Si bien el cargo de superintendente(a) del Medio Ambiente se elige por Alta Dirección Pública, Marie Claude Plumer sería la preferida de la ministra Maisa Rojas para asumir el puesto. Una predilección que desde los gremios no ven con buenos ojos, ya que, según su paso por anteriores dependencias, se le señala como una persona poco dialogante y más bien impositiva. Pero más allá de los rasgos de personalidad, las alertas suenan por irregularidades en su desempeño como jefa de la División de Sanción y Cumplimiento en la SMA, por las que mantiene un sumario abierto por conducta irregular.
En las próximas semanas debería ser nombrado(a) el(la) nuevo(a) superintendente(a) del Medio Ambiente (SMA). Entre los candidatos(as) destaca la actual jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer Bodin, quien —aunque el cargo debe ser definido por el Servicio de Alta Dirección Pública— sería la favorita de la ministra de la cartera, Maisa Rojas.
La postulante es abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derecho Ambiental por la U. París I-Panthéon- Sorbonne, además tiene una especialidad en Valoración Económica de los Recursos Naturales, de la U. de Alcalá de Henares. Ha pasado por la SMA anteriormente en los cargos de fiscal y jefa de la División de Sanción y Cumplimiento. Su presencia en el sector data de los tiempos de la Conama, además de contar con experiencia en la Conadi y en la Difrol.
Su currículum y trayectoria avalan su postulación y experticia, sin embargo, sus relaciones interpersonales hacen ruido entre excolaboradores y gremios de las divisiones donde ha trabajado. La describen como “poco dialogante y más bien impositiva de sus ideas y con poco trabajo con los sectores productivos y comunidades”. Pero eso puede ser un argumento subjetivo al momento de elegir una autoridad. Lo que pone la alerta en determinados círculos se refiere a su desempeño ético-profesional.
La Contraloría General de la República abrió, el 1 de junio de 2022, un sumario administrativo por conducta irregular donde Plumer es protagonista.
Todo partió el 15 de mayo de 2018, fecha en que la Contraloría elaboró un “Informe de Investigación Especial” donde, a partir de una presentación, investigó un proyecto inmobiliario por construcción de 214 casas al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre otros elementos. Este caso tendría origen en una denuncia formulada contra la inmobiliaria Batuco (19 de julio de 2013).
El 18 de mayo de 2018, se le ordenó a la SMA que iniciara un “procedimiento disciplinario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse del hecho”. La investigación especial fue “referida a eventuales irregularidades en el otorgamiento de recepción definitiva de obras y programa de cumplimiento (aprobado por la SMA) (…)”.
Lo que se le imputa, en particular a Marie Claude Plumer, es que “habría aceptado un programa de cumplimiento en el procedimiento sancionatorio rol D 23-2015, en el cual, pese a reconocer el fraccionamiento y solicitar el ingreso del proyecto al SEIA como principal medida, autoriza de todos modos a terminar las obras relativas a las 214 viviendas para obtener la recepción final de estas y ser vendidas, entre otras, sin contar con una RCA favorable”.
Finalmente, la SMA dirigida entonces por Cristóbal de la Maza estableció (16 de diciembre de 2021, casi tres años después y a tres días de la segunda vuelta electoral) que la acción disciplinaria contra Marie Claude Plumer estaba prescrita, sin establecer responsabilidad alguna.
Sin embargo, el Informe de Investigación Especial N° 648, de 2017, fue recepcionado por el Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas de la Contraloría General de la República el 17 de mayo de 2018, según consta en el oficio N° 12.299, de 2018. “Esto deja en evidencia que en esa fecha la acción disciplinaria no se encontraba prescrita y durante la cual Plumer Bodin, se desempeñaba como jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de esa Superintendencia».
Por ello, la Contraloría ordenó la apertura del sumario contra Marie Claude Plumer, así como establecer la responsabilidad disciplinaria de quienes dilataron esta investigación. En este sentido, señaló que “atendido lo expuesto, y considerando que los antecedentes analizados demuestran una excesiva demora en la instrucción y tramitación del sumario de que se trata, y que el artículo 135 de la ley N° 18.834, otorga amplias facultades al fiscal para realizar la investigación, de lo que se colige la libertad para dirigir las indagaciones y realizar las actuaciones que estime necesarias para su éxito, lo que implica que aquel puede extender sus averiguaciones a todas las irregularidades de las cuales tome conocimiento, aunque no se haya precisado en la resolución que instruyó el procedimiento, en armonía con lo expresado en los dictámenes Nº 55.001, 2013 y Nº 72.984, de 2016, de este origen, esa jefatura superior deberá ordenar la reapertura del procedimiento disciplinario con el objeto de indagar el retraso en su instrucción, con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios a quienes dichos retrasos fueran imputables, debiendo observar estrictamente los plazos de tramitación establecidos en la ley, a objeto de precaver dilaciones innecesarias que podrían eventualmente producir la extinción de la responsabilidad administrativa”.
Finalmente, el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, fue desvinculado de sus funciones con fecha 14 abril del 2022 por la actual administración del Ministerio del Medio Ambiente.
Y ojo con este dato. Porque se relaciona con otro “escollo” en el currículum no oficial de la candidata a la Superintendencia.
Se trata del proceso licitatorio (ID 608897-87-LQ22) para la “Implementación del módulo de evaluación de proyecto de compensación y diseño y desarrollo de un módulo de certificación de reducción de emisiones, ambos en el marco de la modificación de impuesto verde”, publicado el 12 de julio de 2022 y cuyo proceso cerró el 1 de agosto del mismo año. En ese proceso se presentaron cuatro empresas con las siguientes ofertas:
Adevcom Ltda. por $ 124.000.000; Deuman por $124.500.000; DSS S.A. por $124.500.000; Génesis tecnología por $ 88.301.740.
Finalmente, el contrato fue adjudicado a la empresa DSS S.A. con fecha 23 de agosto del 2022, por un monto de $124.500.000. Todo bien, solo que entre el equipo consultor de la empresa ganadora figura Cristóbal de la Maza, exsuperintendente del Medio Ambiente, quien tenía la responsabilidad legal de llevar adelante el sumario previamente señalado y que fue cerrado tres días antes de la segunda vuelta y que había sido destituido por esta misma administración en abril de 2022.
A estas “observaciones” se agrega una alerta por deficiente gestión de Informes de fiscalización. El Congreso Nacional, a través de los oficios N°5069 (12 de junio de 2018) y N°16318 ( 7 de noviembre de 2018), preguntó por los informes que había dejado prescribir la División de Sanción y Cumplimiento en la época en que la candidata Plumer estaba a cargo. La SMA tuvo que responder levantando el dato duro: se dejaron prescribir, sin posibilidad de gestionar, 5953 informes de fiscalización.
