De sólida formación académica en materia penal, a Matus se le ha criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos por su cercanía con el Ejército de Chile, pero él lo ha justificado diciendo que solo le prestó servicios profesionales para elaborar un manual de “compliance”, con el objeto de mejorar sus procesos internos. Pero correos electrónicos a los que tuvo acceso El Mostrador revelan su rol de intermediación comercial, no declarada, en representación de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), ante la empresa IBM, sede Colombia.
El miércoles 8 recién pasado, compareció el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ante la Comisión de Constitución del Senado, para justificar y sostener la postulación que hizo el Gobierno del abogado penalista Jean Pierre Matus como su candidato para reemplazar al jubilado ministro de la Tercera Sala (Penal) de la Corte Suprema, Carlos Kunsemüller.
El Gobierno, después de mucho tiempo sin tomar una decisión al respecto, teniendo en sus manos por meses la quina confeccionada por el máximo tribunal del país, al final se decidió y propuso al profesor de derecho penal y exabogado integrante, Jean Pierre Matus, dejando de lado a los otros dos favoritos: Leonor Etcheberry, experta en derecho de familia y cercana al gobiernista partido Evópoli, y José Luis Guzmán Dalbora, docente en derecho penal y cercano al opositor Partido Socialista.
Como el jubilado juez Kunsemüller es una persona de centro político, incluso algunos dicen que cercano a la DC, el Gobierno no tuvo margen –por un tema de equilibrios políticos al interior de la Corte Suprema– para postular a Leonor Etcheberry, como le hubiese gustado, porque no obtendría los votos necesarios en el Senado y habría enfrentado otro revés político y mediático.
Para hoy lunes está citado el abogado penalista Jean Pierre Matus, y aunque goza de amplios apoyos a ambos lados del espectro político, todo indica que, al día de hoy, aún le faltaría un voto en la Cámara Alta para llegar al quórum exigido por la ley, es decir, de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
A Matus, de reconocida y sólida formación académica en materia penal, se le ha criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos por su cercanía con el Ejército de Chile, pero él lo ha justificado diciendo que solo le prestó servicios profesionales para elaborar un manual de “compliance”, con el objeto de mejorar sus procesos internos y así prevenir futuros ilícitos, lo que estaría –a su entender– muy lejano al quehacer cotidiano del instituto armado y, sobre todo, ajeno a las violaciones de los DD.HH. cometidas por miembros del Ejército.
Sus detractores señalan que fue asesor directo de la Comandancia en Jefe del Ejército en los juicios por faltas a la probidad y enriquecimiento ilícito con apropiación de dineros de la Defensa Nacional. En especial, le reprochan su colaboración en funciones de intermediación comercial, no declarada, en representación de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), ante la empresa IBM, sede Colombia.
Esto, de acuerdo a dos correos electrónicos suyos (enviado uno el 23 de agosto de 2019 y el otro el 24 de diciembre de mismo año), dirigidos a esa empresa –a los que tuvo acceso El Mostrador–, para la adquisición de sistemas de seguridad financiera. Ello no correspondería a su carácter de abogado externo del Ejército para el exclusivo objeto de realizar un manual de “compliance”.
De estos correos resulta poco claro cuál es el tipo y fundamento de la representación de la DINE
exhibida por Matus; por qué hace una gestión de compra ante una empresa internacional que
opera desde Colombia teniendo representación en Chile y, sobre todo, en un tema sujeto a los
protocolos –se supone– más estrictos de Seguridad Nacional, como es la administración financiera
del Ejército.
