Un sumario administrativo y proceso disciplinario está en marcha en contra del director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo ejercido desde hace pocas semanas por Julio Cordano, que reemplazó en dicho puesto al embajador Waldemar Coutts. Esto, después que la Contraloría General de la República determinara que las asesorías prestadas por abogados integrantes de una ONG no proceden, porque no cumplen con la legalidad y, además, presentan riesgo de conflicto de intereses.
Un potencial conflicto de intereses en la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, dejó al descubierto una denuncia –bajo reserva de identidad– ante la Contraloría General de la República (CGR). Esta señala que el director del servicio, cargo hoy ejercido por el ministro consejero Julio Cordano, que reemplazó en dicho puesto (sin ausencia de tensiones internas) al embajador Waldemar Coutts, ha estado siendo asesorado irregularmente, aunque ad honorem, por dos profesionales vinculados a una ONG ambientalista.
Se trata de los abogados Cristian Laborda Mora –exfuncionario de esa entidad de la Cancillería– y Pablo Henríquez Palacios. Ambos se desempeñan en una organización no gubernamental (ONG ambientalista), y sus vínculos con esa Secretaría de Estado no cuentan con registros ni formalización administrativa, lo que es irregular, y además configuraría una situación de potencial conflicto de intereses.
La denuncia anónima señala que Henríquez y Laborda acuden regularmente a las dependencias del servicio, contando incluso con tarjetas institucionales para su acceso.
En su informe, el director general de Asuntos Jurídicos de la citada Subsecretaría de RR.EE. expresó que la situación denunciada debía ser investigada, razón por la cual se ordenó instruir un sumario administrativo.
Se estima que no resulta procedente que presten servicios o asesorías a la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos, personas que se desempeñan en una ONG relacionada con la promoción de dichos asuntos, puesto que ello conlleva el riesgo potencial de privilegiar los intereses particulares de la entidad privada en que trabajan, como asimismo de que accedan a información privilegiada que puede ser utilizada en beneficio de esta última.
Una vez concluido el proceso disciplinario destinado a investigar los hechos descritos, la Contraloría ordena que el resultado sea remitido al Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría, para su toma de razón.
