Crédito: Twitter @HarryJurgensen
Se trata Harry Jürgensen (RN) y Carlos Martín Arrau (UDI), quienes tienen derechos de agua no declarados por 35 y 170 litros por segundo, respectivamente. El cambio climático, la sequía que aqueja al país y el dispar acceso al agua –383.204 viviendas del sector rural no cuentan con agua potable, según un estudio del 2019 de Fundación Amulén y la Universidad Católica– han relevado la gestión del recurso hídrico, problemática que suscitará grandes discusiones en la redacción de una nueva Constitución.
La investigación “Radiografía a la Agroindustria en la Convención Constitucional”, publicada por el medio independiente Tomate Rojo, arrojó que 11 convencionales poseen algún tipo de relación con la agroindustria, según su declaración de patrimonio a InfoProbidad y a Contraloría. De ellos, dos poseen derechos de agua a su nombre que no fueron declarados.
Los datos, que fueron cruzados con los registros actualizados de la Dirección General de Aguas (DGA), revelaron que estos convencionales son Harry Jürgensen (RN) y Carlos Martín Arrau (UDI), de la lista Vamos por Chile.
Jürgensen es propietario del 91.27% de Agrícola Chifín Ltda., dedicada a la cría de ganado para reproducción y producción de carne en Osorno. El exintendente de Los Lagos no reporta derechos de agua, aunque esta empresa cuenta con tres aprobados en la DGA. Uno es de 11 litros por segundo de uso permanente y continuo, otro de 20 litros por segundo eventual y continuo, y el último de 4 litros por segundo consuntivo subterráneo.
Según cifras del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el consumo de una persona en invierno es de 34.500 litros al mes. Es decir, el convencional posee en un día el agua que usan 87 personas en un mes.
En tanto, Arrau posee cuatro derechos de agua aprobados a su nombre en Ñiquén y Coihueco, a través de la empresa Picton Explotación Agrícola Ltda. (dedicada a la producción de semillas de cereales y legumbres, además del cultivo de frutos de pepita y de hueso), de la que es propietario del 50.09%.
El primero, con resolución aprobada en julio de 2017, corresponde a un caudal de 90 litros por segundo permanente y continuo, en el río Itata. El segundo consiste en un caudal permanente y continuo de 30 litros por segundo en Ñiquén, en el río Maule.
El tercero en Coihueco, que data de octubre de 2018, es de 25 litros por segundo permanente y continuo, con un radio de protección de 200 metros en el mismo lugar. El cuarto también fue comprado en la cuenca del Itata, Coihueco, por 25 litros por segundo.
Se trata de 170 litros por segundo de derechos de agua no declarados en total, que al día pasan a ser 10 mil 200 litros por minuto y 14.688.000 al día. La cantidad de agua al día que 425 personas utilizan en un mes.
El informe “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile”, de Fundación Chile –que analizó seis cuencas del país: Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Baker–, arrojó que el 44% de los problemas de brechas y riesgo hídrico en las cuencas se debe a fallas en la gestión del recurso hídrico. Otro 17% –señala el reporte– es provocado por el crecimiento de las actividades productivas y el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas.
El cambio climático, la sequía que aqueja al país y el dispar acceso al agua –383.204 viviendas del sector rural no cuentan con agua potable, según un estudio del 2019 de Fundación Amulén y la Universidad Católica–, han relevado la gestión del recurso hídrico, problemática que suscitará grandes discusiones en la redacción de una nueva Constitución.
El convencional Harry Jürgensen señaló a El Mostrador que “en estricto rigor, a mi nombre no tengo derechos de agua, sí a nombre de una sociedad agrícola familiar de la que soy parte, productora fundamentalmente de leche, que capta mediante pozos profundos, financiados por la misma sociedad, sin subsidios estatales de ninguna naturaleza y conforme a la ley”.
“Además una captación superficial con derecho solo eventual de 20 litros, que no utilizamos hace 20 años, dado que correspondía a un sistema de riego por goteo tecnificado destinado, en su tiempo, a la producción de manzanas de exportación que se descontinuó por razones económicas, debiendo arrancar la plantación de 15 hectáreas con más de 20 mil árboles”, añadió.
“Los derechos obtenidos son legítimos y legales, tramitados hace muchos años, y responde exclusivamente a sistemas eficientes de uso de agua en producción de alimentos, cuyos costos de construcción, operación, mantención y administración son de exclusivo cargo de la misma sociedad agrícola”, enfatizó el integrante del órgano constituyente.
Por su parte, Arrau indicó que ha “declarado todo según las normas que establece la ley, los bienes y derechos que están a mi nombre han sido declarados adecuadamente, así como también mi participación en diferentes sociedades”.
