Subsecretario Orellana y proyecto FES: “Estamos convencidos de que va a ser ley en este Gobierno”

El proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, fue aprobado en particular por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada, continuando su tramitación en la Comisión de Hacienda.

La iniciativa no ha estado exenta de críticas por parte de diferentes economistas y actores de la educación, que advierten una serie de consecuencias sobre la sostenibilidad del sistema. Algunos cuestionamientos apuntan, entre otras cosas, a que a las instituciones que accedan al FES se les impedirá cobrar un copago por arancel,  fijando el monto del arancel regulado que financiará el Estado –aplicándolo hasta el noveno decil–, el cual sería menor al arancel real de las carreras. Por esto, se estima una caída anual de los ingresos, lo que afectaría la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos.

En conversación con El Mostrador, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señala que el proyecto que pone fin al CAE responde a un proceso de modernización donde “cualquier esquema de transformaciones que se hagan al financiamiento va a generar discusión pública”.

Orellana afirma que el FES no va a poner en peligro la sostenibilidad del sistema y que, de todas formas, desde el Ejecutivo están abiertos al diálogo para eventuales modificaciones en la tramitación legislativa. “Pero creemos que es importante que, cuando hay recursos públicos involucrados, tiene que haber regulación”, dice. 

La autoridad también señala que desde la cartera de Educación harán todo lo posible para que el proyecto sea aprobado durante la administración del Presidente Gabriel Boric, y reconoce que un sector “mayoritario de la oposición” también entiende que tiene que resolverse en este periodo. 

“Más allá del legado de un Gobierno particular, nos parece que es una conquista de todo el Estado y de la sociedad si damos este paso”, indica.

-¿Cómo responde a las dudas y críticas que apuntan a las eventuales afectaciones del FES a las instituciones de educación superior?
-Primero decir que nosotros estamos impulsando una política de modernización integral de la educación superior, que se hace cargo, y en algunos casos actualiza los cambios que se impulsaron en la reforma educacional de la expresidenta Bachelet, que es una reforma todavía en implementación. Proceso que toca temas de distinta naturaleza y, en particular, siempre lo que resulta de mayor debate público son las materias de financiamiento.

Entonces, en cualquier esquema de transformaciones que se hagan al financiamiento, va a haber discusión pública. Pero si tú tomas en consideración la discusión que hubo, por ejemplo, para la propia Ley 21.091, que establece la gratuidad, o la que hubo, por ejemplo, a inicios de los años 2000, con la Ley Marco de las Universidades del Estado, ciertamente esta es una de las tramitaciones legislativas que más ha avanzado en un clima de cordial diálogo con el sistema de educación superior, con el Consejo de Rectores, con las instituciones técnico-profesionales. 

Cuando tú tienes a tope el gasto fiscal en educación superior, es decir, Chile ya invierte en educación superior más que la media de los países de la OCDE, al mismo tiempo que tienes a tope el gasto de las familias –porque las familias pagan aranceles que han subido desde el año 2010 hasta ahora un 44% por encima de la inflación–, no tienes una alternativa aparte de modernizar la educación superior. Y modernizar la educación superior implica hacer ajustes en las trayectorias educativas para ganar en calidad y también para ganar en mayor facilidad y flexibilidad para las personas. 

Además, debemos enfrentar el problema del financiamiento. Es decir, tenemos un sistema muy ineficiente con el CAE, que había llegado a un resultado de ineficiencia producto de elementos no esperados cuando se formuló, y creemos que el FES no va a poner en peligro la sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad del sistema requiere un proceso de modernización de mediano y largo plazo, y  para ese proceso de modernización estamos completamente disponibles al diálogo. 

“Tiene que haber regulación cuando hay recursos públicos”

-Actores de las instituciones privadas han manifestado preocupación…
-Ciertamente que entendemos que pueda haber preocupaciones de algunas instituciones privadas, pero nosotros valoramos ampliamente el papel que ha tenido la educación privada en Chile. Lo que ocurre es que tiene que haber regulación cuando hay recursos públicos y, por supuesto, nadie nos ha planteado –al menos del sistema de educación superior, sí lo plantearon algunos parlamentarios de derecha– que acá volvamos a un esquema en que las universidades puedan recibir recursos públicos y, al mismo tiempo, cobrar lo que quieran a las personas. Eso nosotros consideramos que no es adecuado para el país, para las personas, para el fisco o para la educación superior. 

Por supuesto que estamos disponibles a conversar sobre modificaciones al proyecto del FES, lo estamos haciendo con el Consejo de Rectores y con las universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica. Pero creemos que es importante que, cuando hay recursos públicos involucrados, tiene que haber regulación. 

Y tampoco es saludable que por encima del recurso público las instituciones, insisto, puedan cobrar lo que quieran a las familias de clase media que no son ricos y, por lo tanto, nosotros nos sentimos en la obligación de proteger a las familias, al mismo tiempo que damos una respuesta de largo plazo para la modernización del sistema de educación superior. 

-En esa línea también se han planteado bastante los riesgos de disminución de la autonomía universitaria…
-El sistema de educación superior chileno ha manejado un importante nivel de recursos públicos desde hace mucho tiempo y lo ha hecho sin que haya una intervención gubernamental en el contenido de las formaciones. Es decir, las instituciones son autónomas en lo institucional, en lo académico, son autónomas en el manejo de sus recursos, incluso en las universidades del Estado, y lo que nosotros tenemos en Chile es un sistema de aseguramiento de la calidad que es compatible con la plena libertad de proyectos académicos. 

Por lo tanto, consideramos que la autonomía de las instituciones de educación superior no está en peligro, pero no solo no está en peligro por el FES, sino que en el ordenamiento institucional chileno la autonomía universitaria ha tenido un importante respaldo siempre. 

Por supuesto que a veces hay discrepancias, naturalmente en todo régimen las hay, pero hay muchos fallos del Tribunal Constitucional que establecen la importancia de la autonomía de la institución de educación superior y nosotros sabemos muy bien que cualquier norma, no solo el FES, que contravenga aquello no va a tener mucha viabilidad en el proceso legislativo chileno. 

Por lo tanto, no hay incompatibilidad entre tener una buena regulación que asegure que el sistema en su conjunto marcha en objetivos concordantes con los grandes deseos y anhelos del país, con la autonomía para que diversos proyectos educacionales existan, expresando la diversidad cultural e intelectual de la sociedad chilena.

-Es probable que, en lo que resta de tramitación, la oposición insista en la idea de dividir el proyecto y separar lo que tiene que ver con la condonación y, por otro lado, el sistema de financiamiento. ¿Cómo desde el Gobierno abordarán este tema? 
-Primero quisiera señalar que antes de que nosotros presentáramos el proyecto había una narrativa que la impulsaba una parte de la oposición, que señalaba que abordar el problema del CAE y tener una política de condonación –incluso aunque fuese parcial o moderada, como la que está impulsando el Gobierno– era una irresponsabilidad y un acto de populismo. En gran medida porque eso iba a implicar muchos recursos que se debían gastar en otras áreas. Una vez presentado el proyecto, hemos demostrado con el informe financiero que, en comparación con la situación actual proyectada en una década, nuestro proyecto va a implicar un ahorro cercano a los 3.500 millones de dólares.

Luego de eso, se elaboró una segunda narrativa desde una parte de la oposición, donde se señala que la condonación ya no es un problema, es decir, se elimina totalmente la primera narrativa. Ahora parece que tenemos que gastar más en educación superior. Es decir, el fisco a través de mayor transferencia por aranceles, o sea, las familias a través del copago.

Lo que yo quisiera señalar es que esta segunda narrativa es igual de débil que la primera y por eso no guarda relación lógica con la primera. Tanto el proyecto de la expresidenta Bachelet como el proyecto del expresidente Sebastián Piñera son proyectos que ofrecían una solución equivalente, tanto al stock de endeudados como al flujo.

No resulta posible establecer una solución que separe ambas circunstancias, por lo que supone en términos de la arquitectura institucional, de la lógica de la política pública. El proyecto del expresidente Piñera, si bien de manera mucho más moderada y de forma mucho menos contundente que nosotros, tenía componentes de condonación, y esos componentes eran parte de la misma arquitectura que el proyecto que hemos presentado nosotros. 

Y no es que haya habido una especie de cónclave y nos hayamos puesto de acuerdo los gobiernos de los expresidentes Bachelet, Piñera y el Presidente Boric, en mantener este rasgo. Es que estructuralmente cualquier solución a este problema lo requiere, y creo que esto lo reconocen los expertos y las expertas en la materia.

-¿Cuáles serían esos grandes objetivos que, independientemente de las modificaciones a los mecanismos que habían surgido en la tramitación, al final de la tramitación de este año debieran estar cumplidos con este proyecto?
-Se tiene que acabar el CAE. Es una esperanza de la sociedad. Cuando tú conversas con las personas, no importa si votaron por la oposición o votaron por nosotros o no se interesan en la política, todos quieren que se acabe el CAE.

Luego, tiene que haber un mecanismo de reemplazo que sea compatible con la arquitectura institucional de la gratuidad y no implique retrocesos. Porque la sociedad chilena valora la política de gratuidad y hay un consenso social y político en torno a la gratuidad de los estudios y que tiene que ver con que la educación superior es un derecho social. 

También tiene que haber un mecanismo que sea eficiente en el financiamiento, donde las personas retribuyan lo justo y esto tiene que ser consistente, a su vez, con una política de modernización de la educación superior que nos permita enfrentar los grandes desafíos en eficiencia. Tenemos, por ejemplo, trayectorias muy rígidas para las personas, tenemos sobreduración de nuestros programas en muchos casos, y el país tiene una deuda hace mucho tiempo en esto. Y luego necesitamos conectar las capacidades de la educación superior con los desafíos sociales y productivos del país.

Ajustes de detalle, ajustes paramétricos de determinada naturaleza que haya que hacer, por supuesto que tendrán que conversarse a lo largo de la tramitación, pero lo cierto es que estos son consensos sólidos y me parece que vamos a encontrar los acuerdos en el Parlamento para ello. No podemos volver a una situación en la cual el subsidio público coincida con la posibilidad de las instituciones de cobrar plenamente lo que quieran a las personas.

-¿Es prioritario que esto pueda terminar de ser tramitado antes de que concluya el mandato del Presidente Boric? 
-Nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible, porque estamos convencidos de que este proyecto va a ser ley durante el Gobierno del Presidente Boric. 

-¿Simbólicamente  lo calificaría como algo relevante, pensando en el debate sobre el legado del Gobierno?
-Una sociedad moderna, con las expectativas que tenemos, con la riqueza que hemos sido capaces de producir, merece mayor bienestar, al mismo tiempo que requiere mayor desarrollo. El fin del CAE para nosotros está en el contexto de un proceso de modernización de la educación superior que enfrenta estos desafíos. Por lo tanto, más allá del legado de un Gobierno particular, nos parece que es una conquista de todo el Estado y de la sociedad si damos este paso.

Acá no es un triunfo de una generación, sino de todas las generaciones y no sería una bandera de un puro Gobierno, sino de todos los sectores políticos. Es decir, creo que hay consenso nacional en esta materia. No se trata simplemente de ver cuál es el legado del Gobierno, sino que es un paso que tenemos que dar y que tenemos que dar ahora, porque creemos que ya se ha esperado demasiado para esto. 

Y es una tarea que, sin duda, me parece a mí, un sector relevante, yo diría mayoritario de la oposición, también entiende que tiene que resolverse en este Gobierno y que no puede esperar a un siguiente Gobierno.