Organizaciones de DD.HH. temen por continuidad del Plan de Búsqueda tras dichos de Matthei

En el marco de la polémica generada por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei –quien afirmó esta semana que el golpe de Estado “era necesario” y que “era bien inevitable que hubiese muertos” durante los primeros años de dictadura–, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, respondieron a los dichos de la exalcaldesa mediante una carta en el diario La Tercera: “Compromiso por la democracia siempre”.

“Así se titula el documento firmado por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font y los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñera Echenique, cuyo propósito es cuidar la memoria de nuestro país y poner a los derechos humanos como un valor irrenunciable de la democracia”, señala la misiva. 

En concreto, las autoridades recordaron el compromiso de los exmandatarios, con el fin de hacer un emplazamiento a “quienes aspiran a ser, en tanto máxima autoridad de nuestro país, los responsables y principales defensores del legado democrático chileno”. Además, señalaron que “la búsqueda de justicia sigue en curso, en la lucha contra la impunidad y los pactos de silencio”. 

La expresión institucional de dicho proceso hoy se traduce en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, política pública de carácter permanente, que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, además de garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad respecto de los mecanismos de búsqueda. 

La iniciativa comenzó su implementación en noviembre del 2023, donde los resultados han sido monitoreados por el Comité de Seguimiento y Participación, integrado por diferentes actores, entre ellos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

La presidenta de la AFDD, Gaby Rivera, ha reiterado que los resultados deben ser con sentido de urgencia, donde “el tiempo biológico y el tiempo que queda de Gobierno es muy importante”. Por lo que la reconstrucción de trayectorias vitales y la búsqueda forense en terreno deben ser prioritarias, ante la incertidumbre del esfuerzo institucional que tendría una eventual administración de derecha a partir de 2026.

¿Cuáles han sido los avances? 

En la página web oficial se presentó por primera vez la “Nómina única de víctimas de desaparición forzada”, trabajo que fue realizado sobre la base de los informes de personas víctimas de desaparición forzada calificadas por las comisiones de verdad.

Hasta el momento, en Chile no existía un registro oficial y centralizado de la nómina de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos –período 1973-1990–. Según lo consignado en el Boletín de abril 2025, tras la revisión y análisis de los casos se llegó a la conclusión de que las víctimas forman un universo de 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas y 377 a personas ejecutadas sin entrega de cuerpos.

Además, el boletín confirma la creación del mecanismo oficial de incorporación de personas víctimas de desaparición forzada a la nómina a través de criterios dialogados con las agrupaciones y familiares, y con el Comité de Seguimiento y Participación.

Lo anterior, bajo el argumento de que existe nueva información de personas víctimas declaradas sin convicción por las comisiones de verdad o de personas cuyos antecedentes de desaparición nunca fueron presentados ante las comisiones.

Mapa de trayectorias 

El sitio web también contiene el primer trabajo de reconstrucción, de carácter progresivo, de la trayectoria seguida por las víctimas tras quedar bajo la custodia de agentes del Estado, presentado a través de un mapa, con el objetivo de ir situando geográficamente dicho desplazamiento. 

El mapa sistematiza y presenta la información de fuentes oficiales, como son las comisiones de verdad y las resoluciones y sentencias judiciales que investigaron las acciones represivas, entre otras.

El documento además señala que el desafío de producción y actualización de datos para el mapa georreferenciado de las trayectorias de las personas constituye una de las principales líneas de trabajo para este año.

Por lo mismo, se incorporará al mapa a las víctimas de ejecución política, sin distinción de si sus cuerpos fueron entregados o no, lo que permitiría entender el despliegue de la represión con la complejidad que tuvo a lo largo del país, durante 17 años, con el fin de entender los patrones macrocriminales que emplearon los agentes civiles y militares durante la dictadura.

Trabajos en terreno

De acuerdo con lo que consigna el último Boletín, el n°7, a la fecha el Programa de Derechos Humanos contabiliza que, del total de los sitios con investigaciones en curso, en 16 se están realizando trabajos en terreno. En ellos se ha realizado un total de 21 diligencias, las que van desde la aplicación de tecnología hasta el relevamiento de antecedentes. De estos, 12 corresponden a búsquedas judiciales y nueve a búsquedas extrajudiciales. 

Los trabajos en terreno van desde la toma de relatos o georreferenciación hasta las excavaciones arqueológicas según instrucción judicial, que forman parte de la última fase en torno a las búsquedas de las personas víctimas de desaparición forzada.

Iglesia católica se integra al Comité de Seguimiento y Participación 

El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda tuvo su primera sesión del año 2025 el pasado 21 de enero.

En la instancia participó Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD); Erika Hennings, directora de Londres 38, espacio de memorias; Mónica Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta; Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales; Patricio Bernedo, director del Centro para el Diálogo y la Paz, Universidad Católica; y Daniela Accatino, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Austral.

En esta última sesión se dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric invitó al arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, a formar parte del comité, considerando el trabajo que la Iglesia católica realizó en tiempos de dictadura. En respuesta, el cardenal Chomali ha designado al padre Tomás Scherz Take como su representante.

Por otra parte, los consejeros asistentes abordaron la necesidad de que el Servicio Médico Legal (SML) dé cuenta del estado de avance de los procesos de investigación que están a su cargo. Asimismo, se solicitó al Programa de Derechos Humanos la elaboración de un informe de gestión 2024 y proyecciones 2025 del Plan Nacional de Búsqueda, con la finalidad de evaluar el estado de cumplimiento y sugerir recomendaciones de implementación.

Expropiación de Colonia Dignidad 

A raíz del anuncio presidencial, en mayo de 2024, el ministro de Justicia y Derechos Humanos solicitó al ministro de Vivienda y Urbanismo ejercer las facultades expropiatorias respecto de los terrenos e instalaciones de la ex Colonia Dignidad.

La medida comprende lugares e inmuebles vinculados a violaciones de los derechos humanos de los colonos y opositores políticos de la dictadura.

Algunos de los espacios expropiados son la casa de Paul Schäfer, donde recibía a sus visitas, entre quienes se encontraban altos jerarcas de la dictadura. También, la bodega de papas, espacio donde fueron encarcelados y torturados los prisioneros políticos chilenos durante la dictadura cívico-militar. Fosas identificadas producto de la investigación de los equipos forenses que han buscado restos de detenidos desaparecidos, lugares que dan cuenta de la participación de Colonia Dignidad en la represión política y en la “Operación Retiro de Televisores”, como se llamó a la inhumación y exhumación de cuerpos de opositores políticos asesinados.