“Nuestro Gobierno ha resuelto presentar acciones judiciales invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, la medida tiene el propósito de enviar una señal: este Gobierno está para gobernar dialogando, pero también atender nuestra obligación de cautelar y mantener el orden público». La frase corresponde al ministro del Interior, pero no a Chadwick, sino a Rodrigo Hinzpeter, hace exactos ocho años, en enero del año 2011, en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y, si bien no estaba dirigida a La Araucanía, sino que a la Región de Magallanes, donde había intensas movilizaciones por el alza del precio del gas, la solución a la que se recurrió para tratar de tomar control de esa crisis fue la misma que ahora.
El miércoles 2 de enero en la tarde, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió a los patios de La Moneda para hacer un anuncio sobre la tensa situación que se vive en La Araucanía y que se agudizó tras el crimen de Camilo Catrillanca en noviembre: “Aquellas personas que cometan acciones de violencia grave o inciten este tipo de acciones, recibirán acciones judiciales que iniciará el Gobierno invocando la Ley de Seguridad del Estado, para efecto de tener una respuesta más eficiente y más severa frente a acciones que hemos visto que no respetan la ley y ponen en riesgo la seguridad de las personas”.
Junto con eso, precisó que el Gobierno ha interpuesto 18 querellas contra quienes resulten responsables de estas acciones de “alteración y de violencia en contra del orden público”, que hay más de 15 detenidos y que se ha fortalecido la presencia de Carabineros y la PDI en la zona, además de iniciar acciones para “recuperar terrenos que han sido tomados de forma ilícita”.
Al día siguiente, el jueves 3, Chadwick defendió la decisión de La Moneda de recurrir a la Ley de Seguridad del Estado por la violencia en dicha zona. «Queremos tener una respuesta que sea eficiente en control de orden público. Lo hacemos en la Araucanía y en cualquier lugar que se produzcan este tipo de hechos”, recalcó.
“Nuestro Gobierno ha resuelto presentar acciones judiciales invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, la medida tiene el propósito de enviar una señal: este Gobierno está para gobernar dialogando, pero también atender nuestra obligación de cautelar y mantener el orden público». La frase corresponde al ministro del Interior, pero no a Chadwick, sino a Rodrigo Hinzpeter, hace exactos ocho años, en enero del año 2011, en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y, si bien no estaba dirigida a La Araucanía, sino que a la Región de Magallanes, donde había intensas movilizaciones por el alza del precio del gas, la solución a la que se recurrió para tratar de tomar control de esa crisis fue la misma que ahora.
“Aquí la ley no se está aplicando al pueblo mapuche como dicen algunos, se está aplicando a los terroristas, sean de la etnia que sean, del color que sean, del lugar que sean (…) siempre hay quienes ponen dificultades, no solo los terroristas, sino los que les hacen el juego a los terroristas, porque están permanentemente defendiéndolos, justificándolos, amparándolos”. Esa afirmación es del Presidente Piñera, pero no ahora, sino que de enero de 2013, luego de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.
El déjà vu no sería casual. En la derecha más de uno tomó nota de la repetición del discurso del Gobierno piñerista para intentar sortear la compleja situación en La Araucanía, después de casi dos meses en que el crimen de Catrillanca generó una fuerte crisis política que golpeó con fuerza a la actual administración. “El relato sobre seguridad y orden público está agotado, esto es pura desesperación”, confidenció un cercano a Palacio.
Más de uno también en el oficialismo miró con preocupación que La Moneda “esté desempolvando” mensajes ya usados, sin que tras ello se vislumbre un diseño de fondo.
