Nuevo observatorio del crimen organizado expone cifras de última década: homicidios aumentaron 86%

En una ceremonia encabezada por autoridades académicas y gubernamentales, la Universidad Andrés Bello (UNAB) inauguró oficialmente el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT), una iniciativa impulsada por el Instituto UNAB de Políticas Públicas (IPP), con el objetivo de aportar desde la academia a la comprensión y monitoreo de fenómenos criminales que afectan al país.

La actividad contó con la participación del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien valoró positivamente este esfuerzo académico.

Durante el evento, se presentó el informe “Radiografía de la seguridad en Chile 2014-2024: desafíos a la luz del Ministerio de Seguridad Pública”, elaborado por el equipo del nuevo observatorio, coordinado por el académico de la Facultad de Derecho Pablo Urquízar.

El estudio entrega una visión detallada del deterioro en los índices de seguridad pública en la última década y plantea siete desafíos clave para la recién creada Secretaría de Estado dedicada exclusivamente a esta materia.

Compromiso académico y público con la seguridad

Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas; Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT UNAB; Lucía Dammert, socióloga y experta en seguridad pública y Pablo Zeballos, especialista en Inteligencia.

El rector de la UNAB, Julio Castro, destacó el rol de la universidad como un actor propositivo en el ámbito de las políticas públicas. “Queremos seguir siendo una universidad que entrega información objetiva sobre este tipo de materias, para que las autoridades de gobierno puedan tomar decisiones y ejercer políticas públicas”, afirmó.

Por su parte, Raúl Figueroa, director ejecutivo del IPP y  exministro de Educación del gobierno de Piñera, recalcó el compromiso institucional con el desarrollo del país y la importancia de enfrentar el crimen organizado y el terrorismo como barreras al bienestar social. “Lo que busca el Observatorio es aportar y contribuir al diseño de herramientas que permitan recuperar un país más seguro”, señaló.

En representación del Gobierno, el subsecretario Rafael Collado destacó la necesidad de contar con políticas de seguridad basadas en evidencia. “Todo esfuerzo privado que busque profesionalizar el sector seguridad se valora positivamente”, comenzó diciendo.

Y agregó: “La política pública en materia de seguridad, ahora que tenemos un ministerio dedicado ciento por ciento del tiempo a esa tarea, es un deber que sea profesional, que se base en la evidencia y que sea construido mediante políticas de largo plazo, que permitan que la contingencia tenga una respuesta en políticas públicas basada en esos datos”.

A sus palabras se sumó el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, quien subrayó la relevancia del OCRIT en la generación de políticas públicas pertinentes, especialmente en lo relacionado con la niñez y adolescencia. “Faltan herramientas para que este problema sea abordado con sentido de pertinencia. La labor del Observatorio puede ayudarnos a instar al gobierno a cumplir sus compromisos en materia de derechos de la niñez”, puntualizó.

Resultados del informe

El informe presentado por Urquízar apunta a un deterioro en los indicadores de seguridad en el país durante la última década. Entre los datos más alarmantes destacan:

• Homicidios: aumento del 86%
• Secuestros: alza del 74%
• Porte de armas de fuego o explosivos: incremento del 62%
• Tráfico de drogas: aumento del 29%
• Usurpaciones: suben en un 28%
• Extorsiones: de 4 casos en 2014 a 303 en 2024

Según el estudio, actualmente hay 12 organizaciones criminales transnacionales con presencia en Chile, entre ellas el Tren de Aragua, Los Shottas, Jalisco Nueva Generación, Los Trinitarios y el Clan Bang.

“El análisis de los últimos 10 años permite concluir un incremento sustantivo de los delitos potencialmente vinculados al crimen organizado en Chile”, advirtió Urquízar.

Panel de expertos: un llamado a integrar la evidencia

Tras la presentación del informe, se realizó un panel de conversación moderado por Urquízar, en el que participaron la socióloga y exjefa de asesores del gabinete del Presidente Gabriel Boric, Lucía Dammert, y el especialista en inteligencia y consultor internacional en materias de seguridad, Pablo Zeballos.

Durante el panel de conversación Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT UNAB; Lucía Dammert, socióloga y experta en seguridad pública y Pablo Zeballos, especialista en Inteligencia.

Dammet sostuvo que Chile debería comenzar a poner el foco no sólo en los delitos de mayor connotación social, que representan el 50% de los delitos, sino que incorporar el otro 50% que se denuncian a la policía, pero que no se han logrado integrar en las estadísticas.

“Hay mucha más violencia y se muestra en la cantidad de armas que hay, que no solamente están vinculadas al crimen organizado, hay mucha violencia intrafamiliar, contra las mujeres. Los delitos comunes aún están presentes, en algunos casos vinculados a crimen organizado y en otros no, a todos los que les han robado el celular, la bicicleta, está muy presente y vale la pena verlo”, explicó la socióloga.

“Chile se integró al marco de los mercados ilegales. No es sólo un problema de criminalidad organizada. En Chile hay presencia de mercados como la trata de personas, el tráfico de migrantes, el ingreso de oro ilegal y narcotráfico de drogas químicas”, añadió Dammert.

Finalmente, Zeballos, experto en crimen organizado, sostuvo que la creación de este tipo de observatorio es una oportunidad para el Estado. “Es un orgullo como chileno saber que estas iniciativas surgen de una forma con una metodología. Todos tenemos una percepción de que algo está cambiando, pero necesitamos las cifras y ese análisis sobre cómo nos afectan esas cifras”, concluyó el investigador.