El diputado por Atacama ha sido visto muy cómodo y sonriente participando en el comité político ampliado de La Moneda. A pesar de tener una causa criminal pendiente por cohecho, por querella criminal deducida por el CDE, asiste al cónclave en representación de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Parece que a nadie le extraña ni hace ruido que el querellante, el Estado de Chile, sea el mismo anfitrión, representado en este caso por el Presidente de la República, en el Salón de La Moneda donde se realiza esta reunión política de alto nivel. ¿Vista gorda o desprolijidad?
“Especial preocupación frente al alza sostenida de precios de productos de primera necesidad”, fue el tema que puso en tabla el diputado Jaime Mulet Martínez en el comité político ampliado del pasado lunes 6 de marzo, en La Moneda. El parlamentario acudió a la reunión de los partidos políticos de Gobierno, en representación de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).
¿Por qué es el parlamentario quien representa a este partido cuando su presidenta, Flavia Torrealba, no puede asistir?
El comité político ampliado es una instancia de coordinación política el más alto nivel, entre el Presidente de la República y los ministros “políticos” del Gobierno, y los representantes de los partidos integrantes de las coaliciones que lo apoyan. En esa instancia se toman decisiones políticas importantes.
El diputado Jaime Mulet está querellado por cohecho por el Consejo de Defensa del Estado (CDE, abogados del fisco de Chile), e investigado por la Fiscalía de Atacama. Los abogados del fisco de Chile pidieron su desafuero para poder formalizarlo por el delito de cohecho pasivo, pero la Corte de Copiapó lo negó por voto de mayoría (2 x 1), ante lo cual tanto la Fiscalía como el CDE apelaron ante la Corte Suprema, pero la causa no se ha visto, a la espera que el Tribunal Constitucional resuelva una petición de los abogados de Mulet, que busca impedir la apelación.
Así las cosas, más allá del lazo familiar entre Flavia Torrealba y Jaime Mulet, llama la atención que una persona que tiene una causa criminal pendiente —por su eventual participación en actos de corrupción en la comuna de Tierra Amarilla (2015), que involucra millones de dólares y que está siendo perseguido tanto por Fiscalía como por el CDE— sea parte de una instancia de coordinación y decisión política tan relevante.
La causa que está vigente ante la Fiscalía de Copiapó da cuenta de un contrato suscrito entre Minera Candelaria y la Municipalidad de Tierra Amarilla, en el que la empresa se comprometía a pagar al municipio US$ 7 millones a cambio de que el fallecido alcalde Osvaldo Delgado Quevedo se desistiera de un juicio ambiental en su contra, que había iniciado esa alcaldía. Según los antecedentes de la querella, el exalcalde, asesorado por los abogados Jaime Mulet, Ramón Briones y Hernán Bosselin, aceptó el trato el año 2015, recibiendo beneficios económicos indebidos tanto él como también los abogados asesores. En ese entonces, Mulet no era diputado. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra los posibles responsables en 2018.
La formalización del diputado Jaime Mulet se fue convirtiendo en una verdadera teleserie, donde las partes han intercambiado declaraciones a través de la prensa.
Inicialmente, el Ministerio Público solicitó al Tribunal fijar la audiencia de formalización por cohecho pasivo para abril de 2022, la que fue reagendada en dos oportunidades, por la no presentación de Jaime Mulet. Su defensa (Ciro Colombara y Aldo Díaz) alegó entonces que “su cliente asistiría a la audiencia sólo una vez que fuera desaforado”. Es por eso que la Fiscalía pidió el desafuero, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud (2 votos contra uno).
La sentencia señala en parte que “…basta una somera lectura de los hechos que se le imputan al diputado señor Mulet Martínez para poder advertir que no existe un desarrollo claro, concreto, específico y categórico respecto de la hipótesis de autoría que se le imputa, ya que solamente se observan expresiones absolutamente genéricas, vagas e imprecisas”. La Corte va, incluso, más allá y asegura que “aparecen una serie de situaciones en que el órgano persecutor hace una atribución de intenciones respecto del parlamentario señor Mulet Martínez, las cuales no se encuentran fácticamente justificadas, ni tampoco probatoriamente, conforme al mérito de los antecedentes que se hicieron valer en la solicitud de desafuero y al momento de la vista de la causa, tal como sucede en relación a la hipótesis de autoría del artículo 15 N° 2 del Código Penal”.
Por su parte los abogados defensores, Ciro Colombara y Aldo Díaz, agregan: “El fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó es contundente y demoledor para el Ministerio Público, ratificando lo que siempre hemos señalado, en orden a que el señor Jaime Mulet es absolutamente inocente de lo que se le imputó. Este es un nuevo caso erróneo del Ministerio Público. Una investigación de años mal llevada y que se acusa injustamente a un inocente”.
El CDE apeló dicha resolución ante la Corte Suprema. A lo que Mulet, a través de sus abogados, pidió al Tribunal Constitucional (TC) que declarase inconstitucional la norma que le permite apelar al CDE de la denegatoria de desafuero. Moción que fue admitida a tramitación por el TC a fines de enero pasado: “El examen de la acción constitucional interpuesta permite concluir que esta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 79 y 80 de la mencionada ley orgánica constitucional, para ser admitido a tramitación” y que “se acoge a tramitación el requerimiento deducido (…), y el TC accedió a la suspensión del procedimiento, “medida que se extiende hasta el examen de admisibilidad del presente requerimiento”, publicó el organismo.
Más allá de lo que el TC resuelva sobre la apelación del CDE, lo cierto es que el diputado Jaime Mulet está querellado por un delito grave de corrupción. Mientras esta causa no esté resuelta, el FRVS ¿no tendrá otro representante que enviar al comité político ampliado? ¿Y el Gobierno tendrá algo que decir?
