Crédito: Agencia UNO
Los reclamos van en alza. De acuerdo a las cifras de la Superintendencia, en 2015 se registraron 537 de éstos contra Smapa durante todo el año. En 2019 y solo hasta abril, ya van 552. En definitiva, según señaló el diputado Vidal a El Mostrador, Smapa es “una empresa que hoy está siendo mal administrada por el municipio de Maipú y eso nos levanta sospechas graves de que se quiera llevarla a una privatización, cosa que a toda costa hay que impedir, porque este es el único servicio sanitario en Chile que aún es de carácter público. Esta es la única que se salvó porque todas las demás concesionarias quedaron en manos privadas, tras las privatizaciones en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle”.
Las sanitarias están en la mira, luego de lo sucedido con ESSAL en la Región Los Lagos y el corte del suministro de agua potable que afectó a la ciudad de Osorno, el cual se inició el 11 de julio. A raíz de esta contingencia, desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SIIS) tomaron algunas medidas y anunciaron una fiscalización extraordinaria, extensiva a todas estas empresas a lo largo del país.
En este contexto, asoma el caso del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de Maipú, la única comuna del país que tiene su propia sanitaria 100% municipal. La empresa no ha estado exenta de problemas. Hasta el despacho de la alcaldesa Cathy Barriga los funcionarios de la sanitaria han hecho llegar seis documentos en 2018 y 2019, dando cuenta del incumplimiento sostenido del plan de desarrollo. El último de ellos fue recepcionado por el municipio el 29 de mayo pasado.
De acuerdo a los cálculos de la Asociación de Funcionarios de Smapa, desde 2017 hasta lo que va de 2019, se deberían haber invertido más de $37.000 millones para cumplir con el cronograma de obras comprometido con la Superintendencia, pero el incumplimiento es de casi el 100%.
Es más, en octubre de 2018, la SISS envió un documento dirigido al director de Smapa en el que le señaló expresamente que “esta superintendencia manifiesta su gran preocupación por los bajos avances en la ejecución de las inversiones comprometidas en su plan de desarrollo comprometido para el periodo 2017, el que tuvo un 95% de incumplimiento”.
Los funcionarios advirtieron en el documento dirigido a la alcaldía que “el incumplimiento del cronograma de obras, necesariamente conlleva poner en peligro la sustentabilidad de nuestra sanitaria desde el aspecto operativo, al no prestar un servicio de calidad, que se traduce en multas y la pérdida de la concesión”.
Pese a la gravedad de la denuncia, la Municipalidad de Maipú no ha respondido a ninguno de los requerimientos de los funcionarios. El Mostrador contactó a Smapa, pero después de una semana, la compañía todavía no da respuestas a este medio para aclarar qué ocurrió con el plan comprometido.
Para el diputado por ese distrito, Pablo Vidal (RD), se configura un cuadro de una “empresa que está con un desorden administrativo y financiero grande, que tiene instalaciones antiguas, de mala calidad, que no tiene capacidad de dar respuestas ante emergencias y que ahora nos enteramos no ha ejecutado los planes de obras, que son planes de mantención, mejoramiento y ampliación de las redes que debería haber hecho en los últimos años”.
En este escenario, la calidad del servicio se deteriora. “A la fecha en la Unidad de Gasfitería se encuentran más de seis mil solicitudes de reparación sin ejecutar durante meses”, señaló el último documento de los funcionarios. A esto agregaron que “hemos detectado que para los clientes que se presentan en la oficinas de Smapa a requerir una reparación, pueden pasar meses sin que les resuelva el problema”.
Los reclamos van en alza. De acuerdo a las cifras de la Superintendencia, en 2015 se registraron 537 de estos contra Smapa durante todo el año. En 2019 y solo hasta abril, ya van 552.
En definitiva, según señaló el diputado Vidal a El Mostrador, Smapa es “una empresa que hoy está siendo mal administrada por el municipio de Maipú y eso nos levanta sospechas graves de que se quiera llevarla a una privatización, cosa que a toda costa hay que impedir, porque este es el único servicio sanitario en Chile que aún es de carácter público. Esta es la única que se salvó, porque todas las demás concesionarias quedaron en manos privadas, tras las privatizaciones en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle”.
