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De la casa de Allende al Segundo Piso: La Moneda exige aclaración a Fiscalía por “pinchazo” a Crispi
Dirigentes del Frente Amplio, el PC y el PPD acusaron una filtración indebida y denunciaron un uso desmedido de herramientas investigativas, sugiriendo incluso motivaciones políticas tras la difusión de la conversación entre Crispi y su madre a raíz de la fallida compra de la casa de Allende.
La polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende sigue provocándole dolores de cabeza al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Un nuevo episodio se sumó tras la revelación de una conversación telefónica captada por la PDI entre el exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (FA), y su madre, la socialista Claudia Serrano, donde se refirió a lo que se ha señalado como ciertas presiones de la exsenadora Isabel Allende (PS) para acelerar el proceso.
El caso ya había provocado la salida de las ministras Maya Fernández (Defensa) y Marcela Sandoval (Bienes Nacionales), además de la destitución de Isabel Allende. La exlegisladora es hija del expresidente Salvador Allende, mientras que Fernández es nieta del mandatario más emblemático para el socialismo chileno. La situación obligó al Gobierno a contener el daño político desde el inicio del escándalo.
El último hito conocido por la prensa fue el extracto de las conversaciones de Crispi, cuyo teléfono fue “pinchado” en el marco de la investigación por el Caso ProCultura (Convenios). En dicha llamada —realizada el 7 de enero—, según la transcripción de la PDI, el exjefe del Segundo Piso expresó que la destituida senadora Allende “llamó hasta al portero del Ministerio, hueveando que se haga (la compra estatal de la casa del exmandatario). Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende, quienes son totalmente incompetentes”.
“Medidas intrusivas requieren de una alta justificación”
Hoy, desde La Moneda, la vocera (s) Aisén Etcheverry abordó el tema subrayando que la interceptación es una medida “intrusiva” que requiere “alta justificación” y reiteró que el Ejecutivo no puede pronunciarse sobre decisiones de la Fiscalía ni de los tribunales. “No nos corresponde como Gobierno ni pedir explicaciones ni darlas por actos que no nos competen”, recalcó Etcheverry.
En el oficialismo, sin embargo, el malestar se extendió por lo que consideran una nueva filtración indebida desde el Ministerio Público. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó la “naturalización” de medidas intrusivas y deslizó que las filtraciones buscan afectar a un sector político en particular, recordando episodios anteriores como los de Irina Karamanos y Gonzalo Winter.
Una postura similar sostuvo el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien pidió a la Fiscalía explicar “por qué este pinchazo” y alertó sobre un posible uso desmedido de estas herramientas investigativas. José Toro, secretario general del PPD, también cuestionó la filtración y reafirmó su confianza en la versión de la exsenadora Allende, esperando una aclaración pronta de parte de Crispi.
A través de una declaración pública, el abogado Guillermo Chahuán afirmó que Crispi declaró ante el Ministerio Público que la escucha telefónica fue “una conversación informal con su madre, que nunca tuvo conocimiento de presión alguna que hubiera realizado la exsenadora Isabel Allende, y que sí tuvo conocimiento de que la familia Allende estaba representada formalmente por un abogado, quien efectivamente monitoreó el avance del proceso y no advirtió de la inhabilidad”.
“Esperamos tener a la vista la carpeta de investigación, y los fundamentos de la concesión de la medida intrusiva para evaluar los pasos a seguir”, añade la declaración.
Si bien Miguel Crispi no emprendería acciones en contra de la Fiscalía, la medida intrusiva en su contra, según consigna La Tercera, ya activó las alarmas en La Moneda. Esto, pues podría estar en juego el acceso a las conversaciones del círculo más cercano al Presidente Boric por lo menos desde hace cinco meses.
De acuerdo al citado medio, los fiscales del caso han señalado que la interceptación al celular de Crispi está ligada al rol que él ejerció como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) en 2022, época en la que se aprobaron parte de los recursos para la fundación ProCultura.
Defensa de Isabel Allende
La abogada Paula Vial, representante de Isabel Allende, respondió enérgicamente a los dichos de Crispi, calificándolos de “una falta de respeto” hacia la familia Allende. En diálogo con La Tercera, Vial defendió que la exsenadora nunca intervino personalmente en la fallida compraventa, y que todas las gestiones se realizaron a través de un mandatario formal. “Nada de lo que dice Miguel es efectivo. Es él quien debe dar explicaciones”, sostuvo.
Según la defensa de Allende, el proyecto fue impulsado desde Presidencia y se encontraba debidamente aprobado en el Presupuesto, negando cualquier irregularidad por parte de la exparlamentaria.
Congreso citará a Crispi y Allende
Paralelamente, la Comisión Especial Investigadora del Congreso anunció que citará a declarar tanto a Miguel Crispi como a Isabel Allende, además del jefe de Gabinete del Presidente, Carlos Durán, para esclarecer los hechos detrás de la frustrada operación de compra.
Desde la oposición, parlamentarios como Luis Sánchez (Republicano) y Karen Medina (Independiente-DC) endurecieron sus críticas, exigiendo explicaciones del Ejecutivo sobre su eventual conocimiento de la inconstitucionalidad del proceso. Mientras tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) criticó duramente la filtración de información reservada de la carpeta investigativa.
El presidente de la comisión, Andrés Longton (RN), advirtió además sobre eventuales delitos de tráfico de influencias y llamó a profundizar la investigación en torno a las gestiones realizadas para concretar la compra de la emblemática casa de Guardia Vieja.
Vuelve el caso ProCultura
En La Moneda habría preocupación sobre que otros funcionarios puedan estar siendo objeto de interceptaciones, como la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien también ha recibido críticas de la oposición por el caso Convenios.
Se suma el intento de la Fiscalía por incautar los celulares de la exministra Fernández; la exsenadora Allende, y los exasesores del Segundo Piso involucrados en la fallida compra de la casa de Salvador Allende, Leonardo Moreno, Bernardita Nazar, y el propio Crispi. Pero eso no es todo.
En paralelo, en el marco del Caso Procultura, el medio Ex-Ante publicó este lunes que el fiscal a cargo de la investigación, Patricio Cooper, solicitó intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric. No obstante, la solicitud habría sido rechazada por el juzgado de garantía.
“Cuando se trata de conversaciones de jefes de Estado, estamos hablando de conversaciones que pueden, en caso de ser conocidas por terceros, pueden comprometer la seguridad nacional. Los presidentes de la República conversan entre ellos por teléfono y es por eso que existe este resguardo. Por eso estamos a la espera que sea la propia fiscalía quien pueda aclarar si es que este transcendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí tomar los resguardos que sean necesarios”, comentó la ministra Etcheberry, a raíz de esto último.
