Proyecto que pone fin al CAE avanza bajo presión a menos de un año de que concluya el Gobierno

Este lunes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Mecanismo que reemplazará los actuales créditos estudiantiles, incluyendo el Crédito con Aval del Estado (CAE).

La propuesta busca cumplir parcialmente una de las principales promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, por lo que su tramitación es parte de las prioridades para este último año de administración. 

Si bien no es la condonación universal que se había planteado en un principio, el proyecto ofrece un plan de reorganización y condonación de las deudas educativas con diferentes modalidades, al cual podrán adscribirse voluntariamente los deudores de créditos CAE, Fondo Solidario y Corfo. Esto, además de un nuevo mecanismo de financiamiento que pone fin a la participación de la banca.

El texto ahora deberá ser analizado por la Comisión de Hacienda antes de llegar a Sala, para posteriormente continuar su tramitación en el Senado. Y si bien desde el Gobierno valoraron el despacho de la iniciativa y el consenso sobre la condonación, reconocen que existen puntos críticos respecto al sistema de financiamiento que se propone. 

En esa línea, el proyecto ha generado algunas críticas relativas a la posibilidad de afectar la sustentabilidad financiera de las instituciones de educación superior, especialmente las privadas, y limitar la diversidad y autonomía del sistema educativo. 

Fin al CAE contra el tiempo 

A menos de un año para que concluya el Gobierno del Presidente Boric, parlamentarios oficialistas observan con particular atención la velocidad con la que avanza la ley que pone fin al CAE. Los cálculos indican que la iniciativa debe ser aprobada en el primer semestre por la Cámara para que la tramitación en el Senado tenga el tiempo suficiente y pueda ser despachada antes de marzo de 2026.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, valoró el avance tras su aprobación en la Comisión de Educación y manifestó que desde el Ejecutivo seguirán trabajando “a toda velocidad”.

“Este proyecto es prioritario, porque debemos dar una respuesta a las familias que hoy cargan con una pesada mochila de deudas por estudiar, y debemos también hacernos cargo de la presión que el actual funcionamiento del CAE significa para las arcas fiscales y para las instituciones. Es por esta razón que el Gobierno ha puesto suma urgencia a la discusión”, dijo la autoridad a El Mostrador.

En ese sentido, también afirmó que los esfuerzos apuntan a que la iniciativa sea ley dentro del mandato del Presidente Boric. “La sociedad chilena nos exige llegar a un entendimiento en esta materia, y confiamos en que este espíritu finalmente va a primar también en el debate político”, indicó.

Asimismo, la diputada Emilia Schneider (FA) calificó como un paso fundamental el avance del proyecto, “para terminar con algo que se ha convertido en un abuso para las familias, un despilfarro de recursos del Estado y un gran estrés para las instituciones de educación superior”.

Consultada por la incidencia del periodo electoral en la tramitación de esta iniciativa, Schneider señaló que “independientemente de si vamos a la reelección o no, espero que trabajemos hasta el último día como corresponde, legislando de cara a la gente, sacando adelante las urgencias. (…) Espero que ningún parlamentario o parlamentaria busque utilizar como excusa que nos encontramos en etapa electoral”.  

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, Mónica Arce (Ind), señaló que el punto más conflictivo en la discusión fueron “las acusaciones de la oposición al Ejecutivo de no considerar sus observaciones al proyecto y su insistencia por generar fake news, como, por ejemplo, que son 20 años de pago o que el Estado busca lucrar con el FES”.  

“Este es un proyecto esperado por las comunidades educativas que lo necesitan y, en ese sentido, espero que se cumplan los plazos. Si su votación coincide con la época electoral, espero que mis compañeros diputados voten desde la convicción y no desde la ideología. Que el debate sea con altura de miras y no se base en fake news o exageraciones burdas”, insistió. 

Críticas al proyecto

Desde la oposición hubo respaldo al fin del CAE y a la condonación de deudas, pero plantearon reparos sobre el nuevo instrumento de financiamiento que este proyecto establece.

La diputada Marcia Raphael (RN), integrante de la Comisión de Educación, lamentó la aprobación de la iniciativa, la que –a su juicio– responde a un enfoque ideológico que debilita gravemente la autonomía de las instituciones de educación superior.

“Existe un consenso transversal en que tenemos que modificar el CAE, pero no con un proyecto como este, que limita el proyecto de cada universidad, eliminando el copago. Estas van a perder su autonomía, no contarán con recursos para infraestructura o para investigación”, señaló.

Por su parte, el diputado UDI Sergio Bobadilla advirtió que “existen muchas incertidumbres para los estudiantes, se los obliga a endeudarse por el 100% del arancel y por 20 años. Esto atenta contra la libertad que deben tener los alumnos”. Además, criticó que el Gobierno no acogiera la solicitud de la oposición para dividir el proyecto. “Una cosa era el financiamiento y otra la condonación del CAE”, sostuvo. 

En esa línea, diferentes actores de la educación también han levantado alertas sobre algunos aspectos del proyecto relativos al nuevo mecanismo de financiamiento. 

Para el rector de la Universidad Central, Santiago González, la solución sería avanzar en la parte del proyecto que resuelve el problema de morosidad a los deudores CAE y dejar para una evaluación más profunda el nuevo sistema de financiamiento.

Los principales reparos de la autoridad universitaria radican en que el proyecto establece solo la posibilidad de acceder a un financiamiento estatal a través del FES por el total del arancel, aumentando el monto de la deuda al egresar: “Fija un plazo de pago para los estudiantes de un máximo de 20 años, calculado sobre la base de 2 años por semestre cursado y asociado a un pago como porcentaje de su renta, lo cual en algunos casos podría llevar a que el estudiante termine pagando una cantidad mayor”. 

El rector UCEN también advierte que a las instituciones que accedan al FES se les impide cobrar un copago por arancel y que el sistema fija el monto del arancel regulado que financiará el Estado, aplicándolo hasta el noveno decil, el cual es significativamente menor al arancel real de las carreras, generando una brecha difícil de abordar por las instituciones. Lo que afectaría “la calidad de la educación, la investigación que realizan las instituciones y la vinculación con el medio que se lleva adelante con la comunidad”.