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Extrañeza han provocado en las últimas dos semanas las declaraciones vertidas por el controlador del Banco de Chile, Andrónico Luksic Craig, luego que el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) fallara el 10 de abril pasado a favor de la institución bancaria en el caso conocido como «La guerra del plasma».
En un dictamen histórico, el TDLC condenó a Falabella (del grupo Cuneo-Solari-Del Río) y a París (controlada por Horst Paulmann y Cencosud) a pagar multas por 8 y 5 millones de dólares, respectivamente debido a que «presionaron a sus proveedores», boicoteando una feria tecnológica del banco de los Luksic en 2006.
La sanción fue por colusión y abuso de posición dominante. El último cargo es el mismo que la Fiscalía Nacional Económica (FNE), a cargo de indagar este y otros casos que llegan al TDLC, imputó el 5 de marzo pasado a CCU, cervecería ligada a Luksic, quien ha criticado públicamente el requerimiento, pese a ser idéntico al que le favoreció ante Falabella y París.
Según la formulación del fiscal Enrique Vergara, CCU hizo abuso de su posición dominante en el mercado de distribución de bebidas alcohólicas y de fantasía al «prohibir a distribuidores minoristas la comercialización de productos cerveceros de la competencia, mediante cláusulas de exclusividad en sus contratos».
El tema, sin embargo, no es el único material de comidillo en el mundo empresarial y regulatorio.
Las opiniones vertidas por el secretario del TDLC Jaime Velozo, en un artículo de Qué Pasa sobre el abogado Cristóbal Eyzaguirre, elogiando al socio del bufete del empresario Ricardo Claro por cómo dirigió la estrategia legal del Banco de Chile contra Falabella y París, fue visto como una indiscreción que le puede costar caro. ¿Por qué? Pues si a Eyzaguirre le toca defender a Luksic y la CCU ante el Tribunal de la Libre Competencia, Velozo estaría en una incómoda y observada posición.
