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Crédito: Agencia Uno
Suprema confirma condenas a exmilitares por homicidio de catorce dirigentes en 1973
La Corte Suprema confirmó condenas contra dos exmilitares por el asesinato de catorce dirigentes en Barrancas tras el golpe de 1973. La decisión, considerada clave por los familiares, marca un paso más en la lucha contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad en Chile.
En un fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó las condenas contra exmilitares del Ejército por los homicidios de catorce dirigentes políticos y poblacionales en la comuna de Barrancas, actual Pudahuel, cometidos entre septiembre y octubre de 1973. La sentencia corresponde al episodio denominado “Casa de la Cultura de Barrancas”.
La Sala presidida por el ministro Leopoldo Llanos e integrada por los ministros suplentes Eliana Quezada, María Carolina Catepillán y Juan Cristóbal Mera, y el abogado integrante Eduardo Gandulfo, por mayoría, decidieron rechazar los recursos presentados por la defensa de los acusados y confirmaron lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en diciembre de 2020, condenando a los exmilitares Jorge Reyes Morel y Pedro Lovera Betancourt, ambos a 15 años y 1 día, como autores de los homicidios calificados y consumados de Raúl Eliseo Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra, Mario Gabriel Salas Riquelme y José Eusebio Villavicencio Medel; además del homicidio calificado, frustrado, de Luis Sergio Gutiérrez Rivas.
Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre Donato López Almarza debido a su estado de enajenación mental ni sobre Carlos Silva Pérez y Jorge Turres Mery, quienes fallecieron durante el proceso.
Francisco Ugás, del estudio Caucoto Abogados y representante de familiares de las víctimas, valoró la decisión del tribunal como un paso clave en la lucha contra la impunidad, destacando que se cumple con el deber del Estado de sancionar estos crímenes. No obstante, lamentó que algunos responsables murieran antes de ser juzgados. “Es valioso y destacable que nuestra Corte Suprema haya rechazado, por mayoría, las casaciones impetradas por las defensas de los victimarios en el presente caso, validando la decisión de segunda instancia que pronunció la Corte de Apelaciones de Santiago”, dijo.
La investigación del ministro Mario Carroza reveló que los crímenes ocurrieron durante allanamientos dirigidos por batallones del Ejército en el contexto del golpe de Estado de 1973. Las víctimas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas, algunas en la Casa de la Cultura de Barrancas, mientras que otras fueron encontradas años después en el Patio 29 del Cementerio General. La resolución pone fin a casi cinco décadas de búsqueda de justicia para los familiares.
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