece el uso de cheques, transferencias electrónicas u otros medios para garantizar el origen de los fondos.
El texto fusiona las mociones presentadas por el diputado Jaime Araya (Indep-PPD) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI). La norma se aplica a abogados que defiendan a imputados por la Ley 20.000, delitos funcionarios del Código Penal, asociaciones delictivas y crímenes terroristas.
Entre otras cosas, le otorga a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la facultad de recibir información sobre estos pagos. Este último punto se votó por separado, con 109 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.
“Después de un largo trabajo por fin se ha despachado al Senado este proyecto de ley que busca acreditar el origen ilícito del dinero que se paga en la fianza en las causas de narcotráfico, ya que es incomprensible que con el producto de la venta de drogas se financie el pago de millonarios honorarios en billetes a los abogados que los defienden”, señaló el diputado Araya. “Cuando alguien le roba al Estado, con ese mismo dinero puede financiar su defensa. Este proyecto aporta trazabilidad a los millonarios pagos, y por lo tanto le crea un serio problema al narco y a la corrupción”, explicó.
Los abogados que no cumplan con estas exigencias podrían enfrentar suspensiones de entre seis meses y un año. Sin embargo, la norma excluye a los defensores de la Defensoría Penal Pública.
Araya defendió la iniciativa y aseguró que “no se criminaliza ejercer como abogado penalista, sino que se asegura que las defensas se realicen en el marco de la ley”.
