Como lo usual es, en los procesos de “Chapter eleven” en USA, que los acreedores de la empresa en “reestructuración” tengan que conformarse con aproximadamente un tercio de sus acreencias –sean créditos o bonos o el título que sea–, perdiendo definitivamente el resto, cobran relevancia las siguientes preguntas: ¿cuánto dinero le debe esta aerolínea a BancoEstado y cuánto les debe a las AFP chilenas? Además del dinero que estas tienen invertido en su capital accionario, que también se verá severamente perjudicado. Son preguntas de interés nacional que aún esperan respuesta, no obstante este medio las ha formulado hace días por los conductos regulares.
Con un proceso de intenso lobby en curso para que el Estado apoye financieramente a Latam, cuya viabilidad está en manos de las autoridades estadounidenses, luego que la aerolínea –controlada por la familia Cueto– se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país, existe abundante información –de notorio interés público– que se encuentra bajo el manto de la opacidad.
¿Cuál es el volumen de la deuda que tiene Latam, directa o indirectamente, con BancoEstado? ¿Créditos directos? ¿Inversiones en bonos u otros instrumentos emitidos a nivel internacional por Latam para financiarse?
¿Puede el Gobierno entregar cientos de millones de dólares adicionales, vía directa o indirecta, a una empresa internacional, que solo tiene su matriz –cada día menos relevante– en Chile, y que presumiblemente ya le debe mucho dinero al banco de todos los chilenos?
¿Cuánta plata de sus afiliados van a perder las AFP, en conjunto e individualmente, como consecuencia de sus inversiones en Latam, tanto en bonos u otros títulos o instrumentos y, también, por su relevante participación accionaria en esa compañía, que asciende a un 17% (y que como consecuencia del denominado “Chapter eleven” estas acciones ya valen prácticamente nada)?
Para dar respuesta a estas interrogantes de interés nacional, El Mostrador –directamente y/o haciendo uso de la Ley de Transparencia– elevó sendas solicitudes a la Superintendencia de Pensiones y a BancoEstado.
Sin embargo, a esta fecha, este medio no ha recibido respuesta alguna, ni de BancoEstado, con la excusa del secreto bancario, ni de la Superintendencia de Pensiones, porque aún no ha transcurrido el plazo legal para contestar –“olvidando” que este plazo es un número de días máximo, y no mínimo, para entregar la información–.
