Sobre María Cristina Gajardo Harboe, abogada integrante de la Corte Suprema, exasesora del Ministerio del Trabajo durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, y a quien se le reconoce por un perfil muy conservador, pesan las críticas formuladas en agosto por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, que la acusa de haber sido partidaria de rebajar las penas a los condenados por crímenes de lesa humanidad, sobre la base del tiempo transcurrido desde que se cometió el hecho, mismos cuestionamientos que complicaron en su momento la designación de Jean Pierre Matus.
Este lunes 8 de noviembre se puede votar en el pleno de la Corte Suprema la quina para llenar la vacante dejada por la jubilación de la ministra María Eugenia Sandoval. Hay 16 abogados externos que postulan al cargo.
Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para exponer, en una sesión pública que se realizará a partir de las 14:30 horas, por la plataforma digital Zoom.
Entre las favoritas están la abogada Leonor Etcheberry, expresidenta del Colegio de Abogados, experta en derecho de familia y cercana a Evópoli, y María Cristina Gajardo, experta en derecho laboral y reconocidamente muy de derecha conservadora. Ambas ya tuvieron 13 y 9 votos, respectivamente, en la conformación de la anterior quina, en la que, en definitiva, fue nominado Jean Pierre Matus para llenar la vacante del también jubilado Carlos Künsemüller. Ambas son conocidas por los ministros porque han sido abogadas integrantes del máximo tribunal.
Sobre María Cristina Gajardo, exasesora del Ministerio del Trabajo durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, pesan las críticas formuladas en agosto por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, que la acusa de haber sido partidaria de rebajar las penas a los condenados por crímenes de lesa humanidad, sobre la base del tiempo transcurrido desde que se cometió el hecho.
En una declaración pública, las Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo: «Como organizaciones que tenemos por misión la defensa y promoción de los derechos humanos, expresamos nuestra preocupación y molestia por la designación para este cargo de la postulante doña María Cristina Gajardo (..), quien como abogado/a integrantes de dicha Corte, ha sido partidaria de rebajar la pena a los condenados por crímenes de lesa humanidad basado en el tiempo transcurrido desde que se cometió el hecho, práctica que ha sido denunciada y condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un mecanismo de impunidad. Tanto es así que el 26 de mayo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha notificado al Estado de Chile, que la Corte Suprema debe dejar sin efecto las rebajas de penas que hayan sido consecuencia de aplicar la media prescripción, lo que implica que tendrán que revisarse al menos 14 sentencias correspondientes a los casos de 50 condenados que fueron favorecidos con la media prescripción».