El máximo tribunal ordenó el reintegro inmediato a sus labores de la funcionaria Paola Tassara Osorio, luego de catalogar como arbitrario e ilegal su desvinculación ocurrida en noviembre del 2018. La profesional llevaba diez años cumpliendo labores para en dicho servicio y bajo esa condición, la Suprema dejó en claro que se necesita mayor sustento para su eventual salida. Además, se le deberá cancelar las remuneraciones correspondientes al tiempo que permaneció fuera de la institución pública.
Un duro revés judicial sufrió el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), luego que con fecha 15 de mayo la tercera sala de la Corte Suprema dejara sin efecto la desvinculación de Paola Silvana Tassara Osorio, empleada que llevaba cumpliendo funciones en la administración pública hace 10 años y que sin fundamentos, como acusó el máximo tribunal, fue cesada de sus labores en noviembre del 2018.
Su salida, se dio en medio de lo que desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), catalogaron como «razzia» de parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que hasta noviembre del 2018, contaba con cerca de cinco mil desvinculaciones del aparato estatal que al ente gremial le parecieron sin justificación alguna.
En su resolución, el máximo tribunal acusó al SENDA, liderado hoy por el abogado Carlos Charme, de haber cometido un acto ilegal y arbitrario, que vulneró las garantías de Tassara Osorio, por lo que ordenó el inmediato reintegro a sus funciones, además, la renovación de contrata y el pago de las remuneraciones correspondientes al tiempo que la afectada estuvo separada de sus labores.
Según la resolución firmada por el juez Sergio Muñoz, el hecho que la recurrente se haya desempeñado en el servicio y bajo la modalidad de honorarios, desde el 15 de junio del 2006, al 31 de diciembre del 2008, ocasión en que pasó a contrata, siendo renovada en esta calidad hasta su despido, exige que su salida tenga mayor sustento. El escrito indicó que al haber prestado servicio por más de diez años, generó la confianza legítima de mantenerse vinculada con la administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo se podría terminar a causa de un sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o, por una calificación anual que así lo permita, situación que no cabe en este caso.
Fue por este tipo de desvinculaciones que en diciembre del año 2018, la ANEF se fue a paro nacional, acusando despidos masivos injustificados, además del incumplimiento de acuerdos de parte de la Moneda con los trabajadores.
