El proyecto aprobado en la comisión busca «de manera transitoria, suspender los plazos con que cuenta la autoridad para calificar ambientalmente los proyectos y actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como también, los plazos asociados a la participación ciudadana y consulta indígena”, mientras dura la pandemia del COVID-19. Según fuentes conocedoras del proyecto, este condicionaría los plazos a la declaración de Estado de Catástrofe, por lo que los mismos estarían sujetos a variables ajenas a las de la evaluación ambiental de los proyectos.
El pasado miércoles 8 de abril, por 7 votos contra 6, fue aprobado en general y en particular una moción parlamentaria del presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Félix González, que busca, “de manera transitoria, suspender los plazos con que cuenta la autoridad para calificar ambientalmente los proyectos y actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como también, los plazos asociados a la participación ciudadana y consulta indígena”, todo mientras dura la pandemia del COVID-19.
De aprobarse el proyecto en los actuales términos, la suspensión de dichos plazos implicaría paralizar en el acto una inversión equivalente a US$22 mil millones, que representan las DIA actualmente en calificación.
Según diversas fuentes conocedoras del proyecto, este además condicionaría los plazos a la declaración de Estado de Catástrofe, por lo que los plazos se sujetan a variables ajenas a las de la evaluación ambiental de los proyectos. En suma indican las fuentes, el proyecto está mal concebido en su redacción.
Durante la discusión del proyecto en la comisión la presidenta de la Asociación de Funcionarios del (ANFUSEA), Andrea Espinoza, señaló que, “como Asociación solicitaron tanto a la jefatura del servicio como a la autoridad ministerial la suspensión de todos los plazos de tramitación, pues si bien es cierto que la jefatura del Servicio de Evaluación Ambiental ha dispuesto dos actos administrativos de suspensión de plazos, esas suspensiones aluden a situaciones específicas y no a todos los plazos de las gestiones que permiten la participación ciudadana en el sistema de evaluación”
En respuesta el subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, señaló “las preocupaciones manifestadas por las asociaciones de funcionarios en la materia ya están resueltas con las plataformas digitales de operación, y la suspensión de los plazos, inicialmente hasta el 31 de marzo y actualmente, hasta el 30 de abril de 2020, en razón de la pandemia covid-19, protegiendo la salud de tales funcionarios, de la comunidad interesada en concurrir a las instancias de participación que permite el sistema, y de las comunidades protegidas por el Convenio N°169 de la OIT.
