Pese a que el Consejo de Defensa del Estado apeló para conseguir la nulidad del juicio, el pasado 23 de mayo, la Corte de Apelaciones ratificó la resolución del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el que en noviembre de 2018 sentenció al fisco a pagar más de $36 millones al periodista Javier Aguilar, contratado en el Gobierno de Michelle Bachelet.
Las querellas y recursos por los más de cinco mil despidos que realizó en 2018 el Gobierno de Sebastián Piñera, se han vuelto un dolor de cabeza para el Consejo de Defensa del Estado (CDE), pues a la fecha ya ha sufrido varias derrotas en tribunales en los juicios interpuestos por los exfuncionarios públicos.
La semana pasada El Mostrador informó sobre la derrota sufrida por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), luego que la Corte Suprema dejara sin efecto la desvinculación de Paola Silvana Tassara Osorio, profesional que llevaba cumpliendo funciones en dicho organismo hacía 10 años y que fue despedida en noviembre del 2018.
Ahora le tocó al Ministerio del Trabajo, que lidera Nicolás Monckeberg (RN). El 23 de mayo, la Corte de Apelaciones ratificó la resolución del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que en noviembre de 2018 sentenció al Estado a pagar más de $36 millones al periodista Javier Aguilar, quien se desempeñó en el área de comunicaciones de dicho ministerio con el ex subsecretario Francisco Javier Díaz.
Pese a que el CDE apeló para conseguir la nulidad del caso, debido a la “incompetencia” del Juzgado de Letras del Trabajo, la Corte de Apelaciones determinó –en fallo dividido– que sí existía competencia por parte de dicho juzgado, por lo que se rechazó la nulidad solicitada por el Consejo de Defensa del Estado.
El abogado del periodista, Gustavo Mendoza, destacó que “para nosotros este fallo es bastante importante y decidor, respecto de la situación en general que vivieron los funcionarios públicos. Estamos bastante satisfechos con la resolución de la Corte de Apelaciones que desechó directamente todas las alegaciones del CDE, que iban en la dirección de revertir el fallo de primera instancia del Segundo Juzgado de Letras de Santiago, que había condenado al Fisco al pago del máximo de indemnización existente para juicios de vulneraciones constitucionales”.
El abogado Mendoza agregó que este fallo ratifica la posición tradicional de los tribunales chilenos, que reconocen que “los Juzgados de Letras del Trabajo sí son competentes para conocer las vulneraciones de garantías constitucionales denunciadas por servidores públicos”, debido a que existe un vacío en el Estatuto Administrativo que los rige.
Desde el Ministerio del Trabajo señalaron a El Mostrador que solo quedaba pendiente uno de los 11 juicios que se abrieron en su contra tras los despidos en la cartera dirigida por Nicolás Monckeberg. Por ahora, solamente restaría la instancia de la Corte Suprema, a la que podría acudir el CDE.
