Luego de ser uno de sus principales impulsores desde la industria y al cabo de tres años de funcionamiento, el ex ministro representa todas las prácticas que en una nueva etapa de la legislación deben ser superadas.
Luego de 10 años de tramitación en 2014 se aprobó la ley que regula la actividad del lobby en Chile. Uno de los más activos involucrados en su discusión, fue el ex ministro Enrique Correa, dueño y fundador de la consultora Imaginacción, quien estuvo entre los primeros en reconocer abiertamente que se dedicaba al lobby, en un intento por quitarle el barniz peyorativo y transparentar esta actividad, cuyo principal objetivo es influir en las autoridades para la toma de decisiones públicas.
Al cabo de tres años de funcionamiento, la ley obliga a que los lobbistas se inscriban en un registro y además todas las audiencias efectuadas con las autoridades, queden debidamente anotadas. Sin embargo, es el propio Correa quien menos aparece en los registros de audiencias con las autoridades. Este año, sólo aparece una audiencia entre Correa y el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, efectuada según el registro el 12 de septiembre. Distinto es el caso de los empleados de su oficina, especialistas en Asuntos Públicos, que registran 201 audiencias.
Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, afirma que la ley en los términos que está planteada actualmente, se está cumpliendo. Efectivamente se están registrando las audiencias y los viajes y en general si bien necesita perfeccionamiento, se está capturando información relevante”, sin embargo, al mismo tiempo, enfatiza que “en el tema más de fondo, creemos que la ley tiene que pasar a una nueva etapa de la regulación del lobby. Actualmente la legislación se enfoca en las autoridades y en sus audiencias con gestores de intereses y lobbistas. Sin embargo, las autoridades no hacen el lobby, son los lobbistas los que deben transparentar mucho más su actividad. Así sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, en la Unión Europea. Son cuatro ejemplos en que la legislación está enfocada en que el lobbista debe transparentar: quien lo contrata, por cuanto lo contrata, para qué temas lo contrata y con quien está haciendo lobby”.
Actualmente, la ley permite que las autoridades que piden una reunión o consulta, no estén obligadas a registrar ese encuentro o conversación. Según Drago, “esa norma existe, más que con un lobista es con expertos en áreas o materias determinadas, donde la autoridad puede requerir él una consulta y solicitar una reunión. Creo que esa norma es correcta. Efectivamente las autoridades tienen que tener ese espacio deliberativo para el proceso de toma de decisiones sobre todo si son ellos los hacen la consulta. Puede que a partir de eso hayan malas prácticas que es muy difícil de saber si existen, justamente porque no queda registro”, asegura.
En la audiencia efectuada entre Correa y el ministro Muñoz sólo se especifica que se efectuó para tratar “temas de política internacional vecinal”. Para Drago el contenido de las reuniones es otro de los aspectos a mejorar de la ley. “La trazabilidad del proceso de decisiones públicas se está logrando muy parcialmente. Se registra muy poco del contenido, se utiliza mucho la figura de «otros» y hay audiencias en las que el contenido es muy reducido, y otras que no, en que es muy detallado. Hay una asimetría en la información de la que se deja constancia que hay que modificar, tratar de ser más preciso en lo que queda registrado de las materias discutidas para que exista una trazabilidad en el proceso de toma de decisiones”.
Otro de los aspectos importantes es saber cuántas audiencias son efectivamente rechazadas. “Lo que sí necesita una modificación urgente son las audiencias no realizadas, no acogidas. Porque hoy se registran todas las audiencias que se realizaron. Pero no queda ningún registro de las audiencias que fueron rechazadas. Esa es una deficiencia de la ley que hay que corregir pronto, porque esa es la forma de poder detectar si se cumple el principio de no discriminación. La ley obliga a que se reciba a todas las partes que están interesadas en la misma materia. Sin embargo cuando no queda registro de las reuniones rechazadas es imposible realizar un control social sobre este punto”, afirma el presidente del Consejo para la Transparencia.
