La génesis de la guerra de Sabas Chahuán con la Asociación de Fiscales

A las 10:00 de la mañana del pasado 18 de noviembre el ambiente al interior del Ministerio Público se respiraba denso: las declaraciones dadas el jueves por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, criticando las políticas de persecución criminal del Fiscal Nacional Sabas Chahuán tenían caldeados los ánimos. A esa hora acababan de terminar los preparativos para la llegada de los dirigentes de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) para que concurrieran hasta el despacho personal de Chahuán.

Entre los asistentes se encontraba el vicepresidente Marcelo Leiva, algunos miembros de la directiva regional de la administración y los fiscales cuestionados por el ministro del Interior: Francisco Bravo, Jorge Marín y Hugo Saldías.

Según fuentes internas el presidente de la ANF, Pedro Orthusteguy, no fue invitado por orden expresa del Fiscal Nacional, aunque en la ANF desmienten esta versión. Lo cierto es que Orthusteguy no asistió al encuentro porque en ese momento se encontraba en un juicio.

Los que sí asistieron fue un grupo “paralelo”, liderado por la ex presidenta del gremio, Patricia Muñoz, que según relatan las mismas fuentes, fue invitado por la Unidad de  Comunicaciones del Ministerio Público. Entre estos se encontraba el tesorero de la directiva anterior, Pablo Sabag, que fue una de las cartas de Chahuán para suceder a Alejandro Peña en la Fiscalía Sur pero cuya oportunidad se cayó a último minuto por celebrar su nombramiento públicamente.

La idea original de la Fiscalía Nacional habría sido juntar a los dos grupos y fotografiarlos todos juntos para demostrar un respaldo unísono de todos los Fiscales, ya que el día anterior los Fiscales Regionales -subordinados y designados por Chahuán – emitieron un comunicado de respaldo a su jefe y varios de ellos se desafiliaron de la ANF en señal de solidaridad. Esta semana todos los fiscales regionales ya habían abandonado la asociación: Luis Toledo, de la Región de O’Higgins;  Mauricio Richards del Maule;  Enrique Labarca de Coquimbo;  Juan Agustín Meléndez de Magallanes,  Julio Contardo del Biobío, y Marcelo Emilfork, de Los Lagos, quien sorteó diversos cuestionamientos antes de poder asumir esta fiscalía.

Fuentes que asistieron al encuentro señalan que  los dirigentes de la ANF al percatarse de la estrategia comunicacional, entregaron sus aclaraciones al Fiscal Nacional y luego se mantuvieron alejados de las cámaras. Según el vicepresidente de la ANF, Marcelo Leiva, “no es que no hayamos querido salir en la foto con nadie. Si llegaron otros fiscales por intereses particulares claramente no era materia de la reunión y tampoco podíamos considerar que era parte de los fiscales que se iban a reunir con el fiscal. Nos retiramos de la reunión y no nos cruzamos con ellos. No hubo foto. Imposible porque nunca nos cruzamos”.

El duro gallito entre Chahuán y la Asociación Nacional de Fiscales, se arrastra desde la negociación por el fortalecimiento del Ministerio Público con el Gobierno, ya que Chahuán llevaba varios años tratando de impulsar el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público (PFMP), que entre el gremio fue bautizado como “el lujo de Chahuán”, por la complejidad y lo “poco aterrizado” que según sus detractores, tenía la iniciativa operacionalmente.

Al percatarse que el PFMP del Fiscal Nacional no tenía acogida entre las autoridades, el gremio de los persecutores empezó a marcar la postura de los fiscales en la discusión del fortalecimiento del Ministerio Público, y propuso un proyecto de emergencia a mitad del costo que iba en apoyo de los fiscales y funcionarios que están en terreno.

Finalmente el presupuesto para 2012 sólo aumentó 0,04%,  $43 millones más que el año anterior. Luego de eso hubo un acercamiento del gremio al Gobierno para incorporarse en la mesa técnica que decidirá el fortalecimiento institucional antes de abril del próximo año.