“El actuar de quienes conducen empresas ha de basarse en aquellos valores fundamentales que permiten el desarrollo sustentable, como son la honestidad, justicia, solidaridad, prudencia, responsabilidad, fortaleza y humildad”, señala un documento de la entidad gremial suscrito por las organizaciones que la conforman.
En un documento denominado “Marco ético del empresariado chileno”, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) lanzó un nuevo compromiso con la sociedad en la que promueve y difunde los “principios éticos sobre los cuales la empresa privada debe desarrollar su acción”.
El presidente de la CPC, Lorenzo Constans, lo describió como un “rayado de cancha” de compromisos y valores con los cuales los empresarios se comprometen a actuar.
El documento es el resultado de los fuertes cuestionamientos al empresariado que se gatillaron tras el caso La Polar. Todas las ramas que componen la CPC —SNA, CChC, CNC, Sonami, Sofofa y ABIF— firmaron el acuerdo.
En el documento, que la CPC demoró un año en elaborar, Constans parece que sintió la necesidad de recordarle a sus miembros que hay que ser honestos, transparentes y cumplir la ley al hacer negocios.
“El actuar de quienes conducen empresas ha de basarse en aquellos valores fundamentales que permiten el desarrollo sustentable, como son la honestidad, justicia, solidaridad, prudencia, responsabilidad, fortaleza y humildad”, explica.
Y destaca que entre las buenas prácticas empresariales se deben incluir la confianza, la transparencia, rendición de cuentas, respeto a los grupos de presión y cumplimiento de la legislación.
Junto con recordarles a sus miembros cómo se deben comportar al hacer negocios, el escrito también le pide al Estado que se limite a su rol subsidiario, algo que quedó definido en la Constitución de 1980.
En el capítulo en que se refiere a los empresarios y su relación con los distintos grupos de la sociedad, queda claro que quieren que el Estado los deje tranquilos.
“Constituye un deber del empresario intervenir en todas aquellas áreas de actividad para las cuales tenga capacidad y talento, permitiendo al Estado concentrarse sólo en aquellas en las que su tarea es imprescindible. Le compete al empresario la obligación de hacer valer sus derechos, y señalar y denunciar con fuerza las acciones estatales que impliquen un cercenamiento de sus derechos una discriminación arbitraria”.
¿Quedó claro el mensaje, no?
