Esta es la historia del conflicto entre la próxima máxima autoridad del agro chileno y una empresa productora de paltas, que trajo muchos efectos, de distinta índole, entre ellos, colateralmente, que Esteban Valenzuela fuera condenado por injurias contra los palteros.
Esteban Valenzuela, como especialista en descentralización y desarrollo sustentable, y exalcalde de Rancagua y diputado por ese distrito, ha venido dando una pelea, desde enero del 2019, contra la destrucción de un bosque de Boldos por la empresa Tralcan, en en cerro El Chivato del Valle de Quilicura, comuna de Las Cabras, VI Región.
Iniciativa de protección ambiental liderada por la agrupación ambientalista Bosques para Cachapoal, la cual es liderada por Valenzuela junto a Patricia Segura.
El SAG de inmediato informó que hubo tala ilegal de bosque nativo y destrucción de nidos y madrigueras de diversas especies (informe 23 de enero 2019, SAG O’Higgins). Pero no obstante ello, Tralcan siguió adelante con la “limpieza” completa de los cerros perjudicados, lo que derivó en una denuncia de Luis Castro, de la APR local y de la diputada por la zona Alejandra Sepúlveda, ante la Contraloría General de la República, que culminó con un dictamen que declaró la ilegalidad de cientos de planes de manejo aprobados por Conaf que no respetaron las pendientes y la protección del bosque esclerófilo.
En ese dictamen, de 16 de marzo del 2020, la Contraloría General de la República declaró la ilegalidad de los planes de manejo de tala de bosque nativo con fines agrícolas, aprobados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) desde el año 2008, los cuales permitieron la eliminación de más de 22 mil hectáreas de bosque nativo, reemplazados por cultivos agrícolas destinados principalmente a la exportación (paltos, entre otros), sin que se haya reforestado con árboles nativos, según datos entregados por el propio organismo sobre la base de investigaciones de Terram.
La Contraloría fue explícita: “resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental”, como lo establece la Ley Nº 20.283, agregando que “CONAF deberá adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente pronunciamiento”.
La Conaf, acatando lo anterior, anuló el permiso y generó una demanda contra Tralcan por tala ilegal, a lo que se sumó una denuncia de Esteban Valenzuela –por irregularidades en manejo de cerros y aguas en O’Higgins– ante la Fiscalía Regional.
Como periodista, Esteban Valenzuela, en junio del 2020, ante denuncias de la comunidad de Las Cabras, fue a presenciar el deslave del cerro por las lluvias, y su auto quedó enterrado en el barro en un camino abierto. Un funcionario de la empresa Tralcan impide que un tractor de campesinos del lugar lo saque de allí, y en dicho contexto, Valenzuela por Twitter reclama que “las mafias del oro verde” depredan el bosque con “permisos truchos”.
Ante esto, Tralcan inicia una serie de querellas contra Valenzuela, entre ellas, una por injurias y calumnias. El Juzgado de Peumo lo absuelve de los cargos por calumnias (ante la evidencia de las graves faltas de la empresa), pero lo condena por injurias, con dos meses remitidos, más el pago de 10 UTM. Valenzuela intentó que se anulara esta sentencia, lo cual fue recientemente rechazado en primera instancia.
La SNA perdió en todas sus reclamaciones legales contra el contralor Bermúdez.
La Comisión investigadora de la Cámara de Diputados también constató las irregularidades de la empresa Tralcan (Ver documento).