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El «bochorno» de Monckeberg con la Ley Sence: presentó como indicación artículo que ya era ley

El «bochorno» de Monckeberg con la Ley Sence: presentó como indicación artículo que ya era ley

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Una de las principales innovaciones de la Reforma al Sence –con la que el ministro del Trabajo ha buscado ganar respaldo entre los microempresarios– es el artículo 36 bis, que consiste en la imputación del gasto de capacitación vía PPM, para que las pymes no tengan que realizar la declaración de impuestos en abril del año siguiente para recuperar esta inversión en sus trabajadores. Pero la supuesta «innovación» ya es Ley de la República desde el 2009, cuando la misma moción fue presentada bajo el primer Gobierno de Michelle Bachelet, quedando plasmada en el artículo 6ª de la Ley 20.326 de Hacienda.


De manera paralela a la Reforma Laboral, el ministro Nicolás Monckeberg está impulsando la modificación a la Ley 19.518 que regula el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Junto a la presentación de las indicaciones del Ejecutivo y al trabajo parlamentario -primero en la comisión de Hacienda de la Cámara, donde estaba anclada la discusión y ahora en la Comisión de Trabajo-, desde el ministerio se ha realizado un intenso lobby con las organizaciones de la Pequeña y Mediana Empresa, a fin de buscar respaldos a la iniciativa legal.

El caballito de batalla para lograr esta adhesión ha sido difundir la incorporación del numeral 5, presentado al Congreso el 24 de julio de este año, que crea el artículo 36 bis, y que dice relación con la imputación del gasto de capacitación vía PPM. Esta modificación busca que los microempresarios no tengan que esperar para realizar la declaración de impuestos en abril del año siguiente para recuperar esta inversión en sus trabajadores.

El punto es que esta reforma, que se presenta como una gran innovación en el proyecto de modernización del Sence, ya es materia de ley desde hace 10 años.

En el primer Gobierno de Michelle Bachelet se definieron tres modalidades para que los microempresarios pudieran imputar este gasto, entre estas, la relativa a su imputación vía PPM. Tras la discusión parlamentaria, esta modalidad quedó plasmada como Ley de la República en el Artículo 6º de la Ley 20.326 de Hacienda. Fuera de que la «innovación» de Monckeberg es un artículo de ley vigente desde hace años, incluso esta fue ratificada en el Manual de Operaciones de los OTIC, durante el primer Gobierno de Piñera, en diciembre de 2013.

El episodio, que apunta a una desprolijidad del ministro del Trabajo y su equipo jurídico en materia de proyectos de ley, según fuentes vinculadas al Mintrab fue calificado como el nuevo «bochorno» de Nicolás Monckeberg.

Más allá de ser una copia prácticamente textual, Carlos Linares, presidente de la Asociación Metropolitana de Organismos de Capacitación A.G., sostiene que «no solo es una copia, sino que además se demostró que es tan mala que casi nadie la utilizó. Esta modalidad es inentendible para las empresas de menor tamaño, tanto es así que, estando vigente, su uso no supera las 100 empresas por año, siendo incluso optimista».

Este «bochorno» no es la primera polémica que enfrenta el proyecto de Modernización del Sence. Hace algunos meses, la misma asociación señalada advirtió que la reforma buscaba concentrar la industria en los gremios más poderosos del país. Luego el diputado Hugo Gutiérrez denunció que la ley era «un traje hecho a la medida de la Cámara Chilena de la Construcción”.

Todo apuntaba a que Bernardo Ramírez Bañados, gerente general de la OTIC de la Corporación de Capacitación de la CChC, dejó por unos meses el trabajo privado para sumarse como asesor en el Mintrab, precisamente en el diseño del nuevo Sence y, una vez que fue elaborado el proyecto, volvió a su lugar en la Cámara Chilena de la Construcción.

Fuentes del Ministerio del Trabajo explicaron que, tal como precisó el Sence, el actual proyecto que pretende modernizar la Franquicia Tributaria para capacitación busca ampliar el actual beneficio que permite recuperar lo invertido de los pagos provisionales mensuales (PPM) y que actualmente solamente rige en favor de las pequeñas y medianas empresas a todas las empresas del país, independientemente de su tamaño, lo que explica la similitud de los textos.

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