Los abogados Karinna Fernández y Alberto Precht presentaron, hace unas semanas, una solicitud ante el Consejo General del Ministerio Público, en la que piden la elaboración de un registro con las inhabilidades del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y de esa manera transparentar anteriores vínculos que podrían significar potenciales conflictos de intereses. Valencia, en su ejercicio como abogado, tuvo nexos con las municipalidades de Vitacura y Lo Barnechea, que están en investigación por corrupción; también, en una querella contra los Altos Mandos, donde asumió la defensa del exministro Mario Desbordes; y además, entre otras causas, fue defensor del otrora general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y del exjuez del Caso Caval, Luis Barría, formalizado por abusos sexuales.
El pasado 16 de marzo, los abogados Karinna Fernández y Alberto Precht presentaron una solicitud al Consejo General del Ministerio Público, que pedía realizar un registro público de las inhabilidades del Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez. Esto, porque el abogado, durante su ejercicio profesional –siempre estuvo fuera del Ministerio Público–, cuenta con vínculos que pueden presentar conflictos de intereses.
Los abogados solicitantes señalan que en su calidad de representantes de víctimas en diversos casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes estatales, y con larga experiencia en materias de integridad, anticorrupción y transparencia, presentan el requerimiento “para que, por su intermedio, sea remitido al Consejo General del Ministerio Público para que se incluya en la tabla de su próxima sesión ordinaria”.
La solicitud se basa en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 19.640, que establece las causales de inhabilitación de las y los fiscales. “En efecto, sabemos que la ley contempla un procedimiento para solicitar la inhabilitación de los fiscales para conocer y llevar adelante una determinada investigación. Sabemos, asimismo, que las investigaciones penales son dirigidas, en general, por fiscales adjuntos y, excepcionalmente, por fiscales regionales. Pero nadie puede negar la verdad irrefutable, que emana del propio texto constitucional, de que el Ministerio Público es una institución de carácter jerárquico (art. 83 CPR), a cuya cabeza se encuentra, precisamente, el Fiscal Nacional, quien tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todo el Ministerio Público, según el artículo 91 de la Constitución Política de la República. De esa forma –dado que, en los hechos, sí puede adoptar acciones que impacten en las investigaciones– y, cuidando precisamente los principios e instituciones referidos en los instrumentos internacionales antes citados, resulta fundamental, a nuestro juicio, disipar cualquier duda que pudiere existir respecto de la incorporación de intereses del jefe superior del Ministerio Público a las investigaciones penales, con todas las delicadas consecuencias que ello podría acarrear para nuestro sistema de justicia criminal e, incluso, para el propio Estado de Derecho”, expresa la solicitud.
Entre los casos de inhabilidad con que los abogados respaldan su solicitud están los vínculos de Valencia Vásquez con las causas vigentes de corrupción en las municipalidades de Vitacura y Lo Barnechea, que involucran a sus exalcaldes Raúl Torrealba y Luis Felipe Guevara, respectivamente, además de otros funcionarios. Valencia negó el nexo. Cuando fue consultado en el Senado por su relación con el exalcalde y exintendente de Santiago, señaló: “No recuerdo haber tenido una reunión con él”. Pero rápidamente aparecieron documentos que lo vinculan a la municipalidad y al entonces alcalde Guevara. Hay boletas por cerca de 60 pagos institucionales y un patrocinio de representación de Felipe Guevara.
Hasta poco antes de ser electo Fiscal Nacional era abogado defensor del exministro Mario Desbordes, en la querella contra los Altos Mandos por violaciones a los derechos humanos durante el estallido.
También ejerció como abogado defensor del exjuez del caso Caval, Luis Barría –hoy formalizado por abuso sexual–, y otro caso en donde asumió también la defensa de un violador de menores, todo esto en el ámbito privado.
Además, fue defensor en un caso de violaciones a los derechos humanos y que involucra a otro nombre conocido: el exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos. Entonces, Villalobos era un teniente de 25 años y formaba parte del escuadrón policial que estuvo a cargo del estudiante Patricio Manzano, asesinado durante los trabajos voluntarios de la Fech en 1985. Según ha dicho el exoficial, nunca tuvo contacto con los estudiantes. Villalobos fue detenido y procesado por el ministro en visita de causas de derechos humanos Mario Carroza en 2018, en calidad de cómplice de la muerte de Manzano. De hecho, alcanzó a estar tres días detenido, pero luego se le concedió la libertad bajo fianza, fijada en $500 mil. En el año 2019, esta decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
“No estamos pidiendo que se declare la inhabilidad del Fiscal Nacional para asumir directamente una investigación, sólo requerimos que, sobre la base de una mínima exigencia de rendición de cuentas para la ciudadanía, ésta pueda conocer todas aquellas causas en las que el Fiscal Nacional pueda tener algún tipo de interés. De otro modo sería tan sencillo burlar la norma como que, simplemente, el Fiscal Nacional nunca asumiera una investigación directamente, pero sí pudiera, en función de su cargo, acceder completamente a ella y tener injerencia en su curso, alterando completamente el espíritu de la ley y la autonomía propia de los fiscales regionales en ejercicio de sus funciones constitucionales constituyendo, en definitiva, una burla para la ciudadanía”, agrega el texto.
Se trata de una petición inédita en la historia jurídica chilena. “La idea es que el Consejo General establezca el mecanismo más adecuado, incluso quizá se podría implementar al interior de las fiscalías regionales. Nuestra solicitud es absolutamente objetiva y lo que tiende es a una transparencia en la persecución penal y a una adecuación del órgano persecutor a las normas internacionales que rigen la materia”, señalan Fernández y Precht.
Si bien no existe un plazo para la respuesta, los abogados –transcurridos 15 días desde el ingreso de la solicitud– acaban de pedir un pronunciamiento al respecto. La jefa de gabinete del fiscal, Alejandra Seguel, respondió que lo estaba viendo Asesoría Jurídica.
“Dejar esa decisión sometida a lo que diga Asesoría Jurídica del Fiscal Nacional, por orden de él mismo, evidentemente contradice la naturaleza de la carta. El objeto de remitirla al Consejo de Fiscales era que la pusiera en tabla para que dispusiera el camino a seguir frente a una materia, que si bien está regulada en términos de principios internacionales y de transparencia, no tiene una regulación interna específica al interior del Ministerio Público, por lo tanto, lo que hicimos fue remitir al Fiscal Nacional con el único objeto de que la presentara al Consejo, no que él tomara decisiones respecto del destino de la carta y su tramitación, que fue lo que hizo”, agregan los abogados, quienes no descartan seguir con acciones ante organismos internacionales.
