La píldora que no se traga: Ley de Fármacos II podría volver a quedar en lista de espera

Lo único claro hasta ahora es que, según el reglamento, para reabrir cualquier tema se requiere la unanimidad de los senadores y diputados de la comisión mixta. Existe esa unanimidad para algunos (pocos) temas, pero no para otros (muchos). En la próxima sesión –convocada para este miércoles– recién se votará si esa reapertura será total o parcial, y cuál será el mecanismo para ello.

Se trata de la Ley de Fármacos II (aunque ya se habla de una tercera), un proyecto que ingresó al Congreso en 2015 y que, pese a escasos avances, aún no ve la luz. Y todo indica que no lo hará pronto.

El proyecto ya vivió un recambio de parlamentarios en 2022 y el caso de la abogada Andrea Martones –quien asesoraba a senadores del ciclo anterior y actualmente enfrenta una querella por tráfico de influencias– suma nuevos antecedentes. Ahora, estos estarían vinculados con la Ley del Cáncer y la Ley Ricarte Soto, lo que podría volver a convertir la iniciativa en una píldora difícil de tragar, que (otra vez) tendría que asumir la próxima composición del Congreso.

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Si bien el senador Francisco Chahuán (RN) –presidente de la comisión mixta y quien espera que el proyecto vea la luz este año– confirmó la votación sobre la reapertura del debate para este miércoles, es posible que la discusión vuelva a centrarse en la receta tipo “lawfare“ o el  “barro” que enturbia la Ley de Fármacos II.

Y es que el diputado Andrés Celis (RN) se prepara para mencionar en la sesión de este miércoles la reciente querella que presentó ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra de la abogada Andrea Martones por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Martones, hasta 2022, asesoró ad honorem a algunos senadores de la legislatura anterior, mientras revisaban la Ley de Fármacos II. Actualmente, ya enfrenta una querella presentada por la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes (AFFI), representada por el exfiscal Carlos Gajardo, por tráfico de influencias y posible cohecho, debido a que en paralelo a la discusión se revelaron pagos de laboratorios farmacéuticos.

Según la nueva acción judicial impulsada por el diputado Celis y el abogado Luis Eduardo Cantellano, Martones también habría tenido un rol clave en la inclusión de un artículo en la Ley del Cáncer que “benefició a la industria privada”, además de haber “filtrado” información sobre la Ley Ricarte Soto a ejecutivos del sector.

El diputado Celis afirmó que “van a seguir apareciendo sorpresas”. A su juicio, “está ley no está sucia, pero está llena de barro”. No obstante, ve una posibilidad de avanzar, la que dependería del Gobierno.

“Yo le pido al Ejecutivo que le quite la discusión inmediata y que evalúe seriamente, o bien presentar una indicación sustitutiva (o una Ley Corta) que vaya directamente a la rebaja de los precios, que es lo que les importa a todos los chilenos, o bien que esto quede ya para el próximo periodo legislativo”, sentenció.

Según Celis, una indicación sustitutiva podría requerir cuatro o cinco meses, pero enfatiza que esta debe ir directamente a lo que importa, la rebaja en el precio de los medicamentos.

Desde el Ejecutivo, en la última sesión del 12 de marzo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, reafirmó el interés del Gobierno en la aprobación del proyecto. Dijo que en La Moneda ven con buenos ojos el avance de la iniciativa tal como está. Sin embargo, la secretaria de Estado precisó que “si existía la disposición por parte de los parlamentarios de reabrir el debate, el Ministerio de Salud, nosotros, estamos dispuestos a colaborar en esa discusión para mejorar el proyecto”.

En esa misma sesión, el senador Juan Luis Castro (PS) propuso que los asesores designados por los parlamentarios y el ministerio realicen una declaración de intereses para evitar conflictos. “Esto no va a ser un libro abierto, pero sí debemos discutir los temas prioritarios con total claridad”, aseveró. La propuesta también fue respaldada por el senador Chahuán, quien se comprometió a garantizar la transparencia en la comisión técnica.

Esto último coincide con la reciente renuncia del asesor del Minsal Jaime Junyent, quien fue asesor del exsenador Rabindranath Quinteros (PS), durante la discusión del proyecto en 2022, uno de los legisladores asesorados por la investigada abogada Andrea Martones. Eso sí, fuentes cercanas al Minsal afirman que su salida se debió solamente a que tenía otros proyectos por delante.

Desde la cartera de Salud explican que todos los temas legislativos ahora están a cargo del abogado Cristián Miquel, exasesor del senador Juan Ignacio Latorre y exjefe de gabinete del exministro Marco Antonio Ávila.

Por ahora, en la mira de la cartera conducida por la doctora Aguilera no solo está hacerse cargo de las listas de espera. El arribo de Bernardo Martorell (PPD) a la Subsecretaría de Redes Asistenciales –tras la renuncia voluntaria de Osvaldo Salgado– dejó vacante el cargo de coordinador de la reforma de salud, una de las promesas más importantes del Presidente Gabriel Boric y una de las tareas clave del Minsal.

Según consignó La Tercera, el pasado 2 de abril se confirmó que la coordinación del sistema de salud será asumida por Sergio Sánchez (PS), asesor de la titular de Salud. Aguilera le encargó a Sánchez la coordinación de la parte legislativa de la reforma de salud, mientras que Martorell continuará con otros aspectos operacionales del proceso.

Las consultas sobre el tema fármacos no han sido contestadas por el Ministerio de Salud, aunque podría haber novedades esta semana.

El senador Chahuán confirmó que ya hubo una reunión con todos los asesores de los parlamentarios y del Minsal la última semana de marzo, donde lograron “en principio” que todos estuvieran de acuerdo en la apertura del debate de la Ley de Fármacos II, pero quedó pendiente la respuesta de la secretaría de la comisión en los términos planteados por los asesores de los senadores. Este miércoles debería haber una votación sobre la reapertura.

El senador Javier Macaya (UDI) mencionó que, por ejemplo, habría unanimidad respecto a la prescripción por Denominación Común Internacional (DCI) para que sea parte del texto lo antes posible. Pero no hay esa unanimidad, por ejemplo, respecto a la fijación de precios, a pesar de que se trata de un tema que ya tiene una norma cerrada.

De acuerdo con el legislador, el objetivo más próximo es generar unanimidad respecto a los temas que se van a reabrir, pero también respecto a aquellos que no van a ser parte de la ley final y para eso –dijo– se requeriría la reapertura total.